El Defensor del Pueblo solicita la construcción de un nuevo centro de detención de inmigrantes

El centro de internamiento de extranjeros del barrio de Moratalaz, donde se recluye con permiso judicial a los inmigrantes pendientes de expulsión del país por haber participado en actividades ilegales, vuelve a ser objeto de críticas. A las frecuentes denuncias de las asociaciones de inmigrantes y los sindicatos policiales sobre las deficiencias de este sótano, se suma ahora el Defensor del Pueblo. Esta institución reclama su clausura al Ministerio de Interior y es partidario de que se construya un nuevo centro "como única solución válida" a las carencias del actual. Interior estudia dedicar a ese fin el antiguo Hospital Penitenciario de Carabanchel, pero carece todavía de un plan concreto.

El Defensor del Pueblo recuerda en su última Memoria -la correspondiente a las quejas e iniciativas tomadas en 1999- que el centro, construido en 1988 en los sótanos de unas dependencias policiales, ha sufrido varios incendios "que ponen de manifiesto el peligro en que se encuentran tanto los internos como los agentes de policía que los custodian". En la actualidad en estas dependencias con capacidad para 60 personas están recluidas 41, según informaron fuentes policiales el pasado viernes.Tras una visita al recinto, la institución del Defensor del Pueblo reconoce que la Delegación del Gobierno de Madrid ha renovado la instalación eléctrica, los sanitarios y las alarmas contra incendios y ha sustituido el techo de escayola por otro de estructura metálica. Pero la institución que actualmente encabeza Enrique Múgica considera que las reformas "son insuficientes" y concluye que "la única solución válida es la construcción de un nuevo centro".

El antiguo Hospital Penitenciario de Carabanchel es el espacio previsto por Interior para albergar en el futuro el centro de internamiento de extranjeros, además de instalar allí también la comisaría del distrito de Latina y la Brigada de Documentación y Extranjería. Pero, según fuentes de la Delegación del Gobierno, "se está trabajando en el proyecto, pero por ahora no hay nada concreto".

Con la actual Ley de Extranjería, en vigor desde el pasado febrero, el internamiento previo a la expulsión del país se reserva sólo a los extranjeros (tengan o no permiso de residencia) que hayan participado en actividades ilegales, contrarias al orden público o a la seguridad exterior del Estado, o que hayan promovido, favorecido o facilitado la inmigración clandestina con ánimo de lucro.

La actual normativa castiga la falta de permiso de residencia con una multa, pero no con la expulsión. Es la policía quien solicita el internamiento (que no puede durar más de 40 días) al juez y éste quien decide si procede adoptar o no esa medida.

En los últimos años, el centro de Moratalaz ha sufrido varios incendios provocados por los internos y al Defensor del Pueblo también le han llegado quejas de malos tratos policiales. En septiembre de 1999, 17 inmigrantes recluidos en este recinto se declararon en huelga de hambre para reclamar una agilización de los trámites legales de expulsión sin estar obligados a permanecer tantos días encerrados. Más recientemente -hace dos semanas-, cuatro internos se fugaron del recinto tras burlar la vigilancia.

Las denuncias sobre las carerencias de este centro vienen de lejos. En 1995 varios diputados regionales de IU, PSOE y PP que visitaron estas dependencias las calificaron de lugar "deplorable", "demencial" y "sin condiciones mínimas", ya que se trata de un espacio sin luz natural, con deficiente aireación y falta de espacio. También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha criticado a menudo las condiciones de este servicio, lo que provoca tensión y hostilidad en los internos.

Asimismo, el Colegio de Abogados de Madrid elaboró en 1999 un informe donde se destacaban las deficiencias de varios centros de internamiento españoles, entre ellos el de Madrid. Denunciaban la carencia de asistentes sociales, la precaria asistencia sanitaria y el "escaso" régimen de visitas.

Estos centros nacieron para evitar que los extranjeros pendientes de expulsión del país fueran sometidos al régimen carcelario. Pero los letrados del colegio madrileño critican que, al final, estos recintos son menos garantes de los derechos constitucionales del extranjero porque el auto de internamiento en ellos -que dicta un juez a petición de la policía- "se reduce a un trámite burocrático, lo que es algo impensable en un auto de ingreso en prisión".