Investigados por corrupción líderes de Forza Italia y del antiguo PCI

La detención el jueves de un consejero de la Junta de Lombardía de Forza Italia, y de otros ocho empresarios, profesionales y funcionarios públicos por haber pagado o haber recibido comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas, ha levantado una polvareda política en Italia, en plena precampaña electoral. La noticia, recogida en primera página por los principales diarios y los noticieros de televisión como el "regreso de Tangentopoli", se produjo apenas 24 horas después de que la Fiscalía de Palermo condujera una operación similar que se saldó con la detención de 16 personas y ha salpicado a dos cargos regionales del partido de los Demócratas de Izquierda (DS, antiguo PCI). Uno y otro caso de corrupción están relacionados con la adjudicación irregular de obras públicas. En el caso de Sicilia están implicadas las llamadas "cooperativas rojas" -es decir, empresas gestionadas por el PCI en el pasado, hoy por los DS- y la Mafia, verdadero gobierno en la sombra de la región. El caso lombardo se refiere a la adjudicación de obras públicas para resolver las graves deficiencias que pusieron en evidencia las inundaciones de finales de 1996 y principios de 1997. Entre las empresas beneficiarias figura la del padre del consejero de la Junta lombarda Massimo Gianluca Guarischi, de 36 años, encarcelado el jueves. De acuerdo con la investigación judicial, Guarischi no cobró comisiones, pero sí habría ofrecido determinados favores a cambio de que fuera seleccionada la empresa paterna.

Portavoces de Forza Italia han condenado la intervención de los jueces de Milán como puramente teatral e intimidatoria, porque la investigación se remonta a marzo pasado, y ni Guarischi ni ninguno de los ocho imputados han hecho ningún intento de escapar. La protesta del centro-derecha contrasta con el silencio de las fuerzas afines al Gobierno, que han encajado sin pestañear el incidente siciliano y han reclamado "que se haga luz" en el caso. En realidad, la investigación que ha llevado adelante la oficina del fiscal de Palermo, Piero Grasso, parte de 1995 y se sustenta sobre las confesiones de un arrepentido de la Mafia, Angelo Siíno, conocido como el cajero de Salvatore Totó Riína, máximo jefe de la organización hasta su detención en 1993, quien aseguró que la adjudicación de algunas obras públicas se produjo en perfecta sintonía con las decisiones de la cúpula mafiosa, los empresarios y las cooperativas rojas. Los dos principales implicados (aunque no detenidos) son Domenico Giannopolo, diputado regional y alcalde de una pequeña localidad, y el ex miembro de la dirección local del partido Gianni Parisi.