Muerte por asbestosis

Los españoles somos muy sensibles a las tragedias colectivas. Ante ellas, aflora lo mejor de nosotros y nos llenamos de compasión y generosidad. Sucesos que individualmente apenas merecerían nuestra atención, se engrandecen y nos turban al multiplicarse. Algunos psicólogos sociales han dicho que estos son fenómenos de catarsis colectiva con los que conjuramos nuestros demonios y nuestras frustraciones. Probablemente tengan razón estos estudiosos.

Reparemos en la tragedia de Lorca. Una mañana, se produce el accidente, mueren doce trabajadores ecuatorianos y, de inmediato, se despierta en nosotros una aguda conciencia sobre la emigración. Percibimos el drama de unas personas alejadas de su país y empujadas a trabajar en condiciones indignas. Los medios de comunicación publican las imágenes impresionantes de unas vidas rotas y conmueven con ellas nuestra sensibilidad. Los políticos hacen declaraciones; se piden responsabilidades; se detiene al empresario que iba a contratar a aquellas personas; el Gobierno decide mostrarse generoso... Ha sucedido una tragedia con doce muertos y el país descubre la desdicha de la emigración y la ilegalidad.

No ha encontrado el mismo eco la muerte de los trabajadores de Fibrocementos de Levante, una fábrica de San Vicente del Raspeig. Su desgracia -digámoslo así- ha sido morirse espaciadamente. Cinco de ellos fallecieron durante el pasado año. Otro, el tres de enero. Cuarenta más aguardan expectantes el desarrollo de su enfermedad. La mayoría morirán de cáncer: cáncer de pulmón, de pleura, de bronquios, de peritoneo. Profesionalmente, su afección se conoce como asbestosis y se origina al trabajar, sin protección adecuada, durante largo tiempo, con amianto, un silicato cancerígeno.

Desde hace años, estos trabajadores pretenden que se reconozca la responsabilidad de la empresa en su enfermedad. No ha sido posible. Todas sus demandas han fracasado. Sus peticiones no han tenido ningún éxito. Magistratura de Trabajo falló en su contra. En el año 98, interpusieron estos hombres una denuncia en los juzgados, buscando la responsabilidad civil. Desgraciadamente, en estos casos de enfermedades profesionales, los caminos de la Justicia son aún más confusos, más lentos, más complicados. Muy poco es lo que se ha avanzado en este tiempo. Prácticamente, nada. Días pasados, los periódicos publicaban que el juzgado responsable del caso aún no ha practicado la mayoría de las pruebas precisas para su esclarecimiento. En marzo se cumplirá un año desde que el fiscal las solicitara. Ha vuelto a insistir el fiscal en estos días. Ha recordado que el retraso origina un grave perjuicio a los denunciantes.

Presumimos de vivir en una sociedad moderna y de contar con unas leyes laborales avanzadas. No siempre es cierta esa presunción. Basta que aparezca una enfermedad -asbestosis, síndrome Ardystil, parálisis del calzado- para que los trabajadores afectados conozcan la desazón del abandono y lo inacabable de unas demandas que difícilmente se verán atendidas. Salvo, claro está, que los muertos la conviertan en una tragedia colectiva.