El CES alerta sobre la falta de cohesión social entre comunidades

El Consejo Económico y Social (CES) presentó ayer un informe sobre unidad de mercado y cohesión social en el que alerta sobre los desequilibrios producidos en España entre distintas comunidades autónomas en materia de trabajo, seguridad social, sanidad, poderes tributarios, medio ambiente, comercio interior o transporte, entre otros sectores. El CES, que apenas incluye en su estudio ejemplos concretos, culpa de estos desequilibrios a la forma en que se ha llevado a cabo la transferencia de competencias a las autonomías, muchas veces sin un marco legal de referencia previo. El informe, presentado en un curso de la Universidad Complutense en El Escorial, concluye que es necesario un gran pacto político que ponga fin al desarrollo del estado autonómico.Un ejemplo de lo que denuncia el CES está en el capítulo dedicado a servicios sociales. De ellos se dice que "no cumplen las exigencias constitucionales de solidaridad interregional y de igualdad de derechos y obligaciones", porque "impiden a los ciudadanos de cualquier parte del territorio nacional el acceso a los mismos beneficios".

En otro capítulo del documento, de cerca de doscientas páginas, se asegura que la dispersión normativa en materia urbanística vulnera la libre competencia, porque impide trabajar a promotoras de diferentes comunidades en igualdad de condiciones en un mismo territorio. La consecuencia que se saca de ello es que "afecta directamente a la accesibilidad de la vivienda y, en definitiva, a la cohesión social".

En materia de sanidad, se dice que España necesita mejorar la coordinación de sus recursos sanitarios, y se recuerda que el sistema de financiación en vigor es ineficaz en el control del gasto, lo que pone en duda "su contribución a la protección sanitaria universal". También se constatan desigualdades en el terreno de la educación, en cuanto al rendimiento de los alumnos, tasas de escolarización, movilidad o retribución del profesorado. De estas desigualdades en educación se dice que amenazan los propósitos igualitarios asegurados por la Constitución, y se asegura que "no sólo no son corregidas, sino a veces agravadas por los procesos de transferencias de servicios a las comunidades autónomas".