El Gobierno da por cerrado el conflicto del gasóleo con un coste de 120.000 millones

Las asociaciones de transportistas han puesto punto final al conflicto iniciado el pasado lunes tras lograr que las empresas cargadoras (los clientes de los camioneros) acepten subir un 10% las tarifas que les abonan. Un compromiso prácticamente cerrado a las tres de la madrugada de ayer y firmado la pasada tarde, que se une al pacto entre el Ministerio de Fomento y los transportistas que recoge unas ayudas de 52.900 millones de pesetas.

Las asociaciones de transportistas han puesto punto final al conflicto iniciado el pasado lunes tras lograr que las empresas cargadoras (los clientes de los camioneros) acepten subir un 10% las tarifas que les abonan. Un compromiso prácticamente cerrado a las tres de la madrugada de ayer y firmado la pasada tarde, que se une al pacto entre el Ministerio de Fomento y los transportistas que recoge unas ayudas de 52.900 millones de pesetas. Esas compensaciones por el alza del gasóleo que han sido negociadas por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (engloba a las asociaciones del transporte de mercancía y viajeros, y taxistas), se suman a las concedidas por el Gobierno a agricultores y pescadores. En total, las rebajas fiscales pactadas tienen un coste de unos 120.000 millones de pesetas (incluido el coste presupuestario de las bonificaciones para los tipos de interés de los 92.000 millones de pesetas en créditos blandos), según los datos facilitados ayer por el secretario de Estado de Economía, José Folgado.La discusión más laboriosa ha sido la entablada a lo largo de más de 30 horas, y con 50 personas sentadas en la mesa, entre el Comité Nacional del Transporte y los representantes de las tres asociaciones de empresas cargadoras: Sonia Juárez (por Aeutransmer, que agrupa a grandes empresas que mueven un alto volumen de mercancías), Antonio Tascón (Transprime, pequeñas y medianas empresa) y Enrique Boigues (Aecoc, grandes superficies). Se trata de las tres organizaciones de cargadores que hay en España, encuadradas en la patronal CEOE, y que tienen su mayor representatividad delegada de empresas del comercio, supermercados, grandes almacenes y metal.

Los dos sectores de cargadores y transportistas, atomizados en decenas de asociaciones, mantenían un enfrentamiento enconado desde enero. De ahí que ambas partes hubieran solicitado la mediación de Fomento, que a su vez tenía el pacto sobre ayudas fiscales condicionado a sacar adelante un compromiso sobre subida de tarifas.

Tras el arduo debate entre transportistas y cargadores, con algunos conatos de ruptura, la revisión de precios prevé un aumento del 10% sobre los niveles de 1999 para las empresas vinculadas por convenios (el 70% entre verbales y escritos). Las empresas que ya hayan aplicado alguna subida este año, pueden completarla hasta el 10%. Las empresas cargadoras que no tengan convenio con los transportistas deben tener en cuenta para poner al día las tarifas que los transportistas han tenido un aumento de costes del 14,8% desde principios de 1999 hasta ahora. Se trata en todo caso de unas cifras que las asociaciones de cargadores "se comprometen a promocionar activamente y recomendar", pero que no tienen ninguna base normativa vinculante.

Los pactos han sido firmados por los representantes del 94% de los transportistas asociados al comité nacional, quienes a las tres de la tarde de ayer dieron por concluida la huelga, prevista en principio hasta las doce de la noche. Tres asociaciones minoritarias (Uniatramc, Fedatrans y Fetransa) no suscribieron los documentos y rechazan los compromisos de las asociaciones de cargadores, y otra denominada Comité de Paro, mantiene la huelga indefinida.

Esa falta de unanimidad le parece democrática al ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que hizo de mediador y pudo firmar los pactos pese a que la tarde anterior tuvo una indisposición que le obligó a retirarse. Su mediación era trascendental si quería hacer efectivo el acuerdo con los transportistas y apuntarse el éxito. El ministro aseguró que, además de las ayudas fiscales, se han logrado establecer medidas para resolver problemas estructurales y "erradicar la competencia desleal, con prácticas como transportar cargas por encima de los límites o conducir más horas de las legales". De hecho buena parte del documento recoge compromisos para cumplir las normativas de seguridad vial, legislación laboral, utilización de contratos y de facturas con los requisitos debidos, o inspección y control de conductas lesivas. El Gobierno ha asumido "un compromiso político" de estudiar la implantación del gasóleo profesional.