Dirigentes de UGT niegan al fiscal que quisieran reventar un pleno de las Cortes

Nueve sindicalistas de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV declararon ayer ante el fiscal en Valencia en relación a los incidentes ocurridos el pasado 21 de noviembre durante un pleno de las Cortes Valencianas. Ese día los sindicalistas exhibieron pancartas de protesta contra la situación laboral de los funcionarios poco después de la intervención en el hemiciclo de las Cortes del consejero de Economía y Hacienda, Vicente Rambla, en la que manifestó que el salario de los funcionarios era el que menos había subido en relación al conjunto de los presupuestos de la Generalitat. El fiscal intenta averiguar si los sindicalistas cometieron un delito de perturbación de la sesión de una asamblea legislativa, delito tipificado en el apartado segundo del artículo 497 del Código Penal y que puede castigarse con una pena de seis meses a un año de prisión.

Luis Lozano, secretario general de FSP-UGT e imputado por los hechos que investiga el fiscal, manifestó ayer que en ningún momento tuvieron la "intención de paralizar el pleno ni de coaccionar la voluntad de los diputados".

Según Lozano, su intención era la de "saber por boca del consejero Vicente Rambla cuál iba a ser el aumento de los salarios de los funcionarios" y que después tenían la intención de "encerrarse en la Consejería de Administraciones Públicas". Sin embargo, al conocer el aumento salarial previsto para los funcionarios "alguien" del grupo "se quitó la ropa para mostrar su camiseta de protesta" y los demás le siguieron "por un acto reflejo", explicó Lozano. El responsable de FSP-UGT dejó claro que al entrar a las Cortes nadie ocultó las pancartas que luego se desplegaron en el hemiciclo y que estaban destinadas al encierro en la consejería citada. También negó que se les desalojara policialmente y explicó que se marcharon "por su propio pie".

En relación a estos hechos, Cándido Méndez, secretario general de UGT, dijo ayer en Alicante que los funcionarios "no pretendían menoscabar la respetabilidad del parlamento" aunque también afirmó que están "legítimamente indignados porque se está cometiendo un atropello al negárseles el derecho a la negociación colectiva".