La Junta acuerda llevar al Constitucional el decreto del Gobierno que regula las concesiones de la ITV

El Consejo de Gobierno acordó ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la liberalización de las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar el pasado mes de junio, junto con los decretos de horarios comerciales y suelo. Según explicó el portavoz de la Junta, Rafael Camacho, la nueva regulación invade las competencias autonómicas en materia de industria y ocasiona "efectos muy negativos" al sector. El Gobierno andaluz se mostró también en contra de tres proposiciones de ley parlamentarias de PP e IU sobre asuntos sobre los que ya existe un anteproyecto del Ejecutivo en la Cámara o están en vías de ultimarse.

Camacho anunció que el gabinete de Manuel Chaves formalizará el recurso la semana próxima, en sintonía con las medidas que han tomado o están a punto de hacerlo otras comunidades autónomas, como Aragón, Cataluña y Asturias. Según el portavoz, la liberalización de la ITV -contenida en el Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio- vulnera el marco competencial de la Junta en materia de seguridad industrial, a la vez que puede ocasionar, entre otros efectos negativos, la modificación del marco legal de las concesiones vigentes.Explicó que el sistema de ITV de Andalucía se canaliza por ocho empresas concesionarias durante 20 años, que gestionan 43 estaciones, y la empresa pública Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía) en las zonas libres de concesiones. El sector factura 4.898 millones de pesetas anuales y da empleo a 500 trabajadores, que realizan dos millones de inspecciones al año. Además, añadió el portavoz, mientras la tarifa media de Andalucía es de 3.200 pesetas por inspección, la española es de 5.000 pesetas, la de Alemania, 11.000, y la de Reino Unido, 20.000 pesetas.

Rafael Camacho aseguró que la nueva norma pone en peligro el equilibrio económico de Veiasa al modificarse el régimen de exclusividad y provocaría la aparición de fenómenos de dumping, al eliminar las tarifas para sustituirla por precios máximos "en detrimento de la calidad de las inspecciones". Agregó que también se conculca el principio de igualdad al suprimir la incompatibilidad de la prestación del servicio de ITV con la de ser socio o directivo de talleres de reparación de vehículos.

El portavoz aseguró que la posición de la Junta está avalada por los principales agentes del sector, consumidores, sindicatos, informes técnicos de la Junta, varios despachos de abogados y el Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña. Entre los argumentos para sostener el recurso, además de la invasión competencial, el Gobierno alegará que no se dan los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constitución española para utilizar la fórmula del decreto ley y no la de ley, cuya tramitación requiere el debate y aprobación del Congreso de los Diputados.

Camacho ironizó con el hecho de que la liberación de la ITV fuera incluida en el decreto de telecomunicaciones: "No sé qué tiene que ver, lo harían por operatividad, para no aprobar un montón de decretos a la vez".

Por otra parte, el Consejo de Gobierno expresó su "criterio contrario" a la tramitación de las proposiciones de ley de carreteras, fomento, coordinación de la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, presentadas por el PP, y la de igualdad de las parejas de hecho, presentada por IU.

El portavoz explicó que el Gobierno ha enviado recientemente al Parlamento el anteproyecto de ley de carreteras y está casi terminado el de fomento y coordinación. "Además de que en la iniciativa del PP hay párrafos literalmente reproducidos del anteproyecto el Gobierno, incluye medidas que suponen un incremento del gasto sin justificación", dijo Camacho. Con la proposición de ley de parejas de hecho de IU ocurre lo mismo: la Junta tiene un borrador muy avanzado, además de que el de IU vulnera competencias estatales.