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La nueva Ley del Menor permite la excarcelación de 30 presos preventivos

El titular de Asuntos Sociales calcula que su departamento tendrá que invertir 14.000 millones de pesetas para habilitar la red que contempla la ley en su primer año de funcionamiento. De esta partida se destinarían alrededor de 5.000 millones para la construcción de centros. En Andalucía, según los cálculos de la Junta, se necesitan 29 (tres cerrados, cinco semicerrados, dos abiertos, cuatro terapéuticos, 11 de día, cuatro especiales de protección y 18 equipos de medio abierto). Al gasto de Asuntos Sociales se sumarían otros 2.000 millones de pesetas que tendrá que invertir la Consejería de Justicia y Administración Pública para reforzar los medios en los juzgados, según datos ofrecidos ayer por la titular del departamento, Carmen Hermosín.

Tanto Isaías Pérez Saldaña como el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, insistieron en que la aplicación de la ley será posible. 'No habrá problemas de vulneración de derechos fundamentales bajo ningún concepto, aunque tengamos que hacer a veces milagros', dijo Flores.

El consejero de Asuntos Sociales, por su parte, aseguró que, pese a las dificultades de la propia norma -contempla múltiples medidas- y a la falta de recursos del Gobierno, la entrada en vigor se realizará con 'absoluta normalidad' en Andalucía. A partir del sábado, una veintena de menores que cumplen prisión preventiva abandonarán la cárcel para ingresar en los centros de internamiento de La Jara, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), y Azahara, en Córdoba. Los 30 restantes que también cumplen medidas cautelares de privación de libertad serán excarcelados al superar la estancia máxima de seis meses, que prevé la ley.

La Consejería de Asuntos Sociales prevé que, en dos meses, la red se habrá ampliado con la apertura de tres nuevos centros, con capacidad para 50 plazas, que se distribuirán entre Las Lagunillas, en Jaén (20 plazas), Granada (10 plazas) y Carmona (20), en Sevilla. El centro granadino será de internamiento de mujeres. A estas instalaciones irán los menores que cumplen condenas de prisión. Esta situación afecta a 250, que tenían entre 16 y 18 años en el momento de cometer el delito. Los jueces disponen de dos meses de plazo para revisar sus casos y decidir quiénes se excarcelan y quiénes no. La ley prevé que salgan en libertad aquellos que tengan pendiente de cumplir menos de dos años de prisión. Los demás ingresarían en centros cerrados.

Las deficiencias mayores, en cuanto a infraestructuras, se aprecian a la hora de aplicar medidas terapéuticas o de libertad vigilada, según Alfredo Flores. El consejero de Asuntos Sociales pidió 'paciencia' a la sociedad y recursos para que todas estas medidas puedan aplicarse.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de enero de 2001

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