La Junta reclamará al Gobierno más agua para Almería del trasvase del Ebro

"Desde Andalucía, valoramos que exista ya un anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional". Ésta es casi la única referencia positiva que recoge el texto que servirá de base a las alegaciones de la Junta a la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente. En ese texto, consensuado con todos los miembros del Consejo Andaluz del Agua, se exige incrementar en 30 hectómetros cúbicos el agua destinada a Almería (90 hectómetros cúbicos) en el trasvase previsto desde el Ebro al litoral mediterráneo.

"Documento incompleto"

Las críticas andaluzas al único trasvase por el que opta el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional (PHN) son múltiples. "Los estudios técnicos que sirven de apoyo a las propuestas del PHN y para desechar otras son incompletos y pueden conducir a interpretaciones sesgadas", indica el documento definitivo que ayer remitió la Consejería de Obras Públicas a los miembros del Consejo Andaluz del Agua. También se asegura que la transferencia desde el Ebro a Almería de 90 hectómetros cúbicos "no resuelve la extraordinaria insostenibilidad del uso del agua en la pujante economía almeriense" y se reclama que 520 hectómetros cúbicos asignados a la cuenca del Segura se deriven otros 30 para regadíos de la provincia. La propuesta definitiva del grupo de trabajo del Consejo Andaluz del Agua plantea "soluciones no consideradas, en particular la interconexión desde otras cuencas al curso medio-alto del Guadalquivir y el trasvase del ámbito hidrográfico" del bajo Guadiana al bajo Guadalquivir, para atender las demandas de El Condado de Huelva y el entorno de Doñana.

La Junta tiene hasta el 30 de noviembre para presentar sus alegaciones al anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional; antes, la próxima semana, se reunirá el pleno del Consejo Andaluz del Agua (órgano que incluye a sindicatos, empresarios, consumidores, asociaciones agrarias, regantes y ecologistas) para dar su refrendo al documento consensuado por el grupo de trabajo que ha dirigido el secretario de Aguas de la Junta, Joan Corominas.

En la propuesta consensuada se considera que "el Plan Hidrológico Nacional no satisface las expectativas creadas en la sociedad" y se reclama para Andalucía "el ejercicio de sus competencias en las cuencas intracomunitarias litorales y participar activamente en la gestión de la cuenca del Guadalquivir", hasta ahora responsabilidad del Ejecutivo central.

El grupo de trabajo concluye que el anteproyecto es un "documento incompleto" al considerar que la cuenca del Guadalquivir no tiene déficit hídrico (cuando el plan de cuenca lo estima en 457 hectómetros cúbicos para 2002) y al minimizar el de la cuenca del Sur (273 hectómetros cúbicos según el plan de cuenca). Para la cuenca del Sur se plantea impulsar tecnologías como "la desalación, la reutilización y la recarga de acuíferos" en Almería, y una ordenación, inexistente en el plan, de los recursos y usos del agua en la Costa del Sol.

El grupo de trabajo también exige una programación cuatrienal de las obras hídricas que se vayan a realizar de aquí a 2008. "En el supuesto de ejecutarse al completo las actuaciones en infraestructura propuestas, sólo darían sus frutos en los próximos 15 años", aclara el informe para concluir que "no se ofrece solución a los problemas del agua en Andalucía en el corto y medio plazo". Entre estas obras necesarias se citan las presas de Melonares, Breña II, Rules, Nacimiento, Concepción y la modernización de varias áreas de regadío.

"El PHN debería haberse presentado conjuntamente con el Plan Nacional de Regadío", reprocha el grupo de trabajo, que exige que se establezcan "plazos para la modernización de 260.000 hectáreas de regadíos, programa que produciría un ahorro de 260 hectómetros cúbicos al año".

Los agentes sociales andaluces y la Consejería de Obras Públicas son especialmente duros con el "desenfoque del Plan en materia ambiental". El anteproyecto no propone nada nuevo para fomentar "una nueva cultura del agua" o políticas de contención de la demanda, según el grupo de trabajo que pide someter la "planificación a una evaluación ambiental" y critica que no se aborden cuestiones como la lucha contra la erosión, la protección de los acuíferos, las reforestaciones de valles o la prevención de inundaciones.