Agua, ¿ninguna solución? FELIP PUIG I GODES

Cada problema exige la mejor de las soluciones posibles en el momento de tomar la decisión, y existen episodios en los que posponer una tal decisión es una actitud más bien irresponsable. Los individuos solemos actuar a partir de estas dos premisas en muchos de los hechos que acontecen en nuestra vida cotidiana; y así debe actuar también el gobierno de un país cuando se trata de defender el interés general de sus ciudadanos: los del presente y los del futuro.Quienes critican airadamente a la Generalitat por apoyar la pronta aprobación de un plan hidrológico o no son conscientes de la dimensión y la gravedad del problema al que nos enfrentamos, o no han entendido cuál es exactamente la postura y la acción global del Gobierno de Cataluña en esta delicada cuestión, o bien han optado por hacer de la demagogia y la confusión un fácil recurso para generar desapegos y conflicto político. No digo que las decisiones adoptadas por políticos y gobernantes no deban ser puestas en duda o no puedan ser objeto de crítica. Es lógico y absolutamente necesario que sea así. Lo que quiero decir es que en determinadas cuestiones nadar y guardar la ropa, como hacen algunos opinantes de luxe, puede llegar ser una actitud éticamente condenable o, cuando menos, estéticamente poco recomendable. Cargar sin tener en cuenta todos y cada uno de los vectores de un problema con un barniz de carácter técnico muy considerable, sin ofrecer alternativa alguna o apelando a soluciones poco o nada acomodables a las condiciones de la realidad presente, no pasa de ser un ejercicio de petulancia. El problema del agua, desgraciadamente, se presta con demasiada frecuencia a ese juego. Por todo ello, resulta conveniente hacer algunas precisiones.

En primer lugar, en ningún momento el Gobierno de Cataluña ha dado un sí gratuito y sin condiciones al proyecto de Plan Hidrológico presentado por el Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno de la Generalitat se felicita, eso sí, de que por primera vez en más de quince años se hayan puesto sobre la mesa la globalidad de los problemas que existen en torno a un recurso escaso y estratégicamente esencial tanto para el crecimiento de un país como para su desarrollo sostenible. En segundo lugar, puesto que la distribución y disponibilidad de agua precisa hoy soluciones inmediatas, la posibilidad de un trasvase debe ser vista como una respuesta nada despreciable para hacer frente a las necesidades presentes, pero en ningún caso como la única. Aparte de los 200 hectómetros cúbicos de agua que obtendríamos vía trasvase según las previsiones del Plan Hidrológico, el déficit hídrico de las cuencas internas de Cataluña -estimado en unos 300 o 350 hectómetros cúbicos anuales- será compensado también con las tres plantas desalinizadoras proyectadas por el Departamento de Medio Ambiente (60 hectómetros cúbicos), mediante un mayor aprovechamiento de las aguas depuradas (50) y a través de una más eficaz interconexión de las redes (30). Olvidar estas acciones, que van a suponer un esfuerzo presupuestario importante, y centrar el debate sólo en la polémica del trasvase no puede tener otro calificativo que el de malintencionado.

En tercer lugar, se trata de un debate en el que es preciso hablar tanto de cantidades como de calidad del agua. La nueva directiva europea del agua marca un hito importante al fijarse el objetivo de un equilibrio eficiente entre ambos. Hablar de calidad o de caudales ecológicos implica hablar igualmente de hectómetros cúbicos. La recuperación de los acuíferos más sobreexplotados del país o el retorno, por ejemplo, de una parte importante del caudal cedido por la cuenca del río Ter no sería posible, hoy por hoy, sin hablar de cantidades.

Es bien sabido que para la Generalitat de Cataluña una solución a largo plazo -y muy probablemente definitiva- se centra en un trasvase del Ródano. Las necesidades presentes y futuras de nuestro país podrían cubrirse con el agua procedente de un río sin problemas de estiaje y cuyo caudal no se vería afectado en absoluto. Romper el mito de la actual frontera administrativa en un tema como el del agua debería ser un paso más en el camino de integración europea y aplicación de criterios de sostenibilidad. Es así de simple. No se trata de una oscura coalición de intereses entre agricultores sedientos, ingenieros astutos ypolíticos megalómanos, como parecen ver aquellos que siempre acuden al fácil recurso de la descalificación a priori.

El trasvase de 200 hectómetros cúbicos del Ebro para Cataluña es una solución parcial y que precisa de matices y condiciones importantes, pero nada desdeñable porque en ningún caso va a suponer perjuicios de ningún tipo. No está claro, en cambio, si el Ebro va a soportar con tanta tranquilidad la extracción de 800 hectómetros cúbicos destinados a abastecer los territorios de Valencia, Murcia y Andalucía. Como tampoco está claro que este volumen vaya a significar ni siquiera un balón de oxígeno para los cultivos de esas comunidades. En este punto, la posición de la Generalitat es bien clara: no aceptar un proyecto que suponga aportar escasos beneficios a unos territorios en detrimento mayor de otros. Nuestro punto de partida es bien distinto: nadie debe salir perdiendo y, si es posible, todos han de salir ganado. Si el Plan Hidrológico resultante del debate actual garantiza esta filosofía, el Gobierno de Cataluña va a darle su apoyo, pues supone un avance sustancial.

No debe salir perdiendo, sino que debe salir ganando el mismo río, y lógicamente el delta. En este sentido, el Plan Hidrológico deberá establecer un caudal ecológico suficiente para mantener la calidad de los ecosistemas fluviales e impedir la regresión o la intrusión salina. Deben ganar las gentes de las tierras del Ebro. El trasvase no ha de poner en peligro las necesidades de agua para el desarrollo presente y futuro de la región. Deben preverse las inversiones y compensaciones que permitan la creación de infraestructuras que impulsen la riqueza en la zona.

El problema del agua no es nuevo. Es más bien un viejo problema que precisa soluciones inmediatas. Por ello, no debemos instalarnos en la polémica fácil. Es tiempo de debatir sobre necesidades básicas de la sociedad, no de discutir sobre trivialidades disfrazadas de verbo elegante.

Felip Puig i Godes es consejero de Medio Ambiente. consellerpuig@correu.gencat.es