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El PP amenaza a CiU con llevar el 'caso Pallerols' al Parlament

El Partido Popular (PP) pretende pasar factura a Convergència i Unió (CiU) por sus infidelidades políticas en la liberalización de los horarios comerciales. Ayer, anunció que intentará forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlament, durante este mes de julio, para debatir dos asuntos espinosos para los nacionalistas: el escándalo de los fondos de formación ocupacional gestionados por el Departamento de Trabajo y las presuntas deficiencias advertidas en el transporte sanitario tras la muerte de tres bañistas en L'Estartit.Pero el desquite de los conservadores puede volverse en contra de ellos. Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds, además de la propia afectada, CiU, ya anunciaron ayer que no piensan secundar la medida. El PSC, aunque no ha tomado una decisión definitiva, dejó entrever que tampoco está por la labor. Todos los grupos consideran una pataleta política la respuesta de los populares.

Para el Partido Popular, sus socios nacionalistas han cometido dos deslealtades: oponerse en el Congreso a las medidas liberalizadoras y aliarse con el resto de partidos de la Cámara para solicitar al Consejo Consultivo un dictamen sobre la presunta inconstitucionalidad de los decretos, previo a la presentación de un recurso ante el alto tribunal. Ayer, precisamente, la Mesa del Parlament aprobó que se dé curso a esta petición.

El PP quiere urgar donde más duele a los nacionalistas de Jordi Pujol. En primer lugar, la presunta financiación irregular de Unió Democràtica a través de los fondos para la formación de parados otorgados por Trabajo, y conocido como caso Pallerols. La actitud del PP parece cuando menos paradójica, porque hace sólo 15 días se opuso en la junta de portavoces a llevar este asunto al pleno de la pasada semana.

La oposición califica de "pataleta" la propuesta del PP

Aunque no fructifique la medida impositiva del PP, el caso Pallerols puede discutirse en el Parlament en las próximas semanas ya que el consejero de Trabajo, Lluís Franco, ha solicitado su comparecencia en la comisión de política social para presentar las conclusiones del informe interno que ha elaborado su departamento sobre las presuntas irregularidades en la concesión de las subvenciones para la formación de parados. En principio, Franco debería tener listo el documento el día 24.Para justificar este cambio de estrategia respecto a CiU, el presidente del PP catalán, Alberto Fernández Díaz, explicó que en los últimos días se han producido diversas "situaciones sobrevenidas", es decir, "actitudes políticas que distorsionan un marco de relaciones". En el pleno también deberían discutirse, según el PP, la polémica sobre el transporte sanitario tras la muerte de tres bañistas en Estartit, la política del Gobierno de Jordi Pujol en materia de apoyo al pequeño y mediano comercio, y la renovación de la Sindicatura de Cuentas. El PP se plantea solicitar también la comparecencia del consejero de Industria, Antoni Subirà.

La convocatoria del pleno extraordinario está en manos del Partit dels Socialistes, ya que el reglamento del Parlament establece que han de presentar la petición al menos tres grupos parlamentarios o una cuarta parte de los diputados.

Tras la negativa anunciada ayer por Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds, además de CiU, la propuesta de los populares tan sólo puede salir adelante con el apoyo del PSC. Ayer a última hora de la tarde los socialistas no habían tomado una decisión definitiva, a la espera de que algún dirigente del PP se comunicara con ellos. No obstante, por la mañana, en el Parlament, el líder del PSC-Ciutadans pel Canvi, Pasqual Maragall, adelantó que su grupo rechazaría la propuesta si, como parecía ser, tan sólo se trataba de una pataleta de los conservadores.

El portavoz de los republicanos, Josep Huguet, calificó la actitud del PP de "chiquillada personal de Alberto Fernández". "Si los enamorados tienen líos que se los aclaren en privado, pero que no pretendan utilizar el Parlament como una especie de Gran Hermano", manifestó Huguet en referencia a CiU y el PP. En similares términos se pronunció Joan Boada, portavoz de IC-V, para oponerse a la propuesta. "Contiene ciertas dosis de cinismo", dijo, "querer trasladar al Parlament esta pataleta política". El portavoz del Gobierno catalán, Artur Mas, afirmó que "el PP se equivoca intentándose vengar" de CiU.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Ferández Díaz, intentó quitar hierro a la situación y calificó de "buenas" las relaciones entre el PP y CiU pese a las últimas desavenencias parlamentarias.

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