CiU denuncia al alcalde de Alp por cometer irregularidades urbanísticas apoyadas por Macias

El grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Alp (Cerdanya) denunció ayer las "irregularidades urbanísticas" del equipo de gobierno local a raíz de la concesión de una licencia de obras a la Inmobiliaria Alp, SA, que construyó nueve casas "con una edificabilidad superior a la que permite la ley", según el concejal nacionalista Joan Lleopart. Una sentencia de un juzgado de Girona anula la licencia de obras, pero el Departamento de Política Territorial que dirige Pere Macias ha aceptado parcialmente un recurso interpuesto por el alcalde de Alp, Josep Tajà.

22 millones por vivienda

El equipo de gobierno de Alp concedió la licencia de obras en 1997, con el voto en contra del grupo de CiU, que pidió la suspensión "inmediata" del proyecto. En junio de 1998, el entonces director general de Urbanismo de la Generalitat, Joan Anton Solans, emitió una resolución en la que calificaba la operación de "infracción urbanística grave" e instó a "dejar sin efecto la licencia y a parar las obras", según explicó Lleopart a Europa Press.Los cinco concejales del equipo de gobierno votaron en contra de esta resolución en el transcurso de un pleno municipal, por lo que las obras finalizaron y el Ayuntamiento concedió a los propietarios la cédula de habitabilidad.

Ante esta situación, el Gabinete Jurídico Central de la Generalitat presentó en 1999 un recurso contencioso administrativo en la Sala Primera de lo Contencioso de Girona, que el 6 de junio de este año emitió una sentencia en firme en la que "declara nula la licencia de obras", según el portavoz de CiU.

Sin embargo, Lleopart denunció que "el 20 de octubre de este año el alcalde afirmó que tiene el consentimiento del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Pere Macias, para modificar la ley que les impide construir más". Algo que, en opinión de Lleopart, "no es legal, porque hay una sentencia en firme" que declara la nulidad de las obras. Según el concejal de CiU, el alcalde también afirmó "poseer unos documentos del actual director general de Urbanismo, que había revocado la resolución del anterior" titular de este cargo. Por ello, reclamó que el alcalde, el independiente Josep Tajà, que fue expulsado de CiU, "haga públicos estos documentos".

En el caso de que finalmente hubiera que derruir las casas, el Ayuntamiento debería indemnizar a los propietarios con 22 millones de pesetas por vivienda. La mayor parte de estas casas ya están habitadas.Los responsables del Departamento de Política Territorial consideran que las casas podrían legalizarse modificando el Plan General de Ordenación Intermunicipal de la Cerdanya, que regula el número máximo de viviendas por edificio.

El grupo municipal de CiU presentó en septiembre de 1999 una denuncia ante el Juzgado de Puigcerdà por un presunto delito de prevaricación cometido por el equipo de gobierno municipal, explicó Lleopart. Tras admitirla a trámite, la juez citó a declarar al alcalde y al arquitecto, y CiU se ha presentado como parte en la querella.

Joan Lleopart se mostró ayer convencido de que su grupo ganará el juicio y apuntó que "los mismos concejales que votaron en contra de la resolución de la Dirección General de Urbanismo tendrían que pagar las indemnizaciones", por lo que su formación se comprometió a "aportar nuevas pruebas".