El fiscal califica a Gil de "jefe de una familia" en su alegato del 'caso Atlético'

Jesús Gil es para el fiscal Anticorrupción, Carlos Castresana, "el jefe de una familia, de un grupo con una estructura jerárquica", que se repartió distintas funciones para defraudar más de 1.400 millones al Ayuntamiento de Marbella. "¿Dónde acabó este dinero?", se preguntó el fiscal. "Salvo pequeñas cantidades, en el bolsillo de dos de los acusados", los principales propietarios del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Enrique Cerezo. El fiscal considera que toda la trama del caso Atlético "es un castillo de naipes que se cae cuando se quita la carta de Jesús Gil". Castresana advirtió al tribunal de que hay dos casos Atlético. Uno, que se refiere a los 17 presuntos delitos juzgados en esta causa, cometidos en Marbella contra el patrimonio de este Ayuntamiento. Y otro, que se está instruyendo en la Audiencia Nacional, sobre la transformación del club en sociedad anónima. El fiscal intenta evitar que un eventual pronunciamiento en Marbella permita a las defensas argumentar cosa juzgada en la causa abierta en Madrid.

También pidió Carlos Castresana al tribunal que tenga en cuenta lo declarado por los acusados durante la instrucción que llevó a cabo en Marbella el juez Santiago Torres. Todos los imputados se han desdicho durante la vista de sus primeras declaraciones, en lo que el fiscal considera "una puesta en escena coordinada". La falta de imparcialidad de la instrucción ha sido uno de los caballos de batalla de la defensa. Los acusados han dicho que estuvieron "coaccionados, incluso torturados" durante la instrucción. A lo que el fiscal respondió ayer, en su alegato final, que estuvieron acompañados por sus abogados y que todos firmaron sus declaraciones, con lo rechazó el argumento de la indefensión.

El fiscal acusa a Gil de dos delitos de falsedad en documento público, cinco de tráfico de influencias, cinco de prevaricación y cinco de malversación de caudales públicos. Y pide para el alcalde de Marbella 29 años y medio de cárcel, 74 de inhabilitación y 1.700 millones de multa. El asunto central del caso es la presunta falsificación de dos contratos de esponsorización de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid en las temporadas 1991-92 y 1992-93, por un total de 450 millones de pesetas. Estos contratos permitieron, según el fiscal, salvar al club de la quiebra en junio de 1993. Los contratos, de ser auténticos, se hicieron sin expediente ni presupuesto y sin aprobación del pleno y no se tiene noticia de ellos en el Ayuntamiento hasta 1995.

Ayer Castresana usó la prueba pericial presentada por la defensa para establecer que "las tintas de los contratos", de cuya fecha se duda, "son más jóvenes, más nuevas" que las de los contratos de 1991 y 1992 con los que se compararon. Y al final, utilizó un relato popular: "Dicen que una vez Federico de Prusia quiso abusar de una doncella y se interpuso su anciano padre. ¿Acaso no sabes quién soy yo?, le dijo el monarca. Sí, el rey, pero todavía quedan jueces en Alemania, replicó el anciano". El fiscal terminó pidiendo al tribunal que termine "con la sistemática malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en Marbella" del alcalde y sus amigos, para su lucro personal.