La familia de Luis Portero se queja del "trato injusto" dado a los fiscales
La familia de Luis Portero, el fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA en Granada el 9 de octubre, se quejó ayer en una carta abierta del "trato injusto" relativo a la seguridad personal que reciben del Ministerio del Interior los fiscales respecto a los jueces. La viuda y los hijos se preguntan por qué el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, sí disponía de escolta y Portero no. La Junta de Andalucía confirmó ayer que los guardaespaldas de Méndez de Lugo pertenecen a la policía autonómica.
Interior no dispuso tampoco escolta personal para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Méndez de Lugo solicitó protección personal hace dos años a la Consejería de Gobernación bajo el argumento de que representaba la máxima autoridad del poder judicial y que, por tanto, debía recibir un trato similar al de los presidentes del Gobierno y del Parlamento andaluces. Gobernación aceptó este razonamiento y puso a su disposición agentes de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad, según confirmó ayer el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Jesús Quero.Portero, en cambio, no solicitó nunca protección personal al Gobierno andaluz, que sólo tiene transferidas las competencias sobre recursos materiales y humanos en Justicia. En ningún caso la Junta tiene responsabilidades sobre la seguridad de los miembros de la judicatura, aunque la concediera a Méndez de Lugo. Portero, tal como recordó la familia en la carta remitida ayer a las agencias informativas de Granada, se dirigió en dos ocasiones al jefe superior de policía de Andalucía Oriental, Enrique de Federico, que se limitó a incluirlo dentro de un plan de contravigilancia general.
Los familiares plantean de nuevo por qué la "máxima autoridad judicial de Andalucía" sí tenía "tres turnos de escolta veinticuatro horas al día y coche blindado y la máxima autoridad de la carrera fiscal no disponía de las mismas medidas de seguridad".
"¿Por qué [se le incluyó en un plan de] contravigilancia si lo que se había solicitado era protección personal? ¿Para qué sirve la contravigilancia si no existe la protección personal? ¿Qué criterios siguió el Ministerio del Interior para denegar esa protección personal?", se preguntan los firmantes.
La viuda y los hijos de Portero contradicen, sin citarlo, al delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, quien aseguró que en una entrevista que mantuvo con el fiscal jefe en septiembre pasado éste se mostró "tranquilo" con las medidas adoptadas. "¿Cómo puede sentirse tranquila una persona que por escrito manifiesta su inquietud y preocupación ante los acontecimientos que se han venido produciendo en Andalucía?", plantean los herederos. "Esperamos que algún día se nos dé respuesta a todos estos interrogantes", advierten.
Por su parte, y según informó ayer la agencia Efe, el jefe superior de policía de Andalucía Oriental, Enrique de Federico, ha transmitido a los fiscales de Granada y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consejos para su protección personal, en una reunión celebrada esta tarde en la sede del Alto Tribunal andaluz.
Dos horas de reunión
El encuentro, convocado ante la preocupación expresada por los fiscales tras el atentado de ETA que acabó con la vida del fiscal Luis Portero, se desarrolló ayer durante dos horas con la asistencia de una veintena de miembros del Ministerio Público.Según informaron varios fiscales presentes en la reunión, Enrique de Federico, acompañado de un mando de la Brigada de Información de la Policía Nacional, informó a los asistentes sobre el modo de actuación de los comandos de la banda terrorista y les explicó las medidas de prevención para protegerse de posibles atentados. Las mismas fuentes indicaron que la reunión con el jefe superior de policía -que fue aplazada el pasado lunes- es ajena a las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para averiguar por qué Luis Portero carecía de escolta personal a pesar de haberla solicitado.
En dichas diligencias se prevé que los fiscales soliciten la declaración de mandos policiales, entre ellos Enrique de Federico, y del delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, para conocer el motivo por el que le fue denegada a Portero la escolta personal y, en su lugar, se puso un servicio de contravigilancia.
