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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Premio a la obediencia

El Gobierno adjudicó ayer dos canales de televisión digital terrestre a sendos grupos vinculados con los dos diarios más adictos a Aznar: El Mundo y Abc. Fuera se han quedado las opciones del Grupo Godó (La Vanguardia), la Cope (propiedad de la Iglesia católica) y un consorcio sueco independiente. Una vez fracasado el intento de que los aspirantes se agruparan en dos consorcios, el Gobierno ha actuado conforme a sus intereses políticos privados: a los más obedientes. Como ha señalado el Grupo Godó, ha sido un golpe a la indiscutible tradición y vocación catalanas en la industria audiovisual. Bajo el estandarte de ampliar el pluralismo de la oferta televisiva, lo que en realidad ha hecho el Gobierno es concederse dos nuevos canales de televisión a la mejor gloria de Aznar.Las emisiones de televisión analógica desaparecerán en España en el 2011. Las nuevas licencias son para dos cadenas de televisión digital terrestre -sin cables ni parabólicas para su recepción-, y serán en abierto, a diferencia de la anterior licencia concedida a Retevisión (el canal Quiero) para una plataforma digital terrestre de pago. El Gobierno ha impedido a los actuales operadores y a sus accionistas participar en el concurso, que ha terminado adjudicando según criterio no ya de afinidad ideológica, sino de directa dependencia política y personal, y con colusión entre intereses particulares y públicos, de actuales y antiguos altos cargos y amigos del presidente. Es decir, pago de servicios prestados y regalo para los amigos.

No servirá de consuelo al Grupo Godó la concesión de una licencia de radio digital (la otra concedida ayer fue para el Grupo Correo-Tele 5), de peores características técnicas que las diez que -dos días antes de las elecciones- otorgó el PP. El Gobierno de Aznar, que en su día criticó con extrema dureza la concesión por el Gobierno socialista de las primeras televisiones privadas -en particular la de Canal +, proyecto participado por el Grupo PRISA-, no ha tenido ahora recato alguno en intervenir en provecho propio en un mercado que debiera ser libre y sólo regulado por autoridades independientes del Ejecutivo. Exactamente lo contrario de una política liberal y lo propio de un Gobierno intervencionista y arbitrario.

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