Acebes niega al Poder Judicial la posibilidad de decidir sobre indultos porque los firma el Rey

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, negó ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso que la concesión del indulto al ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño haya invadido competencias del Poder Judicial. Acebes argumentó que el Poder Judicial "no puede inmiscuirse en el ejercicio exclusivo del derecho de gracia por el Ejecutivo y ha de limitarse a respetar la decisión y a poner diligentemente en ejecución sus efectos". Es más, aseguró que quienes se oponen a la medida de gracia intentan "construir una nueva teoría sobre el indulto, que no existe en ningún ordenamiento jurídico de ningún país del mundo, según la cual el derecho de gracia concedido por el Jefe del Estado [el Rey] de ese país democrático queda luego supeditado a la deliberación, también graciosa, de otra instancia inferior". El ministro explicó que, acierte o se equivoque, el Gobierno seguirá ejerciendo sus competencias, sobre indultos u otras materias, "sin complejo alguno".La comparecencia de Acebes ante la comisión, que duró más de cuatro horas, se centró casi en exclusiva en el indulto a Gómez de Liaño, cuya legalidad, constitucionalidad y oportunidad defendió a capa y espada frente a la opinión del PSOE de que esta medida, además de ser "ilegal, inconstitucional y un abuso de poder", es una "agresión a la democracia" que rebaja la confianza en la justicia.

El ministro sostuvo la "legalidad y constitucionalidad" del indulto al ex juez, concedido, según dijo, atendiendo al criterio favorable a la medida de gracia del fiscal del caso -obviando el informe negativo del tribunal sentenciador- y porque Gómez de Liaño "ni tiene antecedentes penales ni ha reincidido". Acebes agregó que en ningún caso el Gobierno ha invadido competencias del Poder Judicial ni siquiera al ordenar con el indulto su reintegro en la carrera judicial con la limitación de que no vuelva a la Audiencia Nacional.

La postura del PSOE de que el Gobierno ha interferido en potestades del Poder Judicial fue calificada por Acebes de "despropósito", ya que por un solo indulto entre miles "se está llegando a subvertir radicalmente las bases conceptuales" de la medida de gracia. A su juicio, la medida no altera ni "la culpabilidad ni los hechos" ni cuestiona el proceso judicial, aunque el Ejecutivo puede valorar para concederlo circunstancias "que no tienen que ser objeto de valoración en el procedimiento judicial".

Las penas de inhabilitación como aquélla de la que se ha descargado Gómez de Liaño, abundó Acebes, son indultables: "No sólo es posible y frecuente indultar inhabilitaciones sino que hay ejemplos repetidos y muy relevantes". El ministro citó los casos de 50 alcaldes y ediles del PSOE inhabilitados por prevaricación en relación con el fraude al subsidio agrario del PER y el del ex ministro José Barrionuevo, a los que se dio "una nueva oportunidad de ejercer como funcionarios".

El titular de Justicia, haciendo suyas las tesis expuestas ayer por el articulista de El Mundo y catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat (y en contra de los socialistas Juan Fernando López Aguilar y Diego López Garrido, catedráticos de Derecho Constitucional), subrayó que la inhabilitación especial priva del cargo e incapacita para recuperarlo "durante el tiempo de la condena". "Se trata de una pena que comienza a producir sus efectos desde el momento en que comienza su ejecución pero también continúa produciendo sus efectos después, pues el condenado continúa privado del cargo o empleo de forma indefinida y continúa imposibilitado de acceder al mismo u otro análogo durante el tiempo de la condena".

El representante del Gobierno remachó con este alegato su tesis de que el ex juez puede volver a ejercer: "A diferencia de la muerte, no existe ningún elemento de carácter natural que impida un acto jurídico que haga perder su eficacia, en tanto el condenado conserve su vida, al primer acto de privación del empleo y cargo". Y cerró así su argumento favorable a la rehabilitación del ex juez: "Lo que resulta irreversible es el tiempo que el condenado ha estado privado del ejercicio del derecho correspondiente, pero no es irreversible el recuperar el disfrute del derecho".

Los socialistas se quedaron solos ayer en su cerrada oposición al indulto ya que CiU, Coalición Canaria, Grupo Mixto y PNV consideraron los 1.443 concedidos se ajustaron a la legalidad. El ministro aseguró que no entendía el "ensañamiento" socialista con Gómez de Liaño. "Puedo entender el despecho y el rencor de las víctimas que no perdonan; que el ofendido utilice con desmesura sus medios para hacer notoria su falta de capacidad de clemencia, ¿pero cómo explicar que a todo ello se sume con armas y bagajes el PSOE?".

El portavoz socialista en la comisión, Javier Barrero, insistió en que nada había de personal o partidista en su rechazo al indulto a Liaño. "Lo que ocurre es que revocar una condena por prevaricación a un juez y hacerlo de nuevo juez ha creado alarma en la opinión pública, que está escandalizada por el aparato montado para recuperar como juez a quien ya no lo es", dijo Barrero para contrarrestar el argumento de Acebes de que no se había concedido ningún indulto por delitos que "plantean un particular rechazo social". El 53% de los consultados por la Cadena Ser en su Pulsometro el lunes consideró que el indulto a Liaño dañaba gravemente la imagen de la justicia. Barrero sentenció: "Da la impresión de que el PP paga favores y deudas a quienes les ayudaron a llegar al Gobierno". Ante la reiterada pregunta sobre el número de jueces prevaricadores indultados en democracia, Acebes contestó: "Sólo conozco este caso".