Siete autonomías exigen una moratoria de la ley del Menor

Sin recursos

Los consejeros de Justicia de las siete comunidades (Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias y Navarra) que tienen competencias sobre esta materia exigieron ayer al Gobierno central que retrase la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que debería entrar en vigor en enero. Los consejeros, tras una reunión en Sevilla, pidieron una moratoria parcial que afectaría a la aplicación de la norma en delitos cometidos por jóvenes de entre 18 y 21 años "en tanto se debaten los aspectos financieros que posibiliten la adecuada aplicación de esta ley". La norma supone la construcción de nuevos centros de reforma y la incorporación de más recursos humanos y técnicos a juzgados y fiscalías de menores: con la ley del Menor, la Administración debe garantizar asistencia y centros específicos para los jóvenes que cometan delitos o infracciones entre los 14 y los 21 años; de hecho, la aplicación de la norma debería llevar al sistema de reforma a aquellos internados en centros penitenciarios por delitos cometidos con menos de 21 años.

El Ejecutivo central se comprometió a realizar un estudio sobre el impacto económico en cada comunidad, pero ante la proximidad de la entrada en vigor de la ley, las siete comunidades insisten en una moratoria parcial inmediata. Sólo en Andalucía, la aplicación de la ley de Menor requiere una inyección extra de 15.300 millones.Los siete consejeros (entre ellos dos del PP) también se pusieron de acuerdo en reclamar la gestión de los depósitos y fianzas en juzgados de su ámbito territorial. Durante un tiempo, la Junta se negó a devolver estos depósitos, pero el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional para evitar esta situación.