La Audiencia Nacional deja libres a nueve de los 12 detenidos en la redada de la Ertzaintza contra ETA

La operación desarrollada desde el pasado sábado por la Ertzaintza contra supuestos colaboradores de ETA se desinfló ayer en la Audiencia Nacional. El juez Guillermo Ruiz-Polanco dejó en libertad sin fianza y sin cargos a seis de las siete personas detenidas en Vizcaya y Guipúzcoa el lunes -para la séptima, enferma, dictó prisión a la espera de que pueda comparecer ante él- tras tomarles declaración durante apenas dos horas. A su vez, el magistrado Juan del Olmo dejó libres con fianzas mínimas a otros tres detenidos en Vitoria contra quienes había decretado el martes prisión incondicional.

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La Ertzaintza puso ayer a disposición del magistrado Guillermo Ruiz-Polanco a seis de los siete detenidos en Vizcaya y Guipúzcoa: María Magdalena San Juan Llaneza, Alberto Pascual Díez, Ibon Beloki Ortuzar, Agustín Villanueva Soriano, Iker Garitaonaindia Ansuategi y Fernando Elorriaga Heras. La séptima arrestada, Montserrat Simón Cebrián, permanece hospitalizada con una dolencia estomacal en un hospital bilbaíno.La mayoría de sus nombres figuraban en una agenda que llevaba Patxi Rementeria, jefe del comando Vizcaya, cuando falleció el día 7 en Bilbao al estallar el coche en el que transportaba explosivos junto a otros tres etarras. Pero apenas estuvieron dos horas en la Audiencia. Ruiz-Polanco les dejó libres sin cargos al no encontrar en ellos ningún indicio de relación con ETA, según fuentes judiciales. Todos ellos, que declararon incomunicados y asistidos por abogados de oficio, negaron cualquier ligazón con ella.

Uno, Elorriaga, era la persona a cuyo nombre figuraba el DNI que Rementeria llevaba con su foto pegada en él en el momento de morir. El documento fue hallado por la Ertzaintza cerca del lugar de la explosión de su vehículo. Elorriaga fue detenido en su domicilio pese a que había denunciado la sustracción del carné.

A su salida de la Audiencia, los ya libres y sus familiares y amigos mantuvieron enfrentamientos verbales con un grupo de ultras.

A su vez, el juez Juan del Olmo dejó en libertad bajo fianzas mínimas a los tres detenidos en Vitoria, el sábado, en una redada contra el comando Araba.

Del Olmo había decretado el martes contra todos -Zuriñe Lebrero, Esther Llorens y David Cuña- prisión incondicional e incomunicada, pero ayer varió su situación, a petición de la Fiscalía, al considerarse tangencial su relación con ETA y tener en cuenta sus circunstancias familiares, el arraigo social, sus edades -entre los 18 y los 23 años- y la desaparición del riesgo de fuga.

Así, los tres abandonaron por la tarde las cárceles madrileñas en las que estaban tras pagar sus familias las fianzas: 500.000 pesetas en el caso de las mujeres y 200.000 en el de Cuña.

Por contra, Del Olmo dictó prisión incondicional y comunicada para Mikel del Hoyo y Fernando Sáenz de Urturi, arrestados el martes en Vitoria.

Fuentes jurídicas indicaron que el primero admitió que prestó su coche a Roberto Lebrero, hermano de Zuriñe y uno de los tres presuntos miembros del comando Araba huido, y el segundo que hizo de intermediario.

El juez les acusa de colaboración con banda armada, pero ambos negaron su vinculación a ETA y aseguraron que desconocían la relación de Lebrero con la banda.

En esta operación, la Ertzaintza se incautó en Vitoria de casi 30 kilos de dinamita, cinco bombas lapa, otras tantas granadas y diverso material.

Mientras tanto, el Ministerio francés del Interior ha dado instrucciones a sus diferentes servicios policiales para que se refuercen las medidas de seguridad de los depósitos de explosivos situados en los departamentos del sur del país, informa la agencia Vasco Press.Esta medida llega después de que miembros de ETA asaltaran este verano dos depósitos en los que se apoderaron de casi 65 kilos de un explosivo tipo goma F-16, de gran potencia.

Por otra parte, fuentes del Departamento vasco de Interior confirmaron ayer que los tres artefactos colocados el jueves en otras tantas empresas de San Sebastián y Lazkao (Guipúzcoa) contenían cada uno kilo y medio de dinamita.

Esto avala la idea de que su autoría corresponde a ETA, que trataría de amedrentar a los industriales para que le paguen el impuesto revolucionario.