1.500 profesores exigen al Gobierno el abono transportes gratis todo el año
Casi 1.500 profesores de enseñanza primaria y secundaria de la región, que dependen de la Comunidad de Madrid desde que ésta asumió las competencias de Educación hace un año, han interpuesto un recurso contra la decisión del Gobierno regional de negarles el abono transportes gratuito, un derecho del que gozan ya los 35.000 funcionarios autonómicos y que supone un gasto anual de unos 2.000 millones. Los profesores, algo más de 40.000 en toda la Comunidad, siguen siendo, en cierto sentido, funcionarios del Estado, y no se benefician, por tanto, del acuerdo general sobre condiciones de trabajo de los funcionarios que sindicatos y Gobierno regional firmaron en septiembre de 1999.La Consejería de Educación aprobó el pasado viernes una resolución en la que desestima el recurso presentado por estos 1.500 profesores (que elevaría en otros 2.000 millones el gasto de la Comunidad), alegando precisamente que el paraguas de ese acuerdo general no cubre a los docentes. Educación admite, sin embargo, la posibilidad de "pactar" esa concesión en la mesa sectorial en la que sindicatos y representantes de la consejería están tratando las condiciones de trabajo de los docentes transferidos por el ministerio.
Representantes de CC OO y de UGT, sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública, afirmaron ayer que apoyan la reivindicación de los profesores, y ampliaron esa petición a "todos los beneficios sociales de los que goza el resto del cuerpo funcionarial" (becas, préstamos, servicio de guardería o asistencia sanitaria especializada).
Los sindicatos negocian con Educación más "beneficios sociales" para los docentes
El abono transportes gratuito exigido por 1.500 profesores de primaria y secundaria es sólo uno de los "beneficios sociales" que lleva consigo el rango de funcionario. "Pero no nos conformamos con eso", afirma Francisco García, secretario general de Enseñanza de CC OO Madrid. "Exigiremos condiciones análogas a las del resto de funcionarios. Creemos que la Comunidad será razonable, puesto que ha aceptado discutir este tema en la mesa sectorial, pero, si no lo es, estaremos abocados a un conflicto", añade.CC OO prefiere no especificar en qué beneficios se concretaría la homologación. "Lo importante es que nos den el mismo porcentaje de masa salarial correspondiente a derechos sociales que se da hoy al resto de funcionarios, y luego ya decidirán los profesores lo que quieren hacer con él. A lo mejor quieren el abono transportes, o a lo mejor prefieren destinar ese dinero a otra cosa. Eso ya se vería", afirma.
También José Mata, secretario general de Enseñanza en UGT Madrid, reclama mejores condiciones para los docentes no universitarios, unos "funcionarios sui generis" que nadie sabe si pertenecen al cuerpo funcionarial del Estado o al de la Comunidad. Según un portavoz de la consejería, los 40.000 docentes transferidos por el Gobierno central son "funcionarios regionales, pero con una regulación específica". El acuerdo general sobre condiciones de trabajo del personal funcionario integró en septiembre de 1999 al "personal de administración y servicios" transferido por el ministerio, pero no al personal docente. Por eso los profesores no gozan de los citados derechos en la Comunidad.
La concesión del abono transportes a 40.000 docentes supondría un gasto anual de al menos 2.000 millones de pesetas. La consejería invertirá este año 3.100 millones en reformas y obras de mejora en los colegios.
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