Las cooperativas ausentes

En los últimos tiempos se escucha frecuentemente hablar de un término con tan poco contenido como "nueva economía". Sin embargo, en el Día Mundial del Cooperativismo es penoso constatar la escasa presencia del término "economía social" en los medios de comunicación y en los mundos político e institucional. Ante esta ausencia, conviene recordar que la Constitución Española, en el apartado 2 de su artículo 129 establece que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Tras la frenética actividad privatizadora de los últimos gobiernos no podemos más que sorprendernos de la falta de consideración a los mandatos de la Constitución. Es evidente que ciertos grupos de presión cuentan con fuerza suficiente como para que se haga caso omiso a la Constitución. También es evidente que los distintos agentes de la economía social no han contado con la fuerza o la iniciativa para hacer que se respete la primera de las leyes.Lo sucedido en España tiene su reflejo en el proceso de construcción europea. La Unión Europea, que frecuentemente recibe acusaciones de furor reglamentista, descendiendo a detalles inverosímiles, carece de una reglamentación acerca del estatuto de las sociedades cooperativas. En la misma situación se encuentran las mutualidades y asociaciones; es decir, el conjunto de la economía social. En otras palabras, las cooperativas carecen de un espacio en la construción europea. En este caso no se puede culpar a la Comisión de no haber formulado propuestas de reglamentación. En primer lugar, formuló una propuesta de reglamento, y, ante las dificultades encontradas, la transformó en propuesta de directiva esperando que, al otorgar un margen a la subsidiariedad, se vencieran las resistencias de los Estados más septentrionales.

El problema, como en tantas otras cuestiones, se reduce a la confrontación de visiones contrapuestas entre la Europa del norte y la del sur. Para la mayor parte de los Estados del norte, no debe haber diferencias entre las sociedades mercantiles y las cooperativas y en casos extremos, acusan a los del sur de proteccionistas y de fomentar la distorsión de la competencia. Naturalmente, las posturas no se reducen al blanco y al negro, sino que existe una gradación entre la situación de España donde las cooperativas encuentran un espacio en la Constitución y la situación del Reino Unido, donde carecen de una situación jurídica que las diferencie de otras sociedades mercantiles. De este modo, si la división norte-sur pareciera excesivamente simplista, la diferencia se podría ver plasmada en la mayor o menor tradición liberal de cada Estado.

El hecho es que el Estatuto de la sociedad cooperativa europea sigue empantanado, y nada apunta hacia una resolución del bloqueo. El verdadero problema no reside en que no avance la cuestión del Estatuto, sino en que el resto de las reglamentaciones se siguen desarrollando. En ausencia de la definición de la figura de la cooperativa a escala europea, se recurre a diferentes figuras, que frecuentemente desvirtúan los objetivos confiados a la reglamentación y la restan eficacia.

Se pueden ilustrar los efectos de esta situación examinando lo que sucede en el ámbito de la agricultura. La Política Agrícola Común está en un proceso de reforma continua, y, se da el caso de que en las reformas de las organizaciones comunes de las producciones mediterráneas los instrumentos tradicionales de gestión del mercado se ven sustituidas por diferentes acciones canalizadas a través de las denominadas "organizaciones de productores". A falta de mayor definición, queda a la potestad de los Estados miembros la decisión de los criterios de calificación de las "organizaciones de productores". En este punto confluyen dos tipos de circunstancias que hacen que una buena parte de los fondos comunitarios destinados a los productores acaben en manos de otros agentes económicos.

Por una parte, es frecuente que los resultados de los consejos de ministros de Agricultura se evalúen en función de los fondos comunitarios que, después de las negociaciones se recibirán en cada Estado. Para mejorar la evaluación de los resultados el método más sencillo reside en facilitar el acceso a los fondos comunitarios aunque esto suponga una desviación de los objetivos confiados a la reglamentación. Por otra parte, y ante esta situación, el comercio y la industria se ven ante una situación óptima para constituir sus propias "organizaciones de productores" y acceder a financiación comunitaria para sus inversiones o para financiar su red de abastecimiento de materias primas. Naturalmente, este proceso lesiona los intereses de los productores.

El primer precedente vino dado hace diez años, por el reconocimiento de organizaciones de productores de frutos secos. Esto se tradujo en una pérdida de fondos para los productores. Sin embargo, son más reveladores los resultados de la reforma de la organización común del mercado de las frutas y hortalizas de 1996. En primer lugar, hay que constatar que dicha reforma permitió incrementar considerablemente el acceso a los fondos comunitarios por parte de los Estados con menor producción mientras que se redujo la de los Estados con mayor producción y del sur de la Unión Europea, y, en particular, de Grecia.

Por otra parte, la proliferación de "organizaciones de productores" atípicas, ha tenido como efecto que ciertas ayudas que deberían haber sido destinadas a los productores hayan finalizado en estructuras creadas por industriales o comerciantes. Además, esta situación ha provocado unas situaciones problemáticas que, en el caso de los limones, se han resuelto en retrasos de varios años en el cobro de las ayudas a la transformación destinadas a los productores. Por otra parte, resulta sorprendente constatar que, el conjunto de los cítricos la producción aumenta, pero la contratación para la transformación disminuye con lo que son las rentas de los productores las que se ven afectadas.

Sería necesario que dejásemos de realizar análisis simplistas basados en los euros que vienen de la Unión Europea y comenzásemos a analizar las políticas por su eficacia y por sus efectos. Sin embargo y ante todo, todos aquellos que desempeñamos algún papel en el juego institucional deberíamos velar por que se respetaran los contenidos de la Constitución española y las cooperativas y el conjunto de la economía social obtuvieran el lugar que les corresponde en la construcción europea.

Salvador Jové Peres es diputado del Parlamento Europeo por Izquierda Unida.