El Gobierno vasco rechaza 'medidas de dispersión' para los condenados por violencia callejera

El Gobierno vasco exige que los menores de edad condenados por delitos de violencia callejera cumplan sus condenas en los centros de internamiento del País Vasco y rechaza otras 'medidas de dispersión' que, estima, atentarían no sólo contra la inserción de estos menores sino también contra los derechos humanos de sus familiares.

Así lo manifestó ayer Sabin Intxaurraga, viceconsejero de Justicia del Ejecutivo autónomo vasco, quien expresó la postura de su Departamento contraria a que esos juicios se celebren en la Audiencia Nacional, un tribunal que considera heredero del 'triste Tribunal de Orden Público' (TOP) que existía en la dictadura franquista.

Intxaurraga insistió en que el Gobierno que preside Ibarretxe es 'sumamente crítico' con las reformas del Partido Popular 'introducidas a última hora' en la Ley del Menor, que entrará en vigor mañana, y de manera explícita se refirió a la ampliación de los años de internamiento en régimen cerrado, a que sustraiga a los jueces del País Vasco la competencia de juzgar a los menores, a favor de un nuevo juzgado creado en la Audiencia Nacional, y en el recorte de la capacidad de las comunidades autónomas en la ejecución de las medidas dictadas por los jueces en los casos de menores.

'Ésta es una competencia exclusivamente nuestra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.4 del Estatuto de autonomía', aseguró Intxaurraga, quien argumentó que los tribunales de excepción no tienen cabida en un ordenamiento jurídico público plenamente democrático ya que, en cuanto que la justicia emana del pueblo, el ciudadano tiene derecho al juez natural'.

Centros de internamiento

El responsable vasco de Justicia recordó que Euskadi dispone en Vizcaya de un centro de internamiento de menores con capacidad para ocho jóvenes y de dos en Álava, para 19, y anunció la próxima apertura de otro en Zumarraga (Guipúzcoa) para 40 plazas.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, dijo ayer que la persecución de los menores implicados en la violencia callejera no depende tanto de la reforma introducida en la Ley del Menor como de la reforma introducida en el Código Penal, que describe los tipos penales de delito de terrorismo y que permite que se califique la violencia callejera como colaboración con banda armada, aunque no exista riesgo para las personas. Desde este punto de vista cree que la nueva norma sí será efectiva para combatir este tipo de delincuencia.