Un informe denuncia la 'segregación' de los 33.000 extranjeros que viven junto a invernaderos

El informe, que eleva a 42.000 el número de inmigrantes afincados en la provincia andaluza, denuncia que sus condiciones de vida se encuentran 'altamente degradadas'. El estudio hace hincapié en los problemas de acceso a la vivienda que encuentran los inmigrantes en la mayoría de los municipios de las comarcas de Poniente y Levante, donde se concentran las explotaciones agrícolas intensivas.

En su informe, la socióloga Ángeles Castaño calcula que unos 33.000 de estas personas se ven forzados a vivir dispersos, entre invernaderos de plástico en condiciones insalubres o en infraviviendas. Sólo unos 8.400 disponen de alojamientos dentro de los núcleos urbanos. Las dificultades para acceder a una vivienda digna no son homogéneas para todo el colectivo extranjero: marroquíes y argelinos encuentran mayores reticencias para lograr un alquiler urbano que los inmigrantes procedentes de países del área subsahariana, según Castaño.

'Marginación residencial'

La socióloga denuncia que 'la marginación residencial se extiende a otros ámbitos de la vida social'. Las relaciones interétnicas se limitan al ámbito laboral, mientras que son casi inexistentes en espacios de ocio, cultura o mera vecindad. A esta dificultad contribuye, según el texto, el alejamiento espacial de los inmigrantes que residen dispersos y carecen de medios o de transporte público para poder desplazarse con facilidad hasta los núcleos urbanos cercanos a las explotaciones.

Las relaciones laborales, además, generan situaciones 'conflictivas', que en el informe se achacan a los fraudes en la contratación de inmigrantes y la sobreexplotación de la mano de obra.

La socióloga sostiene que el crecimiento de la inmigración irregular es considerable, a pesar del aumento de la población regularizada en la provincia. Ejemplo de este incremento es la cifra de los 3.667 permisos de trabajo concedidos en 1995 a marroquíes (la nacionalidad más numerosa), frente a los 14.791 registrados en 2000.

Sin embargo, la expansión de las explotaciones agrícolas -que crecen a un ritmo de entre 1.000 y 1.500 hectáreas al año, según el estudio- acarrea un aumento en la demanda de mano de obra, por encima de los contingentes establecidos por el Gobierno.

La socióloga señala que la importancia del boca a boca entre inmigrantes sobre la cantidad de trabajo y las crecientes necesidades de braceros convierte las poblaciones almerienses en 'primera plataforma de aterrizaje en las estrategias de inmigración'.

El segundo factor que cita, como favorecedor del asentamiento de extranjeros indocumentados, se refiere a las condiciones laborales del convenio del campo (4.944 pesetas la jornada), que se describe como el más bajo de España. 'Esto da lugar a que no sea fácil encontrar mano de obra dispuesta a trabajar en estas condiciones, por lo que el trabajo de peón agrícola se ha ido convirtiendo en el nicho laboral de competencia para los estratos sociales más desfavorecidos', concluye.

El informe puntualiza, sin embargo, que las características de la agricultura intensiva (con una media de tres cosechas por campaña y necesidades de mano de obra variables) dificultan precisar el volumen de temporeros. Responsabiliza, no obstante, a la Administración y a los empresarios agrícolas de haber seguido una estrategia para garantizar 'una mano de obra excedentaria' que estuviera disponible en los momentos de mayor necesidad. 'La práctica ha sido ir regularizando por contingentación a un porcentaje de indocumentados mientras quedaban en reserva otros', añade el estudio.

En el cupo de 1998, por ejemplo, los empresarios almerienses solicitaron 7.083 trabajadores extranjeros, mientras que el Gobierno central tan sólo concedió 2.258.