El decano de los abogados de Barcelona propone que el defendido pague parte del turno de oficio
El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas, planteó ayer la posibilidad de que el cliente que es atendido por un abogado de oficio pague en determinadas situaciones una parte de los honorarios del letrado, que ahora costea íntegramente el erario público, si la Administración no incrementa de manera sustancial las actuales retribuciones que perciben estos profesionales. La propuesta, que haría necesaria una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de 1996, fue definida como "un retroceso" por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugeni Gay.
Alonso-Cuevillas, el más joven de los decanos de los colegios de abogados de España, accedió al cargo en junio de 1997 con un programa innovador y muchas promesas. Una de ellas era incrementar de manera sustancial las retribuciones de los abogados del turno de oficio, que en Cataluña dependen del Departamento de Justicia. Parte de lo prometido se ha cumplido y actualmente la Administración autonómica paga puntualmente esos honorarios al Colegio de Abogados de Barcelona, que también ha dejado de asumir la gestión del servicio.En estos tres años, los abogados del turno de oficio de la capital catalana también han visto aumentados sus ingresos. Si hace tres años estas retribuciones suponían el 18% de las tarifas orientativas que marca el Colegio de Barcelona, actualmente están situadas en el 27%. Sin embargo, el decano considera que esas retribuciones son insuficientes y que lo deseable es llegar al 80% de las cifras orientativas, pues si el cliente contrata al mismo abogado a título privado, los honorarios pueden ser, de media, cuatro o cinco veces superiores al coste del turno de oficio.
Por ese motivo, la junta que preside Alonso-Cuevillas se planteará a partir de septiembre medidas de presión y contactos con todos los grupos políticos para lograr un incremento de la partida en los presupuestos de la Generalitat para el año 2001 aprovechando la frágil mayoría de CiU en el Parlament. Si esa iniciativa fracasa, el decano de los abogados barceloneses considera que deberían buscarse otras formas para retribuir mejor a los abogados de oficio. Una de esas posibilidades sería ser que, al igual que pretende hacer el Gobierno con el coste de los medicamentos, algunos usuarios pagasen parte del turno de oficio.
Este año la Generalitat ha destinado 2.756 millones de pesetas a abonar los honorarios de los casi 4.000 abogados inscritos en Cataluña en el turno de oficio, de un total de 25.300 colegiados. La consejera de Justicia, Núria de Gispert, anunció el pasado mes de julio que las reivindicaciones le parecían excesivas y que para atenderlas se deberían prever 5.000 millones más en los prespuestos de la Generalitat. Sin embargo, el Colegio de Abogados recuerda que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se comprometió hace un año en Tarragona, durante el acto de apertura del Segundo Congreso de la Abogacía Catalana, a incrementar considerablemente esa partida.
Eugeni Gay, presidente del Consejo General de la Abogacía y antecesor de Alonso-Cuevillas en el decanato de Barcelona, rechazó ayer esa propuesta. "Sería un retroceso que los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita tuvieran que pagar parte de los honorarios del abogado de oficio", señaló. En su opinión, esos ciudadanos "no pueden ni deben sufragar el turno de oficio, y menos en un Estado social y de derecho como el nuestro", informa Bonifacio de la Cuadra.
En igual sentido se expresó el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, que negó que quienes perciben menos de 142.000 pesetas al mes -el doble del salario mínimo que exige la ley para acogerse a la justicia gratuita- "puedan compartir la carga del pago de los honorarios de los letrados".
Los abogados de oficio cobran hasta cinco veces menos que si atienden a un cliente a título particular
La tabla de retribuciones en vigor aprobada por la Generalitat valora en 25.000 pesetas brutas los honorarios de un abogado de oficio por el trabajo realizado durante la instrucción de una causa y en idéntica cantidad la celebración de un juicio. Si se trata de un procedimiento de separación, sea o no de mutuo acuerdo, la cifra es de 40.000 pesetas, a la que se han de sumar otras 15.000 por el trabajo realizado en el proceso de adopción de medidas provisionales. En Cataluña, al igual que en Madrid, la asistencia al detenido en una guardia se paga con 19.000 pesetas.De esas cifras se ha de descontar el 18% en concepto de retención del impuesto de la renta, con lo que las retribuciones quedan todavía más reducidas y resultan ínfimas se si comparan con el precio que puede llegar a cobrar ese mismo abogado por realizar la misma tarea si el cliente reclama sus servicios a título individual. Como media puede afirmarse que en este último caso el letrado cobra hasta cinco y seis veces más que si actúa de oficio, tomando como referencia las minutas de un despacho que no tenga renombre, pues en caso contrario las cifras se disparan enormemente y no pueden tomarse como referencia.
A modo ilustrativo, sirva de ejemplo los más de 10 millones de minuta que pasó un conocido abogado penalista por atender a un ex cargo público durante el proceso de instrucción y juicio, que, además, acabó en condena.
Al margen de las discrepancias sobre la propuesta del decano de Barcelona, los responsables de la abogacía coinciden en que los letrados del turno de oficio están mal pagados y que habría que revisar el actual sistema de retribuciones. La discrepancia se plantea en cómo hacerlo. Eugeni Gay, presidente del Consejo General de la Abogacía, y Luis Martí Mingarro, también coincidieron ayer, además, en impulsar una reforma legal de distinto signo a la de su colega catalán para que los ciudadanos que ingresen más del doble del salario mínimo interprofesional, en lugar de pagar íntegramente al abogado, abonen únicamente parte de los honorarios, y del resto se haga cargo el Estado. Es decir, proponen ampliar por la base y con limitaciones y topes la justicia gratuita.
El malestar expresado por los abogados de Barcelona por el turno de oficio no es, sin embargo, un hecho aislado en el conjunto de España. Los siete colegios de Galicia, por ejemplo, han anunciado que a partir de septiembre pueden paralizar el servicio para lograr mayores retribuciones, una propuesta que también está siendo estudiada en otras ciudades españolas.
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