Una reforma pendiente en la Justicia

No deja de ser una preocupación constante de quienes ocupamos cargos en el sistema judicial español, sean mayores o menores, la pérdida de prestigio que merece la justicia española. Miramos, con envidia muchas veces, el reconocimiento que tienen nuestros colegas extranjeros, a quienes el hecho de verse en unos puestos que suponen la asunción de tantas responsabilidades y, por ende, tan criticables, no quitan, en general, la buena opinión, el reconocimiento de su trabajo y de su cualificación, que en sus países reciben.Hemos oído muy recientemente cómo desde la más alta representación del poder judicial, su presidente intentaba elevar el nivel de autoestima de los juristas españoles, diciendo que, aunque le consta que hay muy mala prensa sobre este gremio, desde dentro no se veían las cosas tan mal. Que la Justicia española, pese a lo que piense la gente, tiene un alto nivel de calidad.

Bien está el propósito del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Alabo su intención; no debemos arreglar la situación partiendo desde el complejo. Alguien tenía que decirlo. Pero... No sé realmente si cabe excusarse ante la ciudadanía. La cosa no está para presumir. Y el propio Consejo General del Poder Judicial, en un análisis bastante ecuánime, lo ha dicho desde siempre, y más desde el Libro Blanco de la Justicia de 1997, hasta aquí.

Pero, además, es que si bien al presidente le cumple hacer manifestaciones que reivindican el buen hacer de nuestros jueces (y supongo que también nos incluye a los demás: abogados, procuradores, funcionarios, fiscales y secretarios), a nosotros lo que nos toca, es otra cosa. Lo que hemos de hacer, nuestro imperativo categórico coyuntural, y entiéndase, por favor, el juego de palabras, es trabajar. Y trabajar más y mejor. Cumplir los horarios, cuidar nuestra formación jurídica, prestar atención a la sensibilidad social por determinados temas, utilizar un lenguaje inteligible, aunque no por eso menos técnico, etc. Y, especialmente, ser muy autocríticos, y nunca complacientes. No podemos darnos tregua hasta que este mundo ocupe el lugar de prestigio que le corresponde en un Estado de Derecho.

Quiero retomar esta última idea porque, precisamente, es ahí donde más choca que tengamos problemas. ¿O es que no parece lo más lógico que en un Estado democrático, en el imperio de la ley, sea el Derecho, y su organización, un instrumento eficaz? ¿No es paradójico que en un Estado de Derecho la Justicia funcione mal?

Aquí tendremos que disociar dos ideas. Y no voy a explicar nada, claro, y mucho menos a justificar el deficiente funcionamiento de los juzgados y tribunales españoles. La primera idea es que, en la teoría, hemos conseguido un Estado dotado de instrumentos jurídicos idóneos para preservar el Derecho. En este punto, destaca la defensa de los derechos individuales y las libertades públicas, y un acuerdo generalizado en su aceptación y promoción, excusa hecha del problema del terrorismo en el País Vasco, donde falta esa generalizada aceptación de la democracia como régimen de gobierno de las mayorías. Fuera de ese caso, hemos llegado a ser un Estado democrático, y así se nos reconoce en los organismos internacionales y por los países de Occidente.

La segunda idea es que, hoy por hoy, un Estado democrático debe ser una organización moderna y eficaz, en la que sus leyes no son enunciados nominales, carentes de evidencias prácticas, sino realidades aplicativas. Por ello, sabemos muy bien que las buenas ideas han de ir acompañadas de medios que las lleven a cabo, para que el estusiasmo inicial no quede en nada. Para que la primera hipermotivación del grupo ("hemos de hacer", "hemos de acabar con") no se diluya en el mar de los buenos propósitos.

Y así, venimos observando que en la Justicia española, nuestro sistema se caracteriza por la falta de realizaciones. Y esto se debe, en muy buena parte, a la falta de medios. Con falta de medios materiales y con ausencia de medios políticos (que venimos llamando "voluntad política") no llegaremos muy lejos. Sin dejar de reconocer que, naturalmente, en cada presupuesto anual, tanto el Estado como las comunidades autonómas, ponen dinero, hemos de llegar mucho más lejos. La media de inversión en la Administración de Justicia en España no llega al 1%; es más, está lejos de él, en el 0,7%, aproximadamente, y en los países de la Unión Europea, la media es del 3,4%; algunos países llegan incluso al 6%.

Además, nuestra acertada política antiinflacionista ha llegado a esta Administración, y cuando más falta hace invertir, el presupuesto lo impide. Cuando hacen falta funcionarios, secretarios judiciales, jueces y fiscales; abogados del Estado, tenemos retrasos en la convocatoria de las oposiciones, seguida de una excesiva duración de los curso de formación. O aún peor, cuando las plazas -especialmente del personal auxiliar- quedan vacantes, no hay mucha predisposición a cubrirlas. Así, la famosa política de "un interino, si hay dos vacantes". Y claro, en la mayoría de los casos, hay sólo una vacante y esa no se cubre.

Y lo mismo ocurre con los medios materiales. Por mucho que se diga, todavía dejan que desear. Porque no sólo hay que asear los escaparates, las ciudades importantes, sino cualquier sede judicial. Y hay que informatizarlas de manera más inteligente y menos cicatera. Y lo digo porque, frente a las cifras absolutas que se nos dan, mareantes para el ciudadano que piensa en clave de economía doméstica, si relativizamos y particularizamos la inversión por juzgado, no se hace lo suficiente. Por eso, frente a la excusa, las fotos de archivos judiciales, últimamente objeto de atención de la prensa y la televisión. Que no son montajes, como se ha dicho; si no lo creen, pasen y vean.

Y al final, quizá, tendremos que convenir, con el presidente, que no estamos tan mal. Que esto depende de los políticos. O quizá no, que también depende de nosotros. Por si acaso lo políticos no leen el artículo, más valdrá que nosotros nos pongamos a la faena. Y "si no puedes ser lo que quieres, sé con seriedad lo que debes" (H. Ibsen). Qué remedio.

José Miguel Guillén Soria es secretario judicial y miembro de la Fundación por la Justicia.