"El pacto por la justicia depende del dinero"

Para Carmen Hermosín, secretaria general del PSOE de Sevilla y consejera de Justicia, el liderazgo de Manuel Chaves en Andalucía es incuestionable. Es más, considera que debe optar a la reelección como secretario general de los socialistas andaluces. No obstante, añade que Chaves debe promover una renovación en la dirección regional, incluso, "generacional". Pregunta. ¿Qué conclusiones sacó del Congreso Federal del PSOE?

Respuesta. La conclusión más importante fue la madurez que demostró este partido. No es habitual que una organización política vaya a un congreso sin tener nada hablado, sino con todo absolutamente abierto y que los delegados del congreso tengan la capacidad y la madurez de dar una solución, quizá la mejor que el partido podía tener. A expensas, incluso, de que yo apoyé a un candidato que no ha salido. José Bono tenía unas posibilidades, pero el secretario general que tenemos actualmente [José Luis Rodríguez Zapatero] es, probablemente, la mejor solución. Nadie podía imaginar que el congreso se iba a cerrar de una manera tan inteligente y positiva.

P. ¿No están saliendo a posteriori demasiados zapateristas?

R. Nadie se debe autoengañar. Zapatero, por quienes le han apoyado desde el principio y por quienes le vamos a apoyar sin ningún tipo de reserva a partir de ahora, está en unas condiciones de legitimidad en el partido como no había estado nadie antes en tiempo, salvando el liderazgo de Felipe González. Tras las vicisitudes que ha vivido el PSOE en los últimos años, Zapatero tiene una gran legitimidad democrática que se puede traducir en una gran autoridad dentro del partido. Va a tener el apoyo de todo el mundo, incluidos los más radicales guerristas que han podido ser los más lejanos a esa opción. Nadie se puede arrogar la etiqueta de zapaterista para intentar cualquier tipo de estrategia dentro del partido. Estoy convencida de que a Zapatero lo va a apoyar todo el partido, y lo dice alguien que votó a otro candidato.

P. ¿Cree que con Zapatero el PSOE ha dado ese salto generacional que, probablemente, no representaban Borrell o Almunia?

R. Posiblemente sí. Yo creía que Bono tenía una entidad política más fuerte, más probada, pero lo que hemos hecho con Zapatero ha sido un relevo generacional que no habíamos sido capaces de hacer antes. Es una forma de abrir el partido a otra gente, pero no es un modelo que haya que transplantar de forma mecánica, aunque no cabe duda de que es un modelo que el partido tiene que asumir.

P. ¿Cómo se tiene que producir ese traslado a Andalucía?

R. Insisto, no tiene que haber un traspaso mecánico, porque la elección de Zapatero se ha producido con unas circunstancias determinadas en el PSOE, tras unos resultados electorales que conocemos y tras un desgaste por la falta de liderazgo en los últimos tres o cuatro años que no tiene nada que ver con la situación en Andalucía. Aquí no ha habido esa falta de liderazgo, ni debacle electoral ni vacío de poder. Sería un poco suicida pensar que todo aquel que tiene más de 40 años o ha pasado ya por algún congreso, hay que ponerlo en la calle. En cualquier caso, eso no quiere decir que no tenga que haber algún aire nuevo, algunos movimientos y abrir puertas y ventanas para que entre otro tipo de personas, más jóvenes o que han tenido menos oportunidad de estar en funciones de dirección. Hay que tratar de mantener lo bueno que tenemos en Andalucía, pero al mismo tiempo hay que abrir los caminos de la renovación. No con porcentajes, por supuesto.

P. El consejero de la Presidencia y secretario del PSOE de Jaén, Gaspar Zarrías, ha cifrado la renovación en un 20%.

R. Eso es una forma de hablar coloquial, que quiere decir lo que estoy exponiendo. Es decir, que hay que tener en cuenta la realidad del partido en Andalucía y lo que ha ocurrido a nivel federal. Es verdad que no hay que estar ajenos al ansia de militantes y delegados que acudirán al congreso regional de renovar y regenerar la dirección del partido. Hay que estar muy atento a eso y saber por dónde van las bases y los militantes para dar una respuesta a esas inquietudes.

P. Ahí será importante cómo y quién tutela ese proceso.

R. En Andalucía, la mayoría del partido, de los afiliados y de los simpatizantes apoyarían la continuidad de Manuel Chaves. Y que sea él, y no otros, quien esté el frente de la apertura y la renovación del partido. Chaves se ha ganado la legitimidad y ha demostrado su hacer en Andalucia en unas circunstancias muy difíciles para el PSOE; ha sabido conducir la organización de manera que al final haya habido un congreso con transparencia y con igualdad de oportunidades para todo el mundo, con una democracia interna que no se había visto desde hacía mucho tiempo y, desde luego, en ningún otro partido. El presidente de la Junta tiene gran autoridad y afecto en el partido en Andalucía y a nivel federal y estaríamos fuera de nuestras casillas si alguien pusiera en cuestión su liderazgo. Debe ser él quien dirija, oriente y protagonice la renovación que necesita el PSOE en Andalucía.

