Tany y Liaño

El Consejo de Ministros, en su reunión del viernes 1 de diciembre, acordó indultar a Teresa Moreno Maya, Tany, condenada por la Audiencia Provincial de Madrid el 7 de junio de 1999 a una pena de 14 años y 8 meses de prisión. Tany fue condenada por matar a su marido el 16 de abril de 1995, habiendo quedado acreditado que durante años había estado recibiendo constante y permanentemente malos tratos físicos y psíquicos.El indulto no ha sido total. La pena impuesta, y que venía cumpliendo, de 14 años y 8 meses, ha sido reducida a dos años y medio. No obstante ello, el sistema penal vigente le va a permitir salir de la cárcel.

El indulto para esta mujer reiteradamente maltratada y vejada por su marido fue solicitado en su día por la sociedad, que difícilmente podía comprender cómo una mujer golpeada, ultrajada, denigrada y oprimida, estaba en la cárcel y cientos de maltratadores pululan a sus anchas por todas partes. En efecto, la petición de indulto fue suscrita por diputadas y diputados, la FEMP, asociaciones y federaciones de mujeres, colectivos vecinales, etcétera.

El indulto, pues, es bienvenido, pero en modo alguno es la respuesta a esa petición de la sociedad, en modo alguno es la respuesta a la comprensión de la actuación de una mujer que estaba enterrada con espinas en vida, en modo alguno es un acto explícito del Gobierno de la nación al rechazo de la violencia doméstica y los malos tratos a las mujeres.

Este indulto es bienvenido. Pero seamos claros y conscientes: ha sido uno de los 1.442 indultos necesarios al Gobierno para indultar al juez Javier Gómez de Liaño, el indulto 1.443, o más bien el 1, condenado por el Tribunal Supremo por un delito continuado de prevaricación a 15 años de inhabilitación especial para cargo público y a la pérdida definitiva de su cargo de juez.

Nos alegramos, evidentemente, de que Tany pueda salir de la cárcel, en la que, por cierto, no debió nunca entrar, pero rechazamos contundentemente el indulto al juez prevaricador Javier Gómez de Liaño. El indulto a Tany no nos ciega, y es evidente que quien ha cometido el mayor delito que un juez puede cometer en el ejercicio de un poder del Estado no puede volver de nuevo a impartir justicia.

Si el indulto de Tany, y también de otros, está legitimado, no lo está el de Gómez de Liaño, indulto que pone al justiciable a temblar al pensar que algún día puede ser juzgado por quien en su función jurisdiccional ha prevaricado. El día 1 de diciembre de 2000 podía haber sido un día feliz y triunfal si no hubiera sido por la vergonzosa, por la indignante y por la injusta medida de gracia globalizadora. Si no hubiera sido por la vileza, por la ignominia, de un Gobierno que, conculcando la Constitución en aspectos como la prohibición de conceder indultos generales (artículo 62) o la laicidad del Estado (artículo 16) busca un pretexto para pagar el favor que un día le hiciera Gómez de Liaño.- Teresa Agudo López. Viceconsejera de Gobernación. Cádiz.