El decreto sobre opciones tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero

El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, afirmó ayer que el real decreto por el que se regula la obligación, para los administradores y directivos de sociedades cuyas acciones coticen en Bolsa, de hacer públicas sus operaciones con opciones sobre estas acciones tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado. El real decreto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros.Cabanillas señaló, en relación con Telefónica, que este nuevo sistema no se puede circunscribir al control de las retribuciones que aplica una determinada empresa. A este respecto, indicó que la nueva regulación "es consecuencia de una práctica que se está produciendo en todo el mundo y en distintas compañías; no se puede circunscribir a una de ellas".

El ministro portavoz realizó estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en contestación a una pregunta sobre si en la aprobación del real decreto había influido la aplicación de las opciones sobre acciones por Telefónica en los últimos años.

El real decreto aprobado ayer modifica otro de 15 de marzo de 1991 sobre comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisiciones por éstas de acciones propias.

En concreto, se impone, dentro de las obligaciones especiales de los administradores, la necesidad de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cualquier tipo de operación no sólo con acciones, como ocurría hasta la fecha, sino también con opciones u otros instrumentos referenciados al valor en Bolsa de la sociedad que administren.

Apoyo del PSOE y CiU

Los portavoces del PSOE y CiU en el Congreso de los Diputados valoraron ayer de forma positiva esta nueva regulación. El portavoz del PSOE, Jordi Sevilla, apuntó: "Todo lo que sea ir aplicando normas buenas de gestión en las empresas, y siempre que sean con claridad y transparencia, será positivo".Sevilla precisó, sin embargo, que prefería esperar a conocer el texto con detalle, porque "últimamente el Gobierno está dando demasiadas pruebas de que le gusta interferir en la vida de las empresas".

El portavoz de CiU, Heribert Padrol, expresó su satisfacción por la medida, que ya existe, dijo, en otros países de nuestro entorno. "Todo lo que sea dar publicidad a las retribuciones para los directivos y consejeros que estén en un formato atípico me parece una medida razonable", recalcó.

Para el portavoz de economía de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, estas medidas no acabarán con el descrédito del modelo privatizador del PP. "La excusa del PP con esta modificación legal demuestra un flanco abierto que tienen los populares en relación con los gestores de las empresas privatizadas y su falta de transparencia", precisó.