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Dos alcaldes denuncian coacciones para liberar el suelo de una autopista de peaje

Vicente G. Olaya

Los alcaldes de Arganda y Perales de Tajuña, municipios que atravesará la futura autopista de peaje R-3, aseguran que un directivo de la empresa Accesos de Madrid, SA, entidad a la que el Ministerio de Fomento concedió la construcción de esta autopista de pago, les amenaza por negarse a firmar las necesarias actas de ocupación de los terrenos. El inicio de las obras de la autopista de peaje acumula ya tres meses de retraso. Los regidores han recibido sendos escritos de la sociedad concesionaria de la obra y de la explotación de la autopista de peaje donde se enumeran varios artículos del Código Penal sobre prevaricación que les serían aplicables a los alcaldes en caso de mantener su actitud. Los regidores califican los hechos de "intolerables" y anuncian que pondrán el caso en manos de sus abogados.El alcalde en funciones de Arganda, Félix Sevilla (PSOE), ha recibido del abogado de la empresa Accesos de Madrid, Gregorio Peláez, un escrito de tres páginas en el que se lee: "En materia de culpabilidad en la prevaricación, sólo es posible la conducta dolosa, la cual concurriría en este caso si el alcalde, teniendo pleno conocimiento de su deber de firmar las actas previas a la ocupación, se negase a la firma de dichas actas". Sevilla aseguró ayer que Peláez ha hablado a sus espaldas con el secretario del Ayuntamiento de Arganda para que éste convenza al alcalde de la necesidad de firmar las actas. "Peláez me llama continuamente presionándome para que firme. Pero no lo voy a hacer, porque yo defiendo a mis vecinos y éstos no quieren firmar, porque consideran que las 420 pesetas por metro cuadrado que les ofrecen no son suficientes. Yo no estoy prevaricando, hago lo que creo que es justo y nadie me puede ordenar lo contrario. El único que me puede dar una orden de ese tipo es el delegado del Gobierno. Si cree que estoy vulnerando la ley, que me lo diga, pero no un señor al que no conozco de nada". Este periódico no logró ayer la versión de Accesos de Madrid ni del Ministerio de Fomento, que no contestó a las preguntas sobre los problemas en la R-3.

Arganda exige a los constructores que paguen 450 pesetas por metro cuadrado a los propietarios afectados

El alcalde de Perales de Tajuña Antonio Montegrifo, del PSOE, recibió también el mismo documento que su hómologo de Arganda, pero a través del fax del Ayuntamiento. "Llegó sin membrete, sin firma y sin nada que identifique a su remitente, pero sospecho que viene de Accesos de Madrid, porque Gregorio Peláez me pidió el día anterior el fax municipal y es el mismo documento que el que ha recibido el alcalde en funciones de Arganda. Pero por muchas leyes y artículos del Código Penal que me enumeren, no pienso ceder". Y continúa: "Los 80 afectados de Perales no firman, y yo soy su alcalde", dice.Lo mismo señala el regidor en funciones de Arganda. "Hemos dado todas las facilidades posibles a Accesos de Madrid para que la gente que lo desee firme. Hasta les hemos abierto un despacho en el Ayuntamiento, pero los vecinos no están conformes con lo que les ofrecen. De los 330 afectados de Arganda, no han firmado ni 60".

Por ello, el alcalde de Arganda envió el pasado día 13 un escrito al director general de Carreteras donde le recuerda que los afectados por las expropiaciones "solicitan que se suspendan los levantamientos de actas por no haberse sometido a información pública el proyecto de trazado y la relación de bienes y derechos". Los propietarios, según el documento municipal, aseguran que la concesionaria pretende expropiar una franja de 180 metros de anchura, cuando "con 60 o 70 sería suficiente".

Por otro lado, el Ayuntamiento hace hincapié en el "profundo malestar" de los propietarios cuando comparan las 450 pesetas por metro cuadrado que fijó el Jurado de Expropiaciones en los terrenos afectados por la autopista de Levante, frente a las 420 pesetas que ofrece la concesionaria "diez años después". Por eso, el Ayuntamiento de Arganda exige que, "en orden a evitar tensiones innecesarias en los levantamientos de actas y en la posterior ocupación de los terrenos, sería deseable que la sociedad concesionaria abonase" como depósito 450 pesetas por metro cuadrado hasta que se llegue a un acuerdo definitivo.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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