La Ley de Enjuiciamiento Civil entra hoy en vigor sin medios ni dinero para su aplicación

La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con novedades como la inmediación -presencia activa del juez- y la oralidad -proceso predominantemente verbal- ha suscitado entre los jueces que tendrán que aplicarla reacciones que resaltan el riesgo de colapso en los juzgados civiles. Los acuerdos tomados en las últimas semanas por diversas juntas de jueces y otros colectivos relacionan los problemas de aplicación de la nueva ley con la falta de jueces, de medios materiales y de incrementos retributivos.

El polémico proyecto de ley presentado en la anterior legislatura por la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, se convirtió en ley el 7 de enero de 2000, notablemente mejorada durante su tramitación parlamentaria. Pero durante el año transcurrido no se ha provisto a la Administración de Justicia de los medios requeridos por los principios de inmediación y oralidad, esenciales en la ley.

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, declaró el pasado diciembre a este periódico que tanto las comunidades autónomas con competencias transferidas como el Ministerio de Justicia 'han tomado todas las medidas personales y materiales para la entrada en vigor de la ley, a pesar de lo cual habrá problemas de adaptación en el primer año', admitió.

El País Vasco y Cataluña, por ese orden, se encuentran a la cabeza en dotación de medios.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial Manuela Carmena -que junto con Damián Álvarez y Francesc Caminal forma la comisión de seguimiento de dicha ley- reconoce el esfuerzo gubernamental realizado, sobre todo 'teniendo en cuenta', dice, 'que se trataba de una ley sin memoria económica'. No obstante, Carmena calcula 'un coste, a la baja, de 10.000 millones de pesetas, sin incluir la creación del 35% de nuevos juzgados que creemos necesarios'.

Carmena estima que, a pesar de lo realizado, queda mucho por hacer. Recuerda que en una reunión con Acebes el pasado 14 de diciembre, los representantes autonómicos le reprocharon que Justicia pactó a nivel nacional con los sindicatos unas retribuciones para los funcionarios por la entrada en vigor de la nueva ley que deberán pagar las autonomías sin haber participado.

Desbordamiento anunciado

Por su parte, todas las asociaciones de jueces y fiscales, con excepción de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han anunciado estos días que la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil provocará un 'colapso' en los juzgados de lo civil por la 'falta de medios materiales y personales' para ponerla en marcha.

El portavoz de la APM, mayoritaria y conservadora, José Luis Requero, dijo a Europa Press que la ley puede dar lugar a 'posibles disfunciones al principio, como todas las leyes renovadoras', por lo que pidió a todos los sectores afectados un esfuerzo de estudio del nuevo articulado 'para que las primeras dificultades se salven cuanto antes'.

José María Fernández Seijo y Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrados de Jueces para la Democracia, aseguran que el Ministerio de Justicia sólo ha dedicado 600 millones de pesetas a la nueva ley en los Presupuestos del Estado para 2000, y 'ni una sola peseta en los de 2001'.

Fernández Seijo, portavoz de Jueces para la Democracia, señaló que la ley contiene 'aspectos muy positivos' pero la dotación de medios materiales y personales se ha improvisado deficientemente, lo que llevará a un 'bloqueo' de los juzgados. En este sentido, explicó que las obras precisas para la adaptación de algunos juzgados acaban de comenzar y que los soportes informáticos son 'incompletos, no han sido revisados' y además son 'tremebundos'.

El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, coincidió en la previsión de un 'colapso, de forma inmediata'. Como ejemplo, expuso que la ley permite la resolución de 300 asuntos anuales por órgano judicial, cuando en algunos juzgados de Madrid entran 1.000 al año.

También mostró su 'preocupación' el portavoz de la Unión Judicial Independiente, Arturo Beltrán, quien, en declaraciones a Europa Press, criticó la falta de recursos humanos para poner en marcha la LEC.

Por su parte, el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, José Antonio Martín Caro, indicó que la previsión del Gobierno con la nueva ley ha sido 'nula' en cuestión de dotaciones materiales. Añadió que como las actuaciones de los fiscales tendrán que ser realizadas en persona y no servirán las intervenciones por escrito, se producirá una sobrecarga y los fiscales no podrán acudir de hecho a todas las comparecencias.

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, afirmó que aunque los procedimientos establecidos en la nueva ley pueden ser adecuados, 'no lo son los medios dispuestos hasta ahora'.

Peticiones de traslado

A la vez que numerosos jueces civiles están pidiendo su traslado a otras jurisdicciones, las fiscalías han puesto de manifiesto las dificultades de la plantilla actual para hacer efectiva la presencia del fiscal que la nueva ley impone. Así, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, pidió el pasado 28 de diciembre al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, un aumento de más de 100 fiscales, además de las instalaciones y medios precisos.

Por su parte, la Junta Autonómica de Magistrados y Jueces de Asturias, reunida el pasado 21 de diciembre, mostró su preocupación por la 'absoluta insuficiencia de juzgados' y la 'deficiencia manifiesta de medios físicos existentes', incluída la de los medios técnicos (programas informáticos, faxes, soportes audiovisuales e instrumentos de grabación) y por la ausencia de las listas de peritos contempladas en la ley.