P. Entonces apuesta por la continuidad de Chaves como secretario general en Andalucía.

R. Sí, no veo ninguna necesidad política, personal o social para cambiar ese liderazgo.

P. Las voces críticas del PSOE andaluz también salvan a Chaves de...

R. Esto es muy bueno porque significa que hay un liderazgo fuerte, no tanto porque Chaves tenga el carisma de Felipe González, sino porque se ha consolidado por su buen hacer político, orgánico y electoral. Estaríamos locos si empezáramos a dilapidar este haber que tiene el partido en Andalucía. A partir de ahí ¿qué hacer? Creo que Chaves debe liderar una apertura, una renovación e, incluso, un cambio generacional, que, no obstante, ya se ha venido haciendo. En la ejecutiva regional hay gente bastante joven y, en cualquier caso, ya he dicho que no soy partidaria de que la gente que tenga 40 ó 50 años haya que jubilarla porque sería un despilfarro político.

P. Pero sin el referente de Chaves parece que las tensiones internas serían mayores.

R. Probablemente, pero es que los liderazgos también sirven para aglutinar, para compactar a los grupos, y cuando falta ese liderazgo puede haber más divisiones.

P. ¿No ve ningún problema en que Chaves sea presidente del PSOE federal y secretario general en Andalucía?

R. Problema, en sí mismo, no lo tiene. Es cierto que no hay antecedentes y que no es tradición. En nuestro partido el presidente siempre ha tenido una representación muy honorífica, pero cada persona imprime al cargo unas caracteríticas diferentes. Cada etapa tiene su peculiaridad y desde luego no hay ninguna incompatibilidad que impida simultanear ambos cargos.

P. Algunos compañeros de su partido han coincidido en la necesidad de ampliar el núcleo de toma de decisiones en Andalucía.

R. Vamos a ver, me parece bien, pero creo que es necesario que sea Manuel Chaves quien tenga esa capacidad de abrir ese núcleo de dirección. No obstante, no hay que confundir. Cuando se hace esa crítica a veces se está tratando de esconder las limitaciones de cada uno. Y me pongo yo por delante. Yo podría hacer la misma crítica: 'Aquí hay tres o cuatro personas que están siempre en la toma de decisiones' y eso no le gusta a nadie. Pero también hay que reconocer el trabajo, la capacidad y la dedicación que tienen unas personas y que a lo mejor no la tienen otras. Dicho esto, es cierto que se puede reflejar una cierta concentración en pocas personas, a veces porque la rutina diaria hace más fácil consultar con tres que con 30, pero hay que consultar con 30, o al menos con ocho o con 16, pero mejor que con tres.

Pregunta. ¿Cómo avanza el pacto de Estado por la justicia?

Respuesta. Desde el primer momento, he visto un talante mejor respecto a la legislatura anterior. Mi deseo es que la respuesta que recibamos de Madrid sea positiva, porque hay un principio en la Administración que es el de cooperar e, incluso, colaborar. Yo he planteado en el Ministerio de Justicia que si queremos hablar en serio de un pacto de Estado tenemos que hablar necesariamente de más medios económicos para las comunidades.

P. ¿Más que antes?

R. Estaba bien en lo que se transfirió, pero esto sigue creciendo y vienen leyes nuevas, que son estatales, y que tiene que aplicar la comunidad autónoma. Yo he planteado al Ministerio que hagamos un convenio de colaboración para afrontar un plan de infraestructuras, en el que tengo pocas posibilidades presupuestarias para hacerlo en solitario. No quiero ser pesimista y quiero dar un margen de tiempo.

P. ¿Hasta cuándo?

R. Cuando se empiecen a discutir los Presupuestos Generales del Estado. Hasta el momento no hemos pasado de las buenas palabras a hechos concretos.

P. ¿Sigue pensando que es mejor no posponer la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor?

R. Yo lo que digo y mantengo es que un aplazamiento de la ley sólo llevaría a un aplazamiento del problema pero no a una solución. Soy un poco pesimista, nosotros no hemos tenido nunca una competencia penal, por lo que es casi una competencia nueva. Muchos chicos de entre 16 y 18 años saldrán de prisión cuando se les aplique la ley. Cuando lo hagan deberían de salir también del Estado los recursos económicos o la ley será una carga tremenda para la comunidad autónoma.

P. ¿Cómo se coordinarán las consejerías de Justicia, Gobernación y Asuntos Sociales?

R. De momento hay una especie de comisión de contacto entre Asuntos Sociales y Justicia, pero cada competencia está claramente establecida y no debería haber ningún problema. Eso no quita que se pueda pensar en el futuro crear un órgano o dirección general estrictamente encargado de la justicia juvenil, pero eso está en indicios únicamente.

P. ¿Cuánto costará la ley?

R. Lo más gordo es el tema de Asuntos Sociales. Ellos tienen un estudio que lo cifra entre 12.000 y 14.000 millones, en varios años. En Justicia, las cantidades son mucho menores, unos 600 millones.

P. ¿Está previsto que haya más dinero para los abogados del turno de oficio?

R. Se prevé un pequeño aumento económico para los abogados, pero siempre desde la contención, porque quizá lo que habrá que ser es más rígidos a la hora de determinar a quién le corresponde la justicia gratuita.