La Fiscalía descarta acusar al alcalde de Markina de colaborar con ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional descarta acusar al alcalde de Markina (Vizcaya), Ángel Kareaga, del PNV, de un delito de colaboración con banda armada por haber cedido las dependencias municipales para instalar la capilla ardiente de Patxi Rementeria, jefe del comando Vizcaya, muerto el 7 de agosto junto con otros tres etarras al estallar la bomba que transportaban. La Fiscalía estudia remitir el caso a sus colegas de Bilbao para que valoren si ese exceso en las competencias puede constituir delito de prevaricación.

Kareaga compareció ayer por la mañana acompañado de un abogado ante el fiscal jefe y el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño y Jesús Santos, respectivamente, que tramitan unas diligencias informativas para esclarecer lo sucedido en el pleno del Ayuntamiento de Markina del 16 de agosto pasado.En esa sesión, según explicó Kareaga, sólo se autorizó, a instancia de la familia de Patxi Rementeria, a que se instalase en el salón de plenos del Ayuntamiento la capilla ardiente del etarra, pero se rechazó por seis votos contra cuatro las otras dos propuestas de EH que solicitaban que se nombrase al etarra hijo predilecto y que el consistorio corriera con los gastos del sepelio.

Finalmente un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco impidió la cesión de las dependencias municipales.

No habrá nuevos testigos

La Fiscalía de la Audiencia no va a llamar a declarar a nuevos testigos, pues considera que los hechos están suficientemente claros con la versión ofrecida por el alcalde. Así, los fiscales entienden que no se puede inferir que el alcalde de Markina incurriera en un delito de colaboración con banda armada, ya que su actuación no parece incardinarse como coadyuvante a los fines de ETA.La única pretensión a la que se accedió en el pleno, la cesión de las dependencias municipales para instalar la capilla ardiente, fue una solicitud de la familia del etarra. Y aunque la Fiscalía entiende que ese hecho supone un exceso en sus competencias, es difícil determinar si el alcalde era consciente de ese exceso. Por ello, la Fiscalía estudia como hipótesis más probable el remitir las diligencias a la Fiscalía de Bilbao, por si entendieran que ese exceso constituye delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).

Caso diferente es el de la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Mertxe Etxeberria, de Euskal Herritarrok, citada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional para el próximo 20 de septiembre. La corporación municipal, en ese caso, aprobó con los votos de EH, en una sesión a la que no asistieron los concejales de la oposición, la cesión del salón de plenos del Ayuntamiento para instalar la capilla ardiente del etarra Ekain Ruiz, fallecido igualmente el 7 de agosto, nombrarle hijo predilecto del municipio y sufragar los gastos del sepelio. La Ertzaintza, en cumplimiento de una sentencia que anulaba el acuerdo municipal, tuvo que impedir por la fuerza el 20 de agosto la ocupación de las dependencias municipales mientras se rendía homenaje al etarra.

Por otro lado, Antonio Basagoiti, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, ha pedido a la corporación que informe a la Fiscalía de los actos ocurridos en el cementerio de Derio durante el entierro del etarra Urko Gerrikagoitia.