El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Luis Miguel Romero Villafranca, declaró que la ley 'está hecha de espaldas a la realidad y es de difícil aplicación', principalmente por la falta de dotaciones y presupuesto.Dada la obligatoriedad de la presencia del juez en todo el procedimiento, la ley 'está hecha para una nación de 11.000 jueces, cuando en España hay unos 3.000, por lo que no sólo no va a solucionar el problema de lentitud de la Justicia sino que corre el grave riesgo de agudizarse'.La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con novedades como la inmediación -presencia activa del juez- y la oralidad -proceso predominantemente verbal- ha suscitado entre los jueces que tendrán que aplicarla reacciones que resaltan el riesgo de colapso en los juzgados civiles. Los acuerdos tomados en las últimas semanas por diversas juntas de jueces y otros colectivos relacionan los problemas de aplicación de la nueva ley con la falta de jueces, de medios materiales y de incrementos retributivos.

El polémico proyecto de ley presentado en la anterior legislatura por la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, se convirtió en ley el 7 de enero de 2000, notablemente mejorada durante su tramitación parlamentaria. Pero durante el año transcurrido no se ha provisto a la Administración de Justicia de los medios requeridos por los principios de inmediación y oralidad, esenciales en la ley.

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, declaró el pasado diciembre a este periódico que tanto las comunidades autónomas con competencias transferidas como el Ministerio de Justicia 'han tomado todas las medidas personales y materiales para la entrada en vigor de la ley, a pesar de lo cual habrá problemas de adaptación en el primer año', admitió.

El País Vasco y Cataluña, por ese orden, se encuentran a la cabeza en dotación de medios.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial Manuela Carmena -que junto con Damián Álvarez y Francesc Caminal forma la comisión de seguimiento de dicha ley- reconoce el esfuerzo gubernamental realizado, sobre todo 'teniendo en cuenta', dice, 'que se trataba de una ley sin memoria económica'. No obstante, Carmena calcula 'un coste, a la baja, de 10.000 millones de pesetas, sin incluir la creación del 35% de nuevos juzgados que creemos necesarios'.

Carmena estima que, a pesar de lo realizado, queda mucho por hacer. Recuerda que en una reunión con Acebes el pasado 14 de diciembre, los representantes autonómicos le reprocharon que Justicia pactó a nivel nacional con los sindicatos unas retribuciones para los funcionarios por la entrada en vigor de la nueva ley que deberán pagar las autonomías sin haber participado.

Desbordamiento anunciado

Por su parte, todas las asociaciones de jueces y fiscales, con excepción de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han anunciado estos días que la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil provocará un 'colapso' en los juzgados de lo civil por la 'falta de medios materiales y personales' para ponerla en marcha.

El portavoz de la APM, mayoritaria y conservadora, José Luis Requero, dijo a Europa Press que la ley puede dar lugar a 'posibles disfunciones al principio, como todas las leyes renovadoras', por lo que pidió a todos los sectores afectados un esfuerzo de estudio del nuevo articulado 'para que las primeras dificultades se salven cuanto antes'.

José María Fernández Seijo y Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrados de Jueces para la Democracia, aseguran que el Ministerio de Justicia sólo ha dedicado 600 millones de pesetas a la nueva ley en los Presupuestos del Estado para 2000, y 'ni una sola peseta en los de 2001'.

Fernández Seijo, portavoz de Jueces para la Democracia, señaló que la ley contiene 'aspectos muy positivos' pero la dotación de medios materiales y personales se ha improvisado deficientemente, lo que llevará a un 'bloqueo' de los juzgados. En este sentido, explicó que las obras precisas para la adaptación de algunos juzgados acaban de comenzar y que los soportes informáticos son 'incompletos, no han sido revisados' y además son 'tremebundos'.

El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, coincidió en la previsión de un 'colapso, de forma inmediata'. Como ejemplo, expuso que la ley permite la resolución de 300 asuntos anuales por órgano judicial, cuando en algunos juzgados de Madrid entran 1.000 al año.

También mostró su 'preocupación' el portavoz de la Unión Judicial Independiente, Arturo Beltrán, quien, en declaraciones a Europa Press, criticó la falta de recursos humanos para poner en marcha la LEC.

Por su parte, el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, José Antonio Martín Caro, indicó que la previsión del Gobierno con la nueva ley ha sido 'nula' en cuestión de dotaciones materiales. Añadió que como las actuaciones de los fiscales tendrán que ser realizadas en persona y no servirán las intervenciones por escrito, se producirá una sobrecarga y los fiscales no podrán acudir de hecho a todas las comparecencias.

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, afirmó que aunque los procedimientos establecidos en la nueva ley pueden ser adecuados, 'no lo son los medios dispuestos hasta ahora'.

Peticiones de traslado

A la vez que numerosos jueces civiles están pidiendo su traslado a otras jurisdicciones, las fiscalías han puesto de manifiesto las dificultades de la plantilla actual para hacer efectiva la presencia del fiscal que la nueva ley impone. Así, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, pidió el pasado 28 de diciembre al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, un aumento de más de 100 fiscales, además de las instalaciones y medios precisos.

Por su parte, la Junta Autonómica de Magistrados y Jueces de Asturias, reunida el pasado 21 de diciembre, mostró su preocupación por la 'absoluta insuficiencia de juzgados' y la 'deficiencia manifiesta de medios físicos existentes', incluída la de los medios técnicos (programas informáticos, faxes, soportes audiovisuales e instrumentos de grabación) y por la ausencia de las listas de peritos contempladas en la ley.

El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Luis Miguel Romero Villafranca, declaró que la ley 'está hecha de espaldas a la realidad y es de difícil aplicación', principalmente por la falta de dotaciones y presupuesto.Dada la obligatoriedad de la presencia del juez en todo el procedimiento, la ley 'está hecha para una nación de 11.000 jueces, cuando en España hay unos 3.000, por lo que no sólo no va a solucionar el problema de lentitud de la Justicia sino que corre el grave riesgo de agudizarse'.