La prolongación de Blasco Ibáñez

Los vecinos del Cabanyal-Cayamelar agrupados en la plataforma Salvem se han movilizado más si cabe estos días pasados para defender sus derechos frente a la prolongación del paseo Blasco Ibáñez. Se había cumplido, a su parecer, el plazo para que se decidiese una resolución -sin duda favo-rable- que les liberase de la espada de Damocles que pende sobre sus viviendas y, por otra parte, constataban la desaparición de un informe adverso al proyecto urbanístico que se contenía en el expediente sobre este asunto, tramitado en la dirección general de Promoción Cultural y Patrimonio. Esta beligerancia, principalmente mediática y administrativa, ha culminado en una querella por prevaricación contra la titular del citado organismo, Consuelo Ciscar.Poco o nada podemos objetar al fundado deseo vecinal de que las instancias responsables y llamadas a definirse -decimos de la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento de Valencia- decidan de una vez por todas en qué queda el discutido Plan Especial de Protección y Reforma de los mencionados barrios marítimos. Prolongar la angustia no garantiza que se enerven los ánimos de los afectados. Todo lo contrario, se abona la indignación por entender que los aplazamientos tan solo encubren maniobras lesivas para sus intereses. Cualquiera en su piel no podría pensar otra cosa, tanto más cuando el criterio de las autoridades municipales no ha cambiado un ápice desde que se expuso y promovió este plan.

Llevados de su instinto autodefensivo, los dirigentes de Salvem el Cabanyal han interpuesto, como queda dicho, una querella por la desaparición de un documento que el 20 de julio figuraba en el expediente y un mes después había desaparecido. Al margen de que tal documento fuese o no vinculante, pues lo único vinculante es el informe final que se emita, hay que anotar que, como los mismos querellantes reconocen en una diligencia, el repetido documento carecía de fecha de registro y de firma del autor. O sea, que podía contener la letra de los salmos, pero no dejaba de ser un papel anónimo. Con la agravante de que ningún responsable de la consejería ni el mismo custodio del expediente aseguran tener noticia del mismo.

Queremos decir que poner el énfasis judicial en este episodio no creemos que conduzca a parte alguna. Más práctico sería que el discreto autor del dictamen ratificase su parecer, firmándolo, si tan decisivo se le reputa. Aunque bien mirado no dejaría de ser uno más entre los varios que, de manera contradictoria, se pronuncian acerca de la oportunidad de la prolongación del paseo. Porque suponemos que a los vecinos en lucha no se les oculta que la querellada dirección general, o su titular, está haciendo puras virguerías para que se aplique la Ley de Patrimonio Histórico, tal cual ha hecho con el solar de los jesuitas. En este sentido, está procediendo a agotar todas las posibilidades legales y urbanísticas a fin de que la solución sea la idónea para la ciudad y no se mutile o fuerce la mentada ley que ampara el patrimonio. Salvem, a nuestro entender, ha errado el tiro procesal. Sus adversarios caminan por otras crujías y, además, no disimulan.

Si de algo han servido los sucesos de esta semana en el asunto que nos ocupa es para comprobar que el Ayuntamiento sigue en sus trece y que si los obstáculos con que tropieza se superan mediante informes, habrá tantos como sean necesarios. Mientras se negocian y se recaban de las entidades culturales y personalidades cualificadas, se ha decretado la ley del silencio para todos los implicados en el marco de la Administración y tanto la alcaldesa como el presidente de la Generalitat han escenificado su colaboración en el empeño, esto es, en llevar adelante la prolongación. Si alguien está en una encrucijada es la directora general sobre la que disparan desde los flancos. Que Dios se apiade de ella y de cuantos dictaminaron negativamente ese plan, que personalmente siempre se me antojó tímido.