La Sala de lo Penal examina hoy la recusación planteada por Liaño

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se reunirá a las once de esta mañana para abordar la recusación planteada por el ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño contra los magistrados Enrique Bacigalupo y José Antonio Martín Pallín, integrantes del tribunal que tiene que aplicar su indulto. Aunque técnicamente la recusación tiene escasas posibilidades de prosperar, su presentación ha provocado un retraso en el pronunciamiento del Supremo, que puede quedar aplazado hasta después de las Navidades.

Recusación ya resuelta

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el decreto de indulto del ex juez Javier Gómez de Liaño, en perfecta sincronía con la recusación presentada el día anterior por el propio Liaño contra dos de los magistrados que deben aplicar la medida de gracia. Aunque el ex juez expone que pretende apartar a estos dos magistrados porque "sospecha" que "tienen prejuicios" y no serán "neutrales", en medios jurídicos se interpreta la recusación como una táctica procesal para ganar tiempo y tratar de invertir una situación que se le presenta problemática. De momento, el tribunal sentenciador, que estaba esperando a la publicación del real decreto en el BOE para abordar la aplicación del indulto, tuvo que abstenerse de iniciar ayer sus deliberaciones y esperar a lo que hoy decida el Pleno de la Sala Penal respecto a la recusación. Los dos magistrados afectados se abstendrán de participar en el pleno.

Críticas de jueces y fiscales

Entre las hipótesis sobre lo que pueda hacer hoy el pleno, algunas fuentes jurídicas consultadas apuntan a que Liaño no está legitimado para presentar la recusación, por tratarse de un condenado al que se aplica una medida de gracia respecto de la que no tiene ningún derecho.

Otras fuentes apuntan a que aunque se le considere legitimado, la recusación no puede prosperar al haber quedado ya resuelta por una sala especial del Tribunal Supremo respecto al magistrado Enrique Bacigalupo, y por resultar notoriamente extemporánea respecto al magistrado Martín Pallín.Bacigalupo fue recusado en febrero de 1999 por el ex juez Liaño, en otra añagaza procesal que sólo le sirvió para retrasar cuatro meses su juicio. En aquella ocasión recusó a todo el tribunal que tenía que juzgarle, pero su intento de nombrar otro tribunal fue rechazado por una sala especial integrada por el presidente del Tribunal Supremo, cinco presidentes de Sala y otros diez magistrados. La Sala ni siquiera examinó el fondo del asunto y la rechazó por no reunir los mínimos requisitos formales. Tampoco tuvo éxito cuando el año anterior recusó al magistrado instructor del Supremo Joaquín Martín Canivell, que le procesó por tres delitos de prevaricación judicial.

En la hipótesis de que la recusación planteada el miércoles contra los magistrados Bacigalupo y Martín Pallín fuese admitida a trámite, éstos serían sustituidos en el tribunal sentenciador por los jueces de la misma sala Carlos Granados y Perfecto Andrés Ibáñez. De producirse esa hipotética e improbable decisión, se abriría un incidente de prueba y se designaría un instructor, todo lo cual resultaría novedoso, ya que no hay precedentes de tramitación de una recusación en el momento de aplicar un indulto.

Si hoy, como es mucho más probable, la recusación se rechaza de plano por improcedente, por falta de legitimación o por extemporánea, la sala general que debe estudiar la aplicación del indulto se reunirá a partir del próximo 8 de enero. Y una vez que la sala general ofrezca sus criterios, el tribunal sentenciador aplicará el decreto de indulto.

La publicación del indulto en el BOE provocó reticencias entre las asociaciones de jueces y fiscales. El portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, expresó su temor de que el alto tribunal se vea involucrado "en una contienda política que desgaste al Gobierno". Por el contrario, la también conservadora Unión Judicial Independiente expresó su preocupación por "la invasión de las facultades de los poderes Legislativo y Judicial por parte del Ejecutivo".

Montserrat Comas, de la progresista Jueces para la Democracia, declaró que la recusación ejercitada por Liaño es "improcedente": "Detrás de su planteamiento no existe otra finalidad que apartar a la Sala que le condenó, que es la única competente para aplicar la ley de indulto".

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, insistió en que su asociación no descarta recurrir el indulto si el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial no impiden que el ex magistrado se reincorpore a la carrera judicial.