El fiscal rebaja a un año la petición de pena para los nueve acusados de fraude en el voto por correo

El juicio a los nueve militantes del Partido Popular acusados de un presunto fraude en el voto por correo, descubierto en las elecciones municipales de 1991, dio ayer un nuevo giro. El fiscal Juan Pérez Martínez retiró la imputación de delito electoral a tres de los implicados, para los cuales había solicitado penas de nueve años de cárcel. Mantuvo, eso sí, la acusación de falsedad contra todos ellos, pero en condición de particulares y no de funcionarios públicos, como anunció en un principio. Por esta razón, rebajó sus peticiones y solicitó para los nueve militantes un año de prisión y multa de 60.000 pesetas.

Petición de IU

La de ayer era la cuarta jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal solicitaba para Guillermo Núñez Vaquero, Esperanza Márquez Gómez y María del Pilar Rodríguez penas de nueve años de prisión por un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento oficial. Los otros acusados se enfrentaban a una petición de dos años de cárcel. Las defensas insisten en la inocencia de los imputados. El fiscal decidió modificar sus escritos acusatorios. Retiró la imputación de delito electoral -aunque cree que fue come-tido- porque, según explicó ante el tribunal, en el año 1991 los acusados no cometieron el delito en calidad de funcionarios públicos, sino como particulares. La Ley Electoral en esa época, señaló, no sancionaba tales casos.

Lo que sí mantuvo el representante del Ministerio Público fue la acusación de falsedad en documento oficial para los nueve militantes del PP, también en calidad de particulares. Solicitó para todos ellos un año de prisión menor, la imposición de una multa de 60.000 pesetas y seis años y un día de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. En su escrito, el fiscal sostiene que los implicados falsearon la firma del notario Alberto Ballarín para legitimar 3.366 votos. Además, se saltaron la normativa electoral y votaron al PP en nombre de personas supuestamente incapacitadas.

Para delegar en otros la tramitación de un voto postal (no para votar, pues eso es personal e intransferible) es necesario que un notario dé fe de ello y lo certifique con su firma. En aquellas elecciones el PP alcanzó la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, pero el margen de votos que obtuvo el Partido Popular fue muy superior a los más de tres mil supuestamente falsificados.

El fiscal argumentó en sus conclusiones finales que los acusados, evidentemente, "falsearon la firma del notario", pero que a lo largo de la vista ha sido imposible determinar quién fue la persona que "materialmente lo hizo".

Durante su intervención, el representante del Ministerio Público hizo énfasis en la excesiva demora en la celebración de este juicio (han transcurrido ya nueve años). En su opinión, esta situación debe atribuirse a las "dilaciones de la defensa". "Quizá la respuesta penal pueda ser injusta, dado el tiempo que ha pasado. Cinco años -cuando llegó el sumario a la audiencia- es un tiempo suficiente para que la gente pierda la memoria", indicó.

La acusación particular, representada por la coalición Izquierda Unida, también expuso sus conclusiones definitivas. El letrado Juan Francisco Pla solicitó seis meses de arresto y 300.000 pesetas de multa para Ricardo Hurtado, María Paloma Pérez Montero y María Antonia Astudillo López (hermana del ex concejal del Ayuntamiento de Madrid José Gabriel Astudillo) como culpables de un delito electoral. Para María Asunción de la Peña mantuvo la petición de un año de prisión por falsedad en documento oficial. En cuanto al resto de los acusados, Pla solicitó que se sostenga la pena de arresto y multa siempre y cuando se acredite que eran apoderados del Partido Popular. De lo contrario, se retirará la solicitud.La abogada que representa al notario Alberto Ballarín, Beatriz de la Cuesta, por su parte, retiró la acusación de falsedad en documento público. La letrada argumentó que no niega que la falsificación de la firma de Ballarín hubiese existido, pero que "ha sido imposible averiguar la mano autora". De la Cuesta considera que se cometió un delito electoral cuya pena deberá rebajarse en un grado por el atenuante de que los acusados no eran funcionarios públicos.

La acusadora en representación de Ballarín aseguró que no duda que los militantes del PP juzgados "introdujeron las papeletas en el sobre". Y agregó: "Ese trámite debe hacerse de forma personal". Esta acusación solicita seis meses de arresto mayor, multa de 300.000 pesetas e inhabilitación especial del sufragio activo y pasivo durante el tiempo que dure la condena.

Los abogados de la defensa solicitaron la absolución y hoy expondrán sus informes ante el tribunal presidido por el magistrado José Manuel Maza. El juicio quedará así visto para sentencia.