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Quemar los bosques, un delito casi impune

Ecologistas, juristas y responsables políticos admiten la escasez de condenas por incendios forestales. Muchos casos quedan sin aclarar

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Antes no ardían tanto

Obsesión por el fuego

Un bidón de gasolina, una cerilla, y cientos de hectáreas de bosque calcinadas en pocas horas. A pesar de las campañas del Ministerio de Medio Ambiente y de los ecologistas para concienciar a la población, este año se han vuelto a repetir las escenas de todos los veranos en los bosques españoles.Aunque muchas veces hay sospechas fundadas sobre quién o quiénes han sido los autores de este tipo de delitos, sólo una minoría de los responsables de los incendios forestales son condenados, según coinciden juristas, ecologistas y políticos. Además, creen que la extrema dificultad de probar la autoría de un incendio hace que exista cierta impunidad. Tanto políticos como varias ONG denuncian que la falta de conocimiento de los jueces sobre estos hechos y la reducida cantidad de expertos que les asesoren hace que en muchas ocasiones los casos se archiven.

En el primer semestre de este año, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha logrado esclarecer 306 incendios de los 1.198 que ha investigado, pero el número de detenciones de sospechosos se reduce hasta 78. "Sólo se identifica entre un 5% y 7% de los causantes de los incendios intencionados", denuncian desde la ONG Ecologistas en Acción, "pero sólo una minoría de ellos son penalizados". Aunque no existen datos nacionales sobre las condenas por los delitos de incendios, cifras como las de Málaga permiten hacer una composición de lugar: en los últimos tres años se han producido más de 80 detenciones de incendiarios, pero sólo tres han sido condenados.

El caso del pueblo onubense de Almonaster la Real es paradigmático. Ha sufrido quemas intencionadas de bosques municipales durante toda la década para abaratar la madera y, sin embargo, nunca se ha encausado a nadie. "En los pueblos es muy difícil que la gente delate a un vecino", explican desde Ecologistas en Acción. Pero este problema es común a toda España. En Cataluña, los Mossos de Esquadra sólo detuvieron en los primeros seis meses del año a una persona sospechosa de incendiar el bosque. Los agentes rurales, en colaboración con Seprona, a dos, una de las cuales era un menor. En Galicia, donde la región de Valdeorras ha sido devastada en los últimos días, la Consejería de Medio Ambiente denuncia casos similares: "Hace dos años tuvimos pruebas claras de que un chico de un pueblo había quemado el monte, pero todos los vecinos se levantaron en contra de la autoridad diciendo que era muy buena persona y que era imposible que hubiese sido él, incluso recogieron firmas a su favor".

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El Código Penal fija penas de entre uno y cinco años de cárcel para los incendiarios, pero las elevan a entre 10 y 20 años si se ha puesto en peligro la vida de las personas. El problema radica en la aplicación de este precepto porque, según denuncia Cristina Narbona, responsable del área de medio ambiente del PSOE, "los jueces tienen una conciencia ecologista bastante baja". La ONG Greenpeace va más allá: asegura que la falta de fiscalías específicas de medio ambiente en muchas comunidades (Galicia, una de las zonas más conflictivas cada año, carece de ella) y de peritos que puedan asesorar al juez subyacen a la escasez de sentencias. "Como consecuencia de esa falta de medios hay sensación de impunidad, de que no pasa nada si se quema el bosque", afirman.

Cuando se logra encausar a alguien, los fiscales chocan con la dificultad de probar la autoría. Sólo cuando se trata de un enfermo mental resulta sencillo demostrar su responsabilidad mediante informes médicos que prueben su manía obsesiva por el fuego. Es el caso de un pastor de Mijas (Málaga) que se confesó autor de decenas de incendios en los montes de su localidad en los últimos veinte años por el simple placer de ver actuar a los dispositivos de la lucha contra el fuego. Ahora cumple una condena de doce años de prisión, pero es una excepción.La mayoría de las veces resulta casi imposible demostrar que una persona ha provocado un incendio. "Es muy difícil capturar a los autores. A veces no se les juzga porque no hay pruebas suficientes y el caso se termina archivando", reconoce Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Granada. Los jueces necesitan un testigo que haya visto cómo se producía el incendio para argumentar su sentencia, "y eso es prácticamente imposible", dicen en la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. "Los que prenden el fuego se amparan en la oscuridad de la noche, en el conocimiento del monte, donde no les pueden ver", concluyen.

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