Los vecinos de la zona de Cuzco, insatisfechos de la reunión institucional sobre la prostitución

La reunión que las instituciones celebraron ayer para abordar las quejas vecinales suscitadas por la presencia de numerosos proxenetas, prostitutas y clientes en los alrededores de la plaza de Cuzco finalizó sin medidas concretas. "No me pregunten por medidas concretas", pidió el delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, que tampoco señaló cuándo se pondrá en marcha la mayor presencia policial en la zona anunciada por él. En la conferencia estuvieron representantes de las asociaciones vecinales. "No salimos nada satisfechos", dijo Pilar Cano, vicepresidenta de una de ellas.

"Sabemos que la prostitución es legal en nuestro país, pero pedimos soluciones a los problemas de ruido, suciedad y orden público que se producen en nuestro barrio por el incremento de esta actividad", reflexionaba Pilar Cano, vicepresidenta de la asociación de vecinos de Capitán Haya, antes de reunirse con los representantes institucionales. "En nuestra zona ha habido prostitución desde hace al menos doce años, pero en los últimos tres la situación ha empeorado considerablemente", añadió. Ansuátegui y la concejal de Policía Municipal, María Tardón, recalcaron que la prostitución no está penada y que, si existe, es porque también hay demanda por parte de personas que solicitan sus servicios. El delegado del Gobierno aseguró que se intentará aumentar la presencia policial en Cuzco "en la medida", aclaró, "de nuestras posibilidades". A la reunión no acudió el alcalde, pero sí José Manuel Morales, jefe de la Policía Municipal; Julio Corrochano, jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía; la consejera Pilar Martínez y la concejal Beatriz Elorriaga.

Tardón habló de una mayor coordinación entre la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía y entre los dispositivos de atención social del Ayuntamiento y la Comunidad. "Porque sabemos que hay recursos que apenas se utilizan", concluyó. Hizo referencia a otros países, como Suecia, donde se penaliza al cliente de las prostitutas, y a Holanda, donde esta actividad ha sido legalizada. Pero la concejal añadió que cualquier disposición legal de este tipo excede a las atribuciones que tienen el Ayuntamiento y la Comunidad.

Rocío Nieto, portavoz de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta (APRAM), la única entidad de apoyo a este colectivo que asistió al encuentro convocado por Ansuátegui, hizo hincapié en que "si hay prostitutas es porque existen clientes". "Es una actividad legal pero sabemos que hay mujeres coacionadas por mafias, entonces lo que habrá que hacer es ofrecer atención y protección a esas mujeres para que denuncien a los chulos que las explotan", añadió. Su asociación tiene una unidad móvil que acude a los puntos calientes, como la Casa de Campo y Cuzco, para ofrecer apoyo social y sanitario a las mujeres que hacen la calle.

Los vecinos calculan que en las calles de Capitán Haya, Sor Ángela de la Cruz, Rosario Pino y General Yagüe hay más de 200 meretrices, la mayoría africanas. Según APRAM, buena parte ha llegado a España mediante redes con las que tienen contraídas fuertes deudas y que también las controlan. "Nos parece que también muchas puden ser menores, pero es difícil saberlo a ciencia cierta", afirma Nieto.

El pasado 23 de noviembre, 800 vecinos de esta zona caliente cortaron durante media hora el paseo de la Castellana, impidiendo la circulación de automóviles. Los concentrados, muchos de ellos de avanzada edad, protestaban así por el aumento de la prostitución callejera en la zona.

Los concentrados se habían reunido dos horas antes en un hotel cercano para "organizarse" y "buscar soluciones" frente al "asedio" que para ellos supone la presencia de estas mujeres, sus clientes y sus chulos. Critican la "indiferencia" de las instituciones hacia esta situación. Entre las ideas que los vecinos han barajado está la de instalar cámaras de vídeo para ahuyentar a los clientes o iluminar más las calles.

Pilar Cano, de la asociación vecinal Capitán Haya, renoció que la reunión le había dejado insatisfecha. "No nos dan solución, ya que el delegado sólo se ha comprometido a poner mayor presencia policial, mayor sanidad y más controles", relató. Ante esto, los vecinos no descartanla posibilidad de organizar patrullas de vigilancia ciudadana. "El problema no son las prostitutas, sino lo que traen consigo: droga, peleas continuas, suciedad... Las calles amanecen sembradas de preservativos y las peleas no nos dejan dormir", aseguraba uno de los representantes de esta entidad vecinal creada en 1994.