Pulso entre autonomías y Gobierno por la financiación

Los sindicatos con implantación en el Instituto del Menor y la Familia han acusado de 'precipitación' a los responsables de este organismo por vaciar, en dos días, la residencia San Vicente, de menores desamparados, para convertirla en un reformatorio, trasladando a los 18 internos a otro centro cercano, aún sin habilitar.

Fuentes del Gobierno regional replican que esa premura se debe a que en el BOE del 23 de diciembre pasado, en una modificación a la Ley Penal del Menor, se establece que el próximo día 13 'serán excarcelados y conducidos a un centro de reforma todos los menores de 18 años que se hallen en prisión preventiva'. La Comunidad estimaba que dicha excarcelación no se produciría hasta mayo o junio y, al ver el poco tiempo que quedaba, se ha visto obligada a acelerar las obras.

El Defensor del Menor, Javier Urra, discrepa con esta justificación: 'La Ley Penal del Menor entró en vigor hace un año, pero se decidió dejarla en suspenso hasta el 13 de enero de 2001 para dar tiempo a habilitar centros y equipos. Pero hasta el último momento, tanto el Defensor del Pueblo como las comunidades autónomas han estado pidiendo más aplazamientos porque ven que carecen de medios', asegura.

Urra considera que en el fondo de todo este conflicto hay un pulso entre las autonomías y el Gobierno central para ver quién paga los centros de reforma que hay que crear. Las comunidades reclaman una cofinanciación, a la que se niega el Gobierno de José María Aznar. Tanto el Defensor del Menor como otras fuentes sospechan que la pasividad de las comunidades estaría encaminada a presionar al Ejecutivo central para forzarle a aportar dinero.

'La bronca viene desde las transferencias sobre protección de menores de los años ochenta. Entonces, las comunidades también asumieron ese cometido sin lograr ayuda económica estatal', añade.

Urra considera que Madrid no es de las comunidades en peor situación: 'Entre las 47 plazas que hay en los tres centros de reforma existentes y el nuevo de San Vicente esperamos que se cubran las necesidades de infraestructuras. El Gobierno regional se ha comprometido a invertir 8.000 millones para abrir dos nuevos centros de 100 plazas cada uno, aunque a mí me parecen mejor los recintos más pequeños'.

Los 18 niños desalojados del centro de San Vicente intentan adaptarse a su nuevo hogar, un edificio de Educación sito a 150 metros. Su primera noche fue mala porque la calefacción no funcionaba. Ayer disponían de estufas eléctricas, pero la dirección decidió trasladar a cuatro chiquillos menores de 7 años a la cercana Casa de los Niños, donde consideraron que estarán mejor.

Los educadores han denunciado ante Urra que este centro, aunque está en perfecto estado, no se adecua a la forma actual de trabajo con menores protegidos. Es un edificio con habitaciones situadas en largos pasillos y un comedor colectivo que no permite, salvo que se hagan reformas, el trabajo en pequeños grupos de chicos. A partir de mañana, en este centro vivirán 40 menores (los 18 actuales y 22 que están pasando las navidades con sus familias).