Secuestro fallido en La Laguna
El Ayuntamiento tinerfeño abre una investigación sobre el plan de un empleado municipal para retener 'en un cuarto oscuro' a una edil del PPEl Ayuntamiento tinerfeño abre una investigación sobre el plan de un empleado municipal para retener 'en un cuarto oscuro' a una edil del PP
El Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), de 130.000 habitantes, acordó ayer crear una comisión que investigue la propuesta de un empleado municipal a dos constructores para secuestrar a una concejal del PP y evitar una supuesta moción de censura que desalojaría del poder a Coalición Canaria (CC) en favor del PSOE. Dicha propuesta, efectuada en diciembre de 1999, fue grabada en vídeo por los dos constructores. Uno de ellos, Tomás Nuñez, entregó la cinta al juez hace nueve días. 'Lo he hecho por venganza, porque me han arruinado', dijo el constructor a este periódico.
La vendetta se produce después de que Núñez y su socio hayan esperado durante tres años la concesión de una licencia de construcción cuyas tasas nunca terminaron de abonar, y ha originado iniciativas judiciales que siembran dudas sobre la transparencia de las relaciones entre los constructores y el poder político.
Todo comenzó con la apretada victoria del PSOE en las pasadas elecciones municipales, en que los socialistas se quedaron a escasos votos de la mayoría absoluta. Obtuvieron 13 concejales; diez Coalición Canaria y cuatro el PP. El pacto entre estas dos formaciones otorgó la alcaldía a la candidata nacionalista, Ana Oramas. El PP obtuvo las concejalías de Hacienda, Deportes, Tráfico y Policía Local y Cultura y Patrimonio, ocupada esta última por Raquel Lucía Pérez Brito. Esta concejal se opuso desde el principio al pacto PP-CC, aunque ha mantenido la disciplina de voto. Sus relaciones con la alcaldesa nunca fueron buenas. Las tensiones entre ambas estallaron el 4 de diciembre de 1999, cuando La Laguna fue declarada en Marraquech patrimonio cultural de la humanidad. Raquel Lucía Pérez Brito no fue invitada a la ciudad marroquí y reaccionó convocando una rueda de prensa conjunta con el líder de los socialistas, Santiago Pérez, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. El propósito de la convocatoria no iba más allá de felicitarse por la decisión de la Unesco, pero el gesto no pasó desapercibido para sus compañeros de gobierno municipal. Éstos creyeron que la concejal se pasaría a la oposición, votaría una moción de censura y otorgaría el poder al PSOE.
Coalición Canaria conoce el talante del PSOE. En 1991, los socialistas lograron interrumpir durante 20 meses los 13 años de Gobierno nacionalista. Lo primero que hizo el alcalde, José Segura, fue auditar determinados convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento y constructores privados, especialmente uno que recalificó 300.000 metros de suelo.
Cheques al portador
Esta investigación acabó con una querella contra el alcalde anterior, Elfidio Alonso, -director musical de Los Sabandeños- y tres de sus concejales: el primer teniente de alcalde (Manuel Martín Luis), el concejal de Hacienda (Jaime González Izquierdo) y el de Deportes (Leopoldo Fernández Mestre). Los tres fueron citados durante la instrucción municipal por un conocido promotor inmobiliario, Ambrosio Giménez, como receptores de unos cheques millonarios al portador sin destino conocido. Cuando CC recuperó la alcaldía, el Ayuntamiento se retiró de la acusación y el caso fue sobreseído.
El candidato del PSOE a la alcaldía, Santiago Pérez, asegura que, al igual que su predecesor socialista, lo primero que hará si logra el poder será ordenar auditorias sobre numerosas operaciones inmobiliarias capitaneadas por Coalición Canaria en todos estos años de boom urbanístico en la isla.
En este contexto, el empleado municipal Nicolás Baute, un hombre vinculado a ATI (Agrupación Tinerfeña de Independientes) -socio mayoritario de CC-, habló a los dos constructores citados de la posibilidad de secuestrar a la concejal Raquel Lucía Pérez Brito, según el testimonio de Nuñez. Ambos le citaron el 13 de diciembre en su oficina con el propósito de filmar la conversación. Según la grabación, Baute no altera la voz cuando dice: 'Ella se ve, tu suponte, ella se ve unos días en un cuarto oscuro. El día que va a votar [la supuesta moción de censura] no aparece y se ve en un cuarto oscuro medio jodida. Y tú la sueltas después'. A cambio, él les concedería la licencia que esperaban. Uno de los empresarios, la alcaldesa, tres concejales citados en el vídeo como conocedores de la trama y beneficiarios de oscuras operaciones financieras y el propio Ayuntamiento se han querellado contra él. Baute se incorporó ayer a su trabajo como auxiliar administrativo municipal tras dos semanas de vacaciones, tomadas el mismo día en que el constructor Núñez le comunicó su decisión de difundir el vídeo, por 'asuntos propios'.El Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), de 130.000 habitantes, acordó ayer crear una comisión que investigue la propuesta de un empleado municipal a dos constructores para secuestrar a una concejal del PP y evitar una supuesta moción de censura que desalojaría del poder a Coalición Canaria (CC) en favor del PSOE. Dicha propuesta, efectuada en diciembre de 1999, fue grabada en vídeo por los dos constructores. Uno de ellos, Tomás Nuñez, entregó la cinta al juez hace nueve días. 'Lo he hecho por venganza, porque me han arruinado', dijo el constructor a este periódico.
