Obras Públicas da otro año de plazo al promotor del parque invernal Xanadú

Un año de prórroga para una de las operaciones urbanísticas más controvertidas de los últimos años: la construcción de tres pistas de esquí y de un complejo de ocio en Arroyomolinos, municipio adyacente a Móstoles. La Consejería de Obras Públicas ha ampliado por un año (hasta diciembre de 2001) el convenio que les une con los promotores del parque invernal Xanadú, que tenían previsto inaugurar el año pasado, pero que no han podido construir porque no han encontrado aún los 40.000 millones de pesetas necesarios.

La prórroga es una ampliación de la opción de compra que poseía Xanadú sobre las 95 hectáreas donde se quiere levantar el parque y que caducó en diciembre. Si la consejería no hubiera ampliado el plazo, el proyecto habría hecho aguas, ya que Xanadú no dispondría ni de suelo. Los terrenos son propiedad de la consejería.

Luis Eduardo Cortés, consejero de Obras Públicas, reconoce que ha tomado esta decisión tras comprobar que Mills (grupo inversor norteamericano) ha vuelto a interesarse por Xanadú. Mills había anunciado en noviembre pasado que, ante la falta de permisos -el plan general de Arroyomolinos aún no está aprobado-, se retiraba.

Nieve a 40 grados

La construcción del parque es un proyecto del empresario Jaafar Jalabi, que posee la tecnología precisa para fabricar nieve con 40 grados en el exterior. Pero Jalabi no dispone de 40.000 millones. Por eso busca inversores. Un portavoz de Xanadú manifestó ayer que 'es cierto que Mills ha vuelto, pero sigue poniendo como condición que se desbloquee el plan general'.

El parque de Xanadú fue presentado por el consejero de Obras Públicas en 1999. Aseguró entonces que sería una realidad en 2000. Xanadú incluye, además de las pistas de esquí, un complejo comercial, hoteles, boleras, gimnasios y cines.

La operación urbanística para poner sus cimientos ha sido bastante compleja. Jalabi poseía en Arroyomolinos una gran finca rústica. Los terrenos no tenían ningún aprovechamiento, por lo que propuso a la Comunidad levantar el parque. Cortés lo vio con buenos ojos, porque se crearían 2.000 puestos de trabajo. Pero puso una condición: el terreno tendría que pasar a manos de la Comunidad, puesto que si el Gobierno lo recalificaba, los promotores podían tener 'la tentación' de revenderlo a terceros y olvidarse del proyecto.

Los promotores aceptaron, pero exigieron, a su vez, que una vez que el parque fuera una realidad, Cortés les revendiese el terreno por el mismo precio al que ellos se lo habían cedido (475 millones). El primer plazo acabó en 1999. Se estableció una nueva prórroga (diciembre de 2000). Ahora, con el proyecto a la espera de los inversores americanos, tienen una tercera oportunidad.