La regularización del Gobierno discrimina a los inmigrantes por su lugar de residencia

El proceso de regularización de extranjeros que acaba de cerrar el Gobierno ha discriminado a los inmigrantes según el lugar donde presentaron su solicitud. Las instrucciones enviadas por Interior a los responsables provinciales fueron interpretadas de forma muy distinta por cada uno de ellos. Mientras que Madrid denegó sólo el 17,4% de las peticiones, Barcelona llegó al 70,9%. Los 27.000 rechazados están recibiendo cartas en las que se les da 15 días para abandonar España.

"Esto ha sido un desastre". El tajante dictamen corresponde a una portavoz de SOS Racismo. Para probar su afirmación, varios miembros de esta ONG admiten haber presentado las solicitudes de un mismo grupo de inmigrantes en distintas provincias, con resultados contradictorios. Los expedientes de 15 extranjeros rechazados en Almería fueron enviados a la subdelegación del Gobierno de Málaga, que aprobó ocho de ellos. Otros cinco inmigrantes rechazados en Granada fueron regularizados en Málaga... Esta práctica ha sido utilizada por otras organizaciones, como Mujeres Progresistas, hegemónica en la comarca de El Ejido.Las dos citadas otras ONG, que prefieren mantener el anonimato, ofrecen varios ejemplos de la disparidad de criterios con los que han actuado las subdelegaciones, incluso de provincias limítrofes: "Como prueba de que los inmigrantes se hallaban en España antes del 31 de julio de 1999 [requisito indispensable para obtener la regularización], las autoridades de Málaga admitían un acta notarial firmada por un testigo. La misma prueba era rechazada en Granada y en Almería. En esta última ciudad aceptaban, en cambio, una carta matasellada o un contrato de alquiler" fechados antes del fin del plazo, afirman Mercedes García Puerta, presidenta de Mujeres Progresistas, y la portavoz de SOS Racismo en Granada.

Miembros de esta última organización explican que la presentación de las mismas solicitudes en distintos lugares ha sido posible "porque las delegaciones y subdelegaciones no tenían los ordenadores contectados entre sí".

La discrecionalidad en la concesión de los permisos de residencia y de trabajo queda patente en los propios resultados del proceso, presentados el jueves por el secretario de Estado responsable de la Inmigración, Enrique Fernández Miranda [ver gráfico adjunto]. Un ejemplo: mientras que Barcelona sólo admitió al 29,1% de los aspirantes, su vecina Girona aprobó al 82,2%.

"Ha habido zonas, como Almería, en las que las autoridades han ido endureciendo sus exigencias a medida que crecía el número de peticionarios", denuncia la Asociación pro Derechos Humanos.

Mustafa Mrabet, portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME), declaró que se ha producido "una situación de agravio" con respecto a sus compatriotas. Para apoyar su queja, recordó que el porcentaje de resoluciones favorables para los inmigrantes de Marruecos ha sido del 52%, mientras que para los de Latinoamérica sobrepasa el 80%. Mrabet afirmó que esa diferencia "responde a una discriminación debida a la religión o a la procedencia geográfica".

La autonomía de las delegaciones de cada provincia es patente incluso tras el cierre oficial del proceso de regularización. La portavoz de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración declaró ayer a EL PAÍS que ni siquiera existe un documento tipo para notificar a los aspirantes el veredicto que han obtenido sus peticiones. Los enviados hasta ahora a los rechazados son diferentes en cada provincia, aunque todos les advierten que deben abandonar España en un plazo de 15 días.

El caso de Madrid es especialmente llamativo: nuchos peticionarios han recibido en el reverso de su carta de denegación los nombres de otros aspirantes cuya solicitud ha sido también rechazada, informa Begoña Aguirre.

La delegación del Gobierno para la Inmigración tampoco sabe cómo se articulará el proceso de expulsión de los rechazados. "Eso dependerá también de las delegaciones del Gobierno", dijo su portavoz.