Fomento cambió los criterios del concurso de licencias de móvil UMTS en el último momento

El Ministerio de Fomento, cuyo titular era entonces Rafael Arias Salgado, modificó en el último momento las condiciones del concurso de licencias de telefonía móvil multimedia o UMTS, tras rechazar el 29 de febrero pasado, último día preceptivo, un primer informe que debía servir para determinar quién ganaba las licencias en juego. La consultora Amdahl-DMR, encargada de redactar ese informe, elaboró otro siguiendo las nuevas directrices, ya fuera de plazo, con el que el 10 de marzo, dos días antes de las elecciones generales, el Gobierno determinó que los ganadores eran Telefónica, Airtel, Amena y Xfera. El concurso fue recurrido luego en la Audiencia Nacional por dos empresas de uno de los consorcios perdedores.

Empate en la Audiencia

La polémica en torno al concurso de licencias UMTS en España se aviva conforme se conocen nuevos datos del expediente que siguió el Ministerio de Fomento, cuyas competencias en telecomunicaciones han sido asumidas por Ciencia y Tecnología, y ahora está a disposición de la Audiencia Nacional.El concurso estuvo salpicado de acusaciones cruzadas entre los seis contendientes (Telefónica, Airtel, Amena, Xfera, Movi2 y Movilweb) por supuestas incompatibilidades e irregularidades en las ofertas. Tras su resolución, fue recurrido por dos de los integrantes del grupo Movi2, que fue uno de los que se quedaron sin licencias: la operadora de telefonía Uni2 (controlada por France Télécom) y la constructora Ferrovial.

La denuncia se fundamenta en la falta de transparencia en el concurso -basado en criterios como la inversión comprometida, el despliegue de red o la creación de empleo- y lleva aparejada la solicitud de medidas cautelares consistentes en la suspensión de las licencias concedidas finalmente a Telefónica, Airtel, Amena y Xfera. La resolución se publicó en el BOE del lunes 13 de marzo, aunque la orden del Ministerio de Fomento se redactó el día 10, sólo dos días antes de las últimas elecciones.

Ayer, los jueces de la sección octava de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional quedaron empatados al votar si adoptar o no las medidas cautelares solicitadas por Ferrovial a la vista del expediente del concurso. Los jueces acordaron dejar la decisión a la Sala de la Discordia, que resolverá el próximo 12 de enero. Anteriormente habían rechazado la suspensión de las licencias solicitada por Uni2, aunque en este caso, sin que el demandante hubiera tenido acceso al expediente completo del proceso de adjudicación.El expediente incluye una carta del director general de la consultora Amdahl-DMR, contratada por concurso como asesora del Gobierno por 21,6 millones de pesetas, que resulta determinante para comprender las demandas.

El documento pone de manifiesto que la consultora presentó a Fomento un informe sobre las cuatro candidaturas seleccionadas el 8 de marzo. Sin embargo, según recoge la carta, ese informe corregía una propuesta anterior presentada por Amdahl-DMR el 29 de febrero, el último día fijado para que la consultora presentara su trabajo. La carta subraya, además, que ese segundo informe se ajustó a los nuevos criterios de valoración de las ofertas fijados por la Administración a partir del día 29.

La carta está firmada por el director general de Amdahl-DMR, Fernando Francés, y acompaña a las tres copias del informe presentado el 8 de marzo. En ella afirma que "este nuevo informe se ha elaborado con los criterios de valoración fijados por la Administración a partir del 29 de febrero pasado, y sin que, por tanto, quepa imputar a la compañía que represento imperfecciones o carencias en el entregado en forma a la Administración en 29 de febrero pasado".

El director general de Amdahl, en contra de lo expresado por el Gobierno en las comparecencias parlamentarias sobre el concurso, considera el primer informe como "final" y rechaza haber recibido "observaciones" cuando hizo entrega del mismo "al director del proyecto [secretaría general de Comunicaciones, Ministerio de Fomento]".

La existencia de ese primer informe fue negada en reiteradas ocasiones por los responsables de Fomento durante el proceso. Ayer, el portavoz de Ciencia y Tecnología se limitó a señalar que el asunto está en manos de los jueces y declinó hacer comentarios. Su titular, Anna Birulés, ha reconocido sólo la existencia de borradores previos al informe definitivo.

La documentación que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha enviado al Congreso incluye el acta de la reunión del órgano encargado del proceso el 8 de marzo. En ese documento, la Mesa afirma no haber recibido informe de la consultora hasta esa fecha y reconoce que ha dejado que los técnicos de la secretaría de Comunicaciones, dependiente de Fomento, fijen los criterios de selección.

La secretaría contesta a la mesa que "ha venido realizando requerimientos verbales reiterados, y hasta el momento infructuosos, a dicha consultora a fin de que elevase a esa Mesa de Contratación informe definitivo en que se depurasen las graves imperfecciones y carencias observadas en borradores anteriores".

Esas afirmaciones explican la carta que acompaña al segundo informe presentado por la consultora y la negativa de su director general a reconocer "imperfecciones y carencias en el entregado en forma a la Administración en 29 de febrero".