Cardenal anima a los trabajadores a denunciar los riesgos laborales

El Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, dijo ayer en Torrevieja que la falta de denuncias por parte de los trabajadores sobre la siniestralidad laboral impide a la Fiscalía actuar "con mayor contundencia". Durante su participación en la Universidad del Mar de Torrevieja, Cardenal anunció que desde la Fiscalía se activarán y coordinarán las denuncias sobre riesgos laborales, con fiscales que se dediquen especialmente a ellas y con un registro de las mismas.

Cardenal explicó que las nuevas medidas de la Fiscalía serán similares a las adoptadas ya en los casos de malos tratos. El fiscal lamentó las pocas denuncias sobre riesgos laborales que llegan a la vía judicial, básicamente por el temor de los trabajadores a perder su puesto de trabajo y la existencia de conciertos extrajudiciales entre las partes para resolver el problema. Otro factor que apuntó el Fiscal General como posible causa de la escasez de denuncias es la lentitud de la Justicia frente a otras vías como la administrativa, que "es más rápida y más expeditiva". Mediante la vía administrativa, explicó, el trabajador obtiene una respuesta más inmediata, y la sanción que se le pueda imponer al empresario es mayor que la multa que se le aplica en el juzgado. Aunque matizó que ambas sanciones son compatibles, dijo que "no se debería excluir la vía judicial porque determinadas conductas no son meramente infracciones administrativas, sino que tienen entidad de falta o delito, a las que hay que imponer una pena. En su opinión, "son muy pocos procedimientos penales por accidentes laborales los que han acabado en penas", y explicó que esto ocurre "no porque el empresario reciba un tratamiento judicial distinto al de otro ciudadano, sino porque [las denuncias] no llegan a los juzgados".

Cardenal, que ofreció una conferencia invitado por la Universidad del Mar, informó que entre las reformas solicitadas para el Ministerio Fiscal ya están en marcha la bonificación del Estatuto del Ministerio Fiscal para dar a los fiscales competencias en la instrucción de las causas de los delitos cometidos por menores de entre 14 y 18 años, o, en algunos casos, hasta 21 años. Otra reforma es la dotación para las fiscalías de secretarios judiciales.