En libertad los 10 acusados por el crimen de la Villa Olímpica

El juez Adolfo Fernández Oubiña decretó ayer la libertad con fianza de hasta 750.000 pesetas de los 10 jóvenes procesados por la muerte de Carlos Javier Robledo, víctima de una brutal agresión el pasado 1 de abril en la Villa Olímpica de Barcelona. El magistrado justifica el auto por el "retraso en la tramitación de la causa, debido exclusivamente a la dificultad de práctica de pruebas científicas, según consta en reiteradas diligencias reclamándolas". La familia de la víctima, así como el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, donde vivía, han decidido recurrir la decisión judicial.

Fuentes judiciales aseguran que las diligencias a las que se refiere el auto están relacionadas con unas pruebas solicitadas a un laboratorio oficial de Madrid sobre las botas que presuntamente emplearon los acusados para patear a la víctima hasta la muerte a la salida de un establecimiento after hours situado en la zona de la Villa Olímpica. El retraso en la práctica de esas pruebas es el único motivo que el juez alega para decretar la libertad provisional de los 10 procesados. Nueve de ellos con una fianza de 750.000 pesetas, y el décimo sólo con 250.000. Los 10 acusados, que permanecían en prisión desde mediados del pasado mes de abril, también deberán comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y siempre que sean citados. El bufete de la abogada Cinta Caminals, que representa a la familia de Carlos Javier Robledo, anunció la "inmediata" presentación de un recurso. Los abogados de la familia de la víctima se han quejado de la puesta en libertad de los acusados "tan sólo cuatro meses después de los hechos y mediante un auto huérfano de razonamientos" y anunciaron su intención de entrevistarse con Manuela de Madre, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, ciudad en la que residía el fallecido y cuyo Ayuntamiento se personó como acusación particular en el caso, para que reaccione ante la decisión judicial. La propia alcaldesa anunció durante los actos de apertura de la fiesta mayor de Santa Coloma que el consistorio que preside recurrirá la decisión judicial.

Los abogados defensores de los procesados iniciaron ayer mismo los trámites para conseguir la fianza solicitada, que es mucho más asequible que la de responsabilidad civil de 200 millones que les fue impuesta por el propio Oubiña y que fue rebajada por la Audiencia de Barcelona a 75 millones. La decisión del juez choca con el propio auto de procesamiento en el que Oubiña aseguraba con clara contundencia que los acusados eran un "peligro concreto para la vida de cualquier ciudadano".