El fiscal jefe de Sevilla pide que se retrase un año la ley penal del menor

El fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, se ha sumado a las peticiones que reclaman una prórroga de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, prevista para enero de 2001. Flores considera que ya no queda tiempo para tener a punto los medios materiales y el personal judicial y administrativo previstos en la ley, por lo que, a su juicio, sería imposible cumplir con las garantías constitucionales de todos aquellos a los que se aplique esta norma.

"Lo único que podemos garantizar es el incumplimiento [de la Constitución]", aseguraba ayer con una sorna crítica Flores, mientras presentaba la segunda parte de la memoria fiscal de Sevilla de 1999. Y es que la ley penal del menor deja, por primera vez en España, la instrucción en manos de los fiscales, por lo que Flores quiere que salten todas las alarmas. Por el momento, la consejera de Justicia, Carmen Hermosín, que se reúne hoy con el fiscal jefe, se ha mostrado partidaria de ceñirse a los plazos previstos, tanto en la ley penal del menor como en la de Enjuiciamiento Civil.La citada ley penal del menor se aplicará a los jóvenes comprendidos en la horquilla de edad que va desde los 14 a los 18 años. Además, a discreción del juez instructor, se podrían derivar al área penal de menores los casos de jóvenes de hasta 21 años. La fiscalía sevillana ha calculado que el próximo año se tramitarán alrededor de 4.000 casos relacionados con menores de los que en cerca de 2.500 se llegaría a formalizar acusación.

El fiscal jefe sevillano considera que se necesitarían al menos cuatro jueces (uno de ellos itinerante) en Sevilla para que se comience a aplicar esta ley y entre 15 y 20 fiscales nuevos. Por el momento, son siete los fiscales que van a llegar.

Pero es que esta ley prevé hasta siete tipos diferentes de centros de acogida con mayor o menor grado de restricción de la libertad o inclinados a la reinserción social y tutela. Según Flores, en Sevilla no hay ni uno sólo de estos edificios. También se necesitarán nuevas sedes judiciales, equipos de atención psicotécnica a los menores, secretarios de administración de Justicia, policías (la ley deja estos casos para la autonómica) y funcionarios.

Flores teme que no se puedan asegurar los derechos que la Constitución prevé para cada acusado penalmente y que los fiscales tendrán que actuar alguna vez desde la distancia por fax o incluso por teléfono. A su juicio, una prórroga de una año con un calendario estricto para cumplir con construcciones y oposiciones podría evitar el, a su juicio, desastre que se avecina.