LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES

Las ONG acusan al Gobierno de crear una bolsa de marginalidad

Las ONG que se ocupan de atender a inmigrantes acusaron ayer al Gobierno de crear "alarma social" con su anuncio de que expulsará a más de 27.000 extranjeros cuyas solicitudes de regularización han sido rechazadas. Delia Blanco, presidenta de la Comisión de Ayuda al refugiado (CEAR), aseguró que a la mayoría de ellos no se les puede expulsar, por lo que, al negarles la posibilidad de regularizarse, se les empuja a la marginalidad.

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Ramiro García de Dios, de la junta directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, recordó ayer que la actual ley de Extranjería, todavía vigente hasta que se publique en el BOE la reforma impulsada por el Gobierno, no contempla la expulsión de aquellos extranjeros que estén en España en situación irregular. Sólo se les puede comunicar la obligatoriedad de salir del país e imponerles un multa de hasta 50.000 pesetas si no lo hacen.La nueva ley sí contempla la expulsión de irregulares, pero es dudoso que se les pueda aplicar con carácter retroactivo a los excluidos del último proceso de regularización y, sobre todo, resulta prácticamente imposible aplicarla. Delia Blanco recordó ayer que Marruecos es prácticamente el único país que admite a sus ciudadanos expulsados de España, pero hay que demostrar que tienen dicha nacionalidad, por lo que los marroquíes podrían ser los más perjudicados por esta medida. El Ministerio del Interior está negociando un convenio de admisión con Nigeria, de donde proceden muchos de los subsaharianos, pero aún no se sabe cuándo estará en vigor. Los indocumentados cuya nacionalidad se desconoce no pueden ser expulsados a ningún país.

Pero, además de los problemas legales, existe una incapacidad material. Con la ley de Extranjería de 1985 se venían expulsando unos 5.000 extranjeros al año, por lo que haría falta más de un lustro para expulsar a los 27.000 actuales, sin tener en cuenta a los que sigan llegando. Finalmente, está el factor económico: se estima que la expulsión de un ciudadano chino cuesta alrededor de un millón de pesetas, teniendo en cuenta que, además del billete de avión, hay que pagar a los funcionarios que se encargan de la custodia.

Fuentes del Ministerio del Interior reconocieron ayer que no existe ningún plan para expulsar a los inmigrantes, mientras que un portavoz de la Secretaría de Estado para la Inmigración no supo explicar qué va a ocurrir con ellos. Fuentes policiales indicaron que lo más probable es que se siga actuando como en el pasado: sólo serán detenidos y expulsados cuando se les requiera la documentación y se compruebe su estancia irregular en España.

El ministro Portavoz, Pío Cabanillas, declaró ayer que "no se va a organizar ninguna cacería" de inmigrantes irregulares. "Es espantoso plantearlo en esos términos, sencillamente se ha regulado lo que es el marco jurídico del extranjero en este país".

El resultado de esta política, advirtió Delia Blanco, es que se condena a decenas de miles de personas a vivir en la marginalidad, caldo de cultivo de la explotación laboral y la delincuencia. La presidenta de CEAR y diputada del PSOE denunció también que el Gobierno no ha arbitrado medios económicos para favorecer la integración de los inmigrantes, ya que la partida de 500 millones prevista resulta "abiertamente insuficiente".

La falta de recursos ha llevado al PSOE a oponerse al Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España, el denominado Plan Greco. Los socialistas votarán en contra el próximo jueves, cuando se debata en la subcomisión creada en el Congreso, si el Gobierno no aprueba una dotación de 30.000 millones que consideran imprescindibles para afrontar el problema. Además, plantearán otras 55 enmiendas parciales al plan presentado por el secretario de Estado de Extranjería, Enrique Fernández-Miranda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 22 de diciembre de 2000.

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