El fiscal mantiene la acusación por estafa en el 'caso Azpiegitura' contra el arquitecto López, pese a que la retiró en el otro juicio
La primera sesión de la repeticion del juicio por el caso Azpiegitura -una estafa de 571 millones de pesetas a la Diputación de Vizcaya en la cimentación de un edificio público- se convirtió en un alegato de buena parte de los procesados contra la acusación particular, en representación de la Diputación vizcaína, impulsora de la denuncia en 1993, por retirar hace escasos días su acusación contra cinco imputados sin mediar explicación algunas. El Tribunal Supremo ordenó repetir la vista en 1998 por defectos de forma, pero la Diputación no ha remitido su nueva calificación provisional hasta el pasado miércoles, que reduce el número de acusados y las penas pedidas por los delitos de estafa de manera drástica.
Alguno de ellos como el profesor de la Universidad de Cantabria, Jesús Saiz de Omeñaca, acusado por el abogado de la diputación de estafa y falsificación de documento por dar 'verosimilitud' con sus informes a la estafa, fueron encarcelados varios meses en la fase de instrucción y su universidad le suspendió de empleo y sueldo durante tres años, según recordó ayer su abogada.
La letrada de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, Roberto Idiondo, también denunció los 'daños familiares y profesionales' ocasionados a su defendido. Otro de los representantes legales que censuraron con dureza la actuación de la Diputación de Vizcaya fue Félix Rojo, el letrado de su colega de profesión, Javier Martínez, o del que fuera diputado foral de Urbanismo, el socialista Juan Llorens, que dimitió de su cargo al ser encausado en abril de 1994 para 'defenderse mejor' y para evitar que este caso erosionará a su partido, el PSE, entonces afectado también por el escándalo de 'enchufismo' en Osakidetza. Rojo aprovechó la ocasión para censurar el 'juicio paralelo al que fueron sometidos en los medios de comunicación' los encausados.
La quinta y última imputada que quedó ayer sin culpa fue la arquitecto Isabel Diego, colaboradora del acusado Alberto López. Todos ellos abandonaron la sala tras la orden de la presidenta, María Jesús Erroba. La renuncia de HB a mantener la acusación popular por motivos económicos dejó libres al ex gobernador civil de Vizcaya y ex consejero de la sociedad foral Azpiegitura, Dani Arranz (PSE), y al también ex consejero, José Luis García de Juan. Todos los letrados de los implicados que ya no son acusados calificaron la actitud de la Diputación vizcaína de 'temeridad' y de 'mala fe procesal' y exigieron del tribunal un pronunciamiento favorable por los daños ocasionados y que las costas recaigan sobre la Diputación.
La expectación que levantó en octubre de 1996 el caso Azpiegitura, la presunta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputación vizcaína, tanto a nivel político como entre los medios de comunicación, no tuvo su reflejo ayer en la primera jornada de la revisión de la vista. La presión vivida entonces, tanto política como mediática, se desinfló como un suflé. Los representantes políticos de la Diputación foral no acudieron y el letrado de Azpiegitura, Enrique Olaran, a diferencia de la actuación beligerante durante la instrucción del anterior abogado acusador, Fernando Lamikiz , estuvo ayer en todo momento a la defensiva. Olaran argumentó que la causa para retirar las acusaciones era el cambio del Código Penal. 'No tenemos la culpa de que se haya modificado el Código', adujo el abogado de Azpiegitura.
El representante del Ministerio Fiscal mantuvo las acusaciones por estafa contra el constructor vinculado al PNV, Iñaki Ereño, y contra el arquitecto y ex militante socialista, Alberto López. Se da la circunstancia de que durante el primer juicio, anulado por el Tribunal Supremo en 1998, la fiscalía retiró todos los cargos para los 12 encausados, salvo en el caso de Ereño, para quien pidió cuatro años y ocho meses de prisión y el pago de 381 millones a la Diputación por los delitos de estafa y falsificación documental. En aquella ocasión, se argumentó que Alberto López 'no actuó en connivencia con Iñaki Ereño' para la presunta estafa.
Ahora, el fiscal ha recuperado las peticiones realizadas antes del primer juicio en relación con el delito de estafa y solicita para Ereño seis años de prisión y otros tantos para López, mientras que retira los cargos para los otros cinco implicados a los que acusaba.
El tribunal dedicó la última parte de la sesión de ayer a resolver las cuestiones previas expresadas por las partes. Admitió la mayor parte de las pruebas documentales y periciales, pero rechazó la principal solicitud de los letrados de los otros dos acusados, los aparejadores Federico Lorenzo y Tomás Almenara, de que decayera la acusación por estafa dirigida contra ellos al no considerarla 'sorpresiva' como argumentaban las defensas. El juicio sigue hoy.
