El culebrón político de TV-3
Miquel Puig, director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), ha logrado desde su nombramiento, en la primavera pasada, la aprobación de los miembros del Consejo de Administración -designados por los partidos políticos- y, en general, de los trabajadores de la televisión y la radio autonómicas hacia su gestión. Salvo en una cuestión: la sustitución de Lluís Oliva y Joan Maria Clavaguera al frente de TV-3 y Catalunya Ràdio, respectivamente. El relevo de los dos directivos, que se ha convertido en un culebrón político, no es asunto baladí. Es una medida que los consejeros de ideología progresista y los trabajadores consideran imprescindible para abordar con garantías una nueva etapa de despolitización de los medios públicos en Cataluña, a la que se habían comprometido todas las formaciones parlamentarias y reclaman con insistencia las organizaciones profesionales.Tan importante lo consideran que antes de las vacaciones dieron carta blanca a Puig para que maniobrase a sus anchas con el compromiso de que no darían publicidad a sus exigencias de renovación, siempre que no se eternizara en la sustitución de Oliva- muy próximo al entorno familiar de Jordi Pujol- y de Clavaguera.
El verano ha pasado y, desde hace unos días, tanto en el consejo como en TV-3 se da por segura la marcha de Oliva -a quien se le habría encontrado una salida profesional que no ha trascendido- y del gerente de la cadena, Oriol Carbó, aunque nadie quiere aventurarse a hablar libremente de ello, "para que las cosas no se estropeen y se produzca un nuevo retraso", en palabras de un consejero. Son muchos los que temen que si trasciende la noticia de los relevos, desde la plaza de Sant Jaume volverán a paralizarse, como ya sucedió en mayo cuando el Gobierno de CiU congeló los cambios previstos en las cúpulas de los medios después de que el líder socialista Pasqual Maragall los hubiera reclamado.
Pero la situación no es ahora la misma.. Los consejeros designados por la oposición creen que, pasado medio año desde la incorporación de Puig y bastantes meses más desde el debate parlamentario sobre los medios públicos, ya urgen los cambios en la cúpula de TV-3 y Catalunya Ràdio -máxime cuando entre tanto se ha producido la dimisión como director general de COM Ràdio de Enric Sopena-, y esperan que en la reunión del Consejo de Administración prevista para hoy se aborde el espinoso asunto de la sustitución de Oliva y de Carbó -se cree que el recambio de Clavaguera no está decidido aún-, aunque el tema no figura en el orden del día.
Hasta el momento Puig no se ha manifestado en público a favor de relevar a Oliva y a Clavaguera de sus cargos. Es más, el pasado junio pidió a los diputados de la oposición que no le condicionaran "sobre los equipos". Sin embargo, pocos días después incorporó a un técnico experto en salvar empresas ajeno al sector audiovisual, Josep Ferrer Pagès, como adjunto al director general.
Ferrer se instaló en los estudios de TV-3, en Sant Joan Despí, con la misión de abordar la aplicación de la reforma de la televisión y la radio autonómicas de acuerdo con el plan de viabilidad elaborado por Miquel Puig, que recibió el apoyo unánime de todos los miembros del Consejo de Administración. En estos meses, Ferrer ha hecho un trabajo que consejeros y trabajadores de TV-3 coinciden en calificar de "bien hecho". Hasta el punto de que unos y otros verían con muy buenos ojos que asumiera la dirección de la cadena, y que se pusiera al frente de los dos canales a profesionales del propio medio.
Si bien todos los consejeros consultados se muestran extremadamente cautelosos a la hora de hablar de los cambios en la dirección de TV-3 y Catalunya Ràdio y de su calendario, algunos de ellos recuerdan que la primera semana de octubre -del 3 al 5- se celebrará en el Parlament el debate de política general, y advierten de que no sería bueno llegar a esa fecha con los relevos pendientes, ya que la cuestión podría convertirse en un arma arrojadiza de la oposición hacia el Gobierno, que sesría acusado de haber roto el consenso sobre la neutralidad de los medios públicos catalanes que se alcanzó por unanimidad.
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