Córcega: jacobinos, no matéis la paz

Es cosa sabida: los franceses están hartos de los problemas corsos. Lo que no quiere decir que estén hartos de los corsos, pero empezamos a difuminar, quizá demasiado, la diferencia. Es también cosa sabida: la justicia no debe ser débil, ni la policía. Los asesinos deben ser arrestados y castigados, y el Estado ha sido demasiado débil. Dicho esto, yo estoy atónito, y ahora muy alarmado, por muchos comentarios sobre este asunto. A menudo son peligrosos, porque son de naturaleza xenófoba. Los que lo niegan van a crear el pueblo corso por rechazo.¿Cómo es posible imaginar que bastaría un proyecto de acuerdo para llevar de nuevo al buen camino a las varias decenas de asesinos, entre ellos muchos mafiosos, que para mantener su línea de violencia demente están obligados cada vez más a perder el contacto con los troncos principales del "nacionalismo" corso? Desgraciadamente, en este proceso no se trata de parar con un solo acto toda violencia. Eso no está al alcance de nadie. Se trata sólo de acabar con el reclutamiento, pero esto es esencial y algún día se llamará paz. Ya no hace falta que los adolescentes y los jóvenes corsos, en su búsqueda de la dignidad, descubran la historia de su región como la de una opresión.

Yo no tengo ni una gota de sangre corsa, pero no me gustan que me cuenten cuentos, aunque sea en nombre de mi país. Yo, amigos jacobinos, estoy tan orgulloso como vosotros, si no más, porque como eurodiputado valoro más la fuerza y las diferencias con nuestros conciudadanos de Europa o del mundo, los principios que han hecho la República francesa y que aseguran su unidad. Pero los principios de la República pretenden ser liberadores, y no opresivos.

El derecho a resistirse a la opresión es incluso uno de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Porque ha habido opresión y aún quedan muchos restos. Yo estoy a favor de la aplicación de los principios, pero no a costa del olvido total del pasado.

Hay una revolución corsa. No se puede esperar tratarla sin comprenderla. Sin embargo, sería necesario recordar:

- Que cuando Luis XV compró a la República de Génova los derechos de soberanía feudal sobre Córcega, hizo falta una guerra para tomar posesión del nuevo dominio. Francia perdió más hombres que en la guerra de Argelia.

- Que Córcega ha sido "gobierno militar" hasta entrado el siglo XIX, con lo que implica en términos de legalidad republicana.

- Que durante la guerra de 1914-1918 se movilizó en Córcega, cosa que nadie se atrevió a hacer jamás en el continente, hasta a los padres de seis hijos.

- Que de hecho, aun en 1919, no había prácticamente hombres válidos en Córcega para retomar las explotaciones agrarias. Los muy jóvenes no tuvieron tiempo de que se les transmitiera la forma de hacerlo. Así, fueron empleados de correos y de aduanas.

- Que fue, pues, en ese momento cuando Córcega se convirtió en una economía asistida, lo que no era antes. La aparición de la "pereza corsa" en las bromas, las canciones y el folclore, datan de entonces. Antes no hay rastro.

- Que, por otra parte, el derecho sucesorio tradicional corso era muy diferente al código civil. Así los "metropolitanizados", corsos o no corsos, se apropiaron injustamente de tierras ancestrales. Es también la razón principal por la que muchos agricultores corsos no tienen títulos de propiedad que les permitan obtener un crédito.

- Que, del mismo modo, el código civil no prevé, e incluso prohíbe, la propiedad colectiva. Ahora bien, toda la ganadería corsa se hacía en los pastos colectivos.

- Que la matanza de Aleria, el 21 y 22 de agosto de 1975, se sintió como el fin de toda esperanza de una mejora debida a las discusiones con el Gobierno de la República y dio la señal para recurrir a la violencia, porque todos los corsos entendieron muy bien que en Francia nunca se habría podido dar una respuesta semejante a una ocupación de tierras.