La vendetta se produce después de que Núñez y su socio hayan esperado durante tres años la concesión de una licencia de construcción cuyas tasas nunca terminaron de abonar, y ha originado iniciativas judiciales que siembran dudas sobre la transparencia de las relaciones entre los constructores y el poder político.
Todo comenzó con la apretada victoria del PSOE en las pasadas elecciones municipales, en que los socialistas se quedaron a escasos votos de la mayoría absoluta. Obtuvieron 13 concejales; diez Coalición Canaria y cuatro el PP. El pacto entre estas dos formaciones otorgó la alcaldía a la candidata nacionalista, Ana Oramas. El PP obtuvo las concejalías de Hacienda, Deportes, Tráfico y Policía Local y Cultura y Patrimonio, ocupada esta última por Raquel Lucía Pérez Brito. Esta concejal se opuso desde el principio al pacto PP-CC, aunque ha mantenido la disciplina de voto. Sus relaciones con la alcaldesa nunca fueron buenas. Las tensiones entre ambas estallaron el 4 de diciembre de 1999, cuando La Laguna fue declarada en Marraquech patrimonio cultural de la humanidad. Raquel Lucía Pérez Brito no fue invitada a la ciudad marroquí y reaccionó convocando una rueda de prensa conjunta con el líder de los socialistas, Santiago Pérez, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. El propósito de la convocatoria no iba más allá de felicitarse por la decisión de la Unesco, pero el gesto no pasó desapercibido para sus compañeros de gobierno municipal. Éstos creyeron que la concejal se pasaría a la oposición, votaría una moción de censura y otorgaría el poder al PSOE.
Coalición Canaria conoce el talante del PSOE. En 1991, los socialistas lograron interrumpir durante 20 meses los 13 años de Gobierno nacionalista. Lo primero que hizo el alcalde, José Segura, fue auditar determinados convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento y constructores privados, especialmente uno que recalificó 300.000 metros de suelo.
Cheques al portador
Esta investigación acabó con una querella contra el alcalde anterior, Elfidio Alonso, -director musical de Los Sabandeños- y tres de sus concejales: el primer teniente de alcalde (Manuel Martín Luis), el concejal de Hacienda (Jaime González Izquierdo) y el de Deportes (Leopoldo Fernández Mestre). Los tres fueron citados durante la instrucción municipal por un conocido promotor inmobiliario, Ambrosio Giménez, como receptores de unos cheques millonarios al portador sin destino conocido. Cuando CC recuperó la alcaldía, el Ayuntamiento se retiró de la acusación y el caso fue sobreseído.
El candidato del PSOE a la alcaldía, Santiago Pérez, asegura que, al igual que su predecesor socialista, lo primero que hará si logra el poder será ordenar auditorias sobre numerosas operaciones inmobiliarias capitaneadas por Coalición Canaria en todos estos años de boom urbanístico en la isla.
En este contexto, el empleado municipal Nicolás Baute, un hombre vinculado a ATI (Agrupación Tinerfeña de Independientes) -socio mayoritario de CC-, habló a los dos constructores citados de la posibilidad de secuestrar a la concejal Raquel Lucía Pérez Brito, según el testimonio de Nuñez. Ambos le citaron el 13 de diciembre en su oficina con el propósito de filmar la conversación. Según la grabación, Baute no altera la voz cuando dice: 'Ella se ve, tu suponte, ella se ve unos días en un cuarto oscuro. El día que va a votar [la supuesta moción de censura] no aparece y se ve en un cuarto oscuro medio jodida. Y tú la sueltas después'. A cambio, él les concedería la licencia que esperaban. Uno de los empresarios, la alcaldesa, tres concejales citados en el vídeo como conocedores de la trama y beneficiarios de oscuras operaciones financieras y el propio Ayuntamiento se han querellado contra él. Baute se incorporó ayer a su trabajo como auxiliar administrativo municipal tras dos semanas de vacaciones, tomadas el mismo día en que el constructor Núñez le comunicó su decisión de difundir el vídeo, por 'asuntos propios'.
