El Banco de España atribuye a Economía la facultad de solucionar la 'rebelión' de las cajas

La adaptación de los estatutos de las cajas de ahorros a la nueva ley autonómica es una cuestión "que recae en el ámbito competencial propio de la Junta de Andalucía". El Banco de España, en un escrito del 2 de agosto, aclara así cuál es la administración competente para solucionar la situación de rebelión en la que se colocaron cuatro entidades andaluzas al rechazar la modificación de sus estatutos en el plazo legal (que expiraba el pasado 30 de junio). La autoridad monetaria sólo exige que la Consejería de Economía le mantenga informado de "las medidas que pudiera estudiar la Junta".

La Junta decidió en verano esperar a la celebración de una segunda vuelta de asambleas en las cuatro cajas insumisas. Los órganos de gobierno de Caja San Fernando y El Monte se reunirán a final de mes, mientras que La General ya rectificó el dictamen de junio y avaló hace dos semanas la adaptación a la ley. Por el contrario, la asamblea de Caja de Jaén volvió a rechazar la modificación de su norma interna, lo que ha llevado a la Consejería de Economía a corregir por su cuenta aquellos artículos de los estatutos de Caja de Jaén que contradicen lo dispuesto en la ley. La opción escogida por Economía para acabar con la situación de alegalidad en la que se encontraba Caja de Jaén (el Consejo de Administración de la entidad reclamó incluso el auxilio de la Junta), mereció fuertes críticas del Partido Popular: el secretario regional de los populares, Antonio Sanz acusó el viernes al departamento dirigido por Magdalena Álvarez de situarse "fuera de la ley". La legitimidad de la Junta para actuar en esta cuestión, sin embargo, no es puesta en duda por la autoridad monetaria.

El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, envió en agosto una misiva a la Junta en la que se abordaba la situación del sistema financiero andaluz tras la rebelión de cuatro cajas. Tras constatar que sólo Unicaja había cumplido con la adaptación de estatutos que marca la ley -la asamblea de CajaSur no planteó el tema, al estar pendiente de un recurso ante el Tribunal Constitucional-, Caruana señala que "los citados hechos afectan de lleno a la legislación de órganos rectores de las cajas aprobada por esa Comunidad y recaen por tanto en el ámbito competencial propio de la Junta de Andalucía".

Álvarez, al anunciar el viernes su decisión de rehacer los estatutos de Caja de Jaén, aseguró que tal medida se establecía "con un respeto escrupuloso de la ley". Para actuar así, la Consejería se basa en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía y las disposiciones generales de la ley de Cajas que confieren a Economía la facultad de "ejercer el protectorado y el control público" de estas entidades financieras.

El Banco de España también aclara en este escrito hasta donde llegan sus competencias de tutela financiera de las cajas de ahorros. "A fin de prevenir los posibles efectos negativos que estos hechos podrían llegar a ocasionar a la imagen y solvencia de las cajas -aspecto este último cuya supervisión sí compete al Banco de España-, te ruego nos mantengas informados de la evolución del proceso de adaptación, así como de las medidas que, en su caso, pudiera estudiar la Junta de Andalucía", pide Caruana en su contestación a la consejera.

Solvencia financiera

El ámbito de competencia del Banco de España se limita, según se desprende de la carta, a aquellas medidas que pongan en peligro la solvencia de las cajas; la Consejería, por su parte, mantiene que su actuación para modificar los estatutos de Caja de Jaén busca solucionar una situación de irregularidad administrativa. La Junta, en correspondencia al requerimiento de información realizado por el Banco de España, habría informado ya a esta institución de su actuación en Caja de Jaén, según fuentes de Economía. Un portavoz del Banco de España rehusó confirmar ayer si la autoridad monetaria había recibido comunicación alguna del Gobierno andaluz o de la caja jienense. "La información sobre entidades financieras es confidencial", adujo el portavoz.

La carta de Caruana evidencia además que la autoridad monetaria y financiera está al tanto de la situación. "El Banco de España ha venido siguiendo con lógica preocupación el desarrollo del proceso a que venimos haciendo referencia, cuyas consecuencias potenciales para el sector obligan, a nuestro juicio, a buscar soluciones que concilien el obligado respeto a la legalidad vigente con la prudencia que debe presidir un proceso de adaptación como el que nos ocupa", apunta el gobernador.