- Que, por otra parte, 13 años antes Córcega había recibido del Gobierno francés otra señal peligrosa. Después de los incidentes ocurridos ya a finales de los años cincuenta, el Gobierno creó la Sociedad de revalorización de Córcega, Somivac. Ésta estaba encargada de volver a comprar las tierras disponibles, de concentrarlas, de trazar caminos, de llevar el riego en ciertos casos, y después venderlas a los campesinos corsos. Los 400 primeros lotes estuvieron preparados para la venta en 1962. De París llegó la orden de reservar el 90% para los pieds- noirs que volvían de Argelia. ¡El 90%, no el 15% o el 50%! Este porcentaje era una incitación a la guerra civil.

- Que se hizo, en 1984, un descubrimiento extraño. El presidente Giscard D'Estaing, hacia 1976 o 1977, tomó la sabia decisión de garantizar a Córcega la "continuidad territorial"; es decir, el Estado se hacía cargo de todo coste adicional de transporte ligado a su insularidad. Siete u ocho años más tarde -¿es estupidez, falta de valor o concusión?- la administración había asegurado la continuidad territorial para los transportes de personas y para los transportes de mercancías de Francia a Córcega, ¡pero no viceversa! Las naranjas corsas seguían llegando a Marsella con gastos de transporte más elevados que las que venían de Israel. Para los vinos y la charcutería supuso la muerte económica.

- Y que Córcega, como Martinica y Guadalupe, sufrió durante décadas un monopolio de pabellón marítimo impuesto por el Estado, con las consecuencias asfixiantes que se adivinan.

Algunos han querido resumir todo este conjunto de hechos económicos en el concepto de colonialismo. Es un debate semántico y sin interés, porque no tiene conclusión. La imbricación profunda de la población corsa en la población francesa, y el gran número de corsos que han servido magníficamente a Francia, como altos funcionarios, oficiales o ministros, niega tal concepto. Basta con saber que una opresión concreta ha debilitado gravemente la economía corsa. Cuando la historia presenta esta cara, hace falta o mucha inconsciencia, o mucha indecencia para no decir a los corsos más que: "Ya os habéis equivocado bastante. Calmaos y respetad las leyes de la República. Entonces os beneficiaréis plenamente de su generosidad". De esta aplicación uniforme y leal, los corsos apenas han visto trazas en su historia.

Desde luego, hay una parte corsa en este lío. Y no es pequeña: violencia, división en clanes, corrupción. Naturalmente, hay que sancionar, y no se ha hecho. Pero también hay que comprender cómo el sistema se vuelve perenne. Aquí, la historia desemboca en la sociología. Es una evidencia mundial que toda sociedad autosuficiente es mucho más resistente a la corrupción que cualquier sociedad asistida. Ahora bien, Córcega lo es, en gran medida, por obra de Francia, desde hace varias décadas. Desde entonces, no es sorprendente que esta potente institución mediterránea, la gran familia, la gens, se haya convertido en el instrumento casi exclusivo de la solidaridad y de la defensa colectiva. Todo empieza, claro está, por la tierra. A falta de una verdadera justicia territorial, la violencia se ha convertido en el instrumento de defensa de los derechos personales, y la ley del silencio, la omertá, en la traducción inevitable de la solidaridad familiar que se ha dividido en clanes. Se ha pasado rápidamente de la tierra al conjunto de las actividades sociales. Además, allí, como por otra parte en Francia, el Estado distribuye subvenciones, ya que entre nosotros, nuestra recaudación fiscal, en lugar de utilizarse esencialmente en el lugar de origen, como en los Estados federales, sube al centro antes de volver a bajar para dar testimonio de la generosidad de la República. En un universo cultural donde la legalidad y la equidad eran tan poco aparentes, casi no sorprende que los clanes se hayan organizado, violencia y ley del silencio incluidas, para controlar a cualquier precio los procesos electorales y los flujos financieros.

