El fiscal dice que el dinero de Urbanor se repartió al antojo de 'los Albertos'

El fiscal del caso Urbanor, Emilio Valerio, afirmó ayer que Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, distribuyeron "a su antojo" el dinero que KIO pagó por adquirir las acciones del solar sobre el que se levantan las torres del mismo nombre. Y que ello se hizo así pese a que existía un acuerdo entre los socios de Urbanor que excluía una valoración distinta de las acciones. En la sesión del juicio de ayer, las acusaciones rechazaron la prescripción del delito de apropiación que pesa sobre los inculpados.

En la segunda sesión del juicio que se celebra desde el lunes en la Audiencia de Madrid por el caso Urbanor, el fiscal y los abogados de los supuestos damnificados, unos 50, rechazaron que estén prescritos los delitos de falsedad, estafa y apropiación indebida que se imputan a los Albertos y a Rafael Montes y Álvaro Álvarez. Contra el criterio de las defensas, los acusadores pidieron al tribunal que prosiga el juicio por la vía penal y que, en todo caso, se pronuncie en la sentencia sobre la prescripción de tales delitos. Los abogados de los inculpados reclamaron el lunes que se suspenda el juicio para que los jueces decidan sin esperar al fallo judicial. Valerio sostiene que no hay prescripción. Entiende que la querella contra los Albertos se presentó antes de transcurrir los cinco años fijados para estos delitos. Las defensas, por contra, opinan que sí hay prescripción, puesto que la admisión a trámite de la querella, para ellos la única forma de interrumpir el plazo legal, se produjo casi seis años después de consumado el supuesto delito. Los acusadores discrepan. Para éstos, el referente para ver si existe prescripción es la fecha de presentación de la querella y no cuando ésta se admite a trámite. Con todo, sitúan en 10 años, y no en 5, el periodo legal de prescripción, pues opinan que en los delitos que ahora se enjuician concurre la agravante de "múltiples perjudicados".

"Sobrerretribución"

El tribunal decidirá hoy, miércoles, si continúa el juicio. En caso afirmativo, las partes interrogarán a los acusados. El objetivo de la vista del caso Urbanor es dilucidar si los cuatro acusados se quedaron 4.342 de los 27.000 millones que finalmente KIO pagó a los accionistas por el codiciado solar. En 1987, los Albertos, según el fiscal, se comprometieron con sus socios a vender el solar y a obtener suculentas plusvalías, que lograrían tras recalificarlo merced a sus "influencias políticas". La querella se produjo cuando una parte de los socios de Urbanor supieron que sus acciones habían sido minusvaloradas respecto a las de los Albertos. Los abogados de los acusados explicaron el lunes que no hubo una sobrerretribución de acciones y que cada socio negoció por su cuenta el importe de su participación, así como la forma de cobro, que fue en metálico en unos casos y en acciones de Cartera Central, caso de los Albertos, en otros. Un abogado de la acusación admitió ayer que la venta del solar reportó millonarios beneficios a sus propietarios, aunque precisó "que a unos más que a otros". Respondía así al comentario que hizo el lunes el abogado de Alberto Alcocer, que señaló que la operación fue muy buena para todos, ya que se vendió por 27.000 millones un solar que había costado 1.300.