Éste es el lío del que ahora hay que salir. Las tres cuartas partes de los corsos, que ya están hartos de violencia, se apoyan desesperadamente en el Estado central, a pesar de su gran impericia. El último cuarto, que se definió autonomista -como hoy nacionalista- no ha renunciado a ver por fin tratadas correctamente las pesadas peculiaridades de la situación corsa. Está dispuesto a buscar soluciones negociadas, y lo dice, así como a renunciar a la violencia. Por esto, algunos cientos de desesperados les han abandonado para hundirse en la violencia pura. Ya no obedecen a su mandato. ¿Cómo culpar a los representantes elegidos de los movimientos?

¿Cómo abordar esta necesidad de Córcega de tener una parte mayor en el control de sus asuntos para dirigirlos en función de sus características? El hecho de que se haya podido evocar en el proyecto gubernamental de las "atribuciones legislativas" es suficiente para que estalle. A este respecto se plantean tres preguntas.

La primera: ¿realmente se ha leído el texto? El proyecto dispone que: "El Parlamento podría así autorizar a la Asamblea territorial de Córcega a adoptar, por sus deliberaciones en ciertos ámbitos precisamente determinados y en el respeto de los principios que se fijen, disposiciones legislativas ya en vigor o en curso de examen. Las deliberaciones adoptadas por la Asamblea de Córcega en estas condiciones serán, a reserva del ejercicio de votos de recurso ante la jurisdicción administrativa, ejecutorias. De valor reglamentario, éstas..." He aquí un "poder legislativo corso" enmarcado en el poder legislativo nacional. ¿Y se teme realmente que el Consejo de Estado o los tribunales administrativos no dejen que se desmantele el Estado?

Segunda cuestión: ¿realmente se ha leído la Constitución? Nuestra ley fundamental, en su sabiduría, y sobre todo por su artículo 34, ratifica el problema y trata la existencia de una vasta zona geográfica entre la majestuosidad y la generalidad de la ley, y las contingencias del reglamento. Lo sé por experiencia: para un gobierno que desea que se tome una medida importante, la elección entre la ley y el decreto rara vez es evidente. Existe incluso en la Constitución un procedimiento que permite al Consejo constitucional denunciar el carácter legislativo de tal texto para remitir uno u otro al reglamento. ¿Por qué no iba a aplicarse a los asuntos corsos, con algunas grandes excepciones? Los argumentos de la actuación constitucional casi no rigen. El único argumento constitucional de peso es nuestra devoción por la uniformidad. Pero, en ese caso, es la historia la que habla, más que el derecho. Esta es mi elección: más vale una diferencia reconocida que una falsa uniformidad opresiva.

Queda entonces la tercera cuestión. Si, verdaderamente, como aparentan nuestros jacobinos, y como yo mismo pienso, se cree en las virtudes exclusivas de la acción política y de la democracia para asegurar a Córcega un futuro de calma y de expansión, entonces ¿por qué excluir a los mismos corsos? La apuesta que se esboza consiste en pensar que los corsos orgullosos de serlo y que reivindican su identidad, una vez que se han vuelto más netamente responsables, sabrán tratar las dificultades de la existencia de esta identidad mejor de lo que se ha hecho en el pasado. Rechazar esta apuesta es rechazar la democracia en su principio. Negarse a dar una amplia autonomía a la Asamblea de Córcega es, en primer lugar, hacer el cálculo sorprendente de que los nacionalistas podrían ser muy pronto mayoría, algo que todo desmiente, pero sobre todo demostrar claramente que se desconfía de ellos, que no se cree en el aprendizaje de la responsabilidad ni en las virtudes de las reconciliaciones negociadas.

Lionel Jospin ha demostrado un gran valor en este asunto. Sería una pena y sería peligroso que una pusilanimidad republicana de corto alcance impidiera establecer entre Francia y Córcega nuevas relaciones basadas en la confianza mutua. La República saldría con toda seguridad reforzada, mientras que la persistencia de la crisis la debilitaría gravemente.

Michel Rocard ha sido primer ministro de Francia y es diputado europeo. © Le Monde