Recortes

Amparado por la mayoría absoluta que lo respalda en ambas Cámaras, el Gobierno de España acaba de adoptar una serie de medidas -el Gobierno las llama liberalizadoras- que chocan frontalmente, en su mayoría, con los intereses del Gobierno autónomo andaluz y con los intereses de los propios andaluces. No me refiero ya al desastre que amenaza a toda la sanidad pública española, tampoco al tejemaneje de las telecomunicaciones, ni siquiera a la situación de escandalosa dejadez en la que yace el Servicio de Correos. Hablo de esa liberalización de horarios comerciales a la que la Junta de Andalucía se ha opuesto tajantemente y tras la que tantos y tan ocultos intereses personales se adivinan.Liberalizando a su real gana e interesado albedrío los horarios comerciales, el Gobierno del PP presidido por José María Aznar parece ignorar que España es un país en el que el predominio de la pequeña y mediana empresa debiera ser mimado con exquisita cautela para no lesionar un sector de la economía del que dependen cientos de miles de personas que tan sólo cuentan con su fuerza de trabajo, así como cientos de miles de propietarios de pequeñas y medianas empresas. Esos dos contingentes, tan importantes para la vida económica española, son vitales en el caso de la economía andaluza, de tal modo que el paro -ya anunciado y cuantificado por las centrales sindicales- que se derivará de la adopción de semejante libertad de horarios va ha cebarse especialmente aquí, en una comunidad autónoma tradicionalmente poco adepta a los intereses del PP y, por ende, objeto de no pocas represalias por parte del Gobierno de Aznar.

La Junta de Andalucía anunció en su momento que no piensa consentir que la liberalización de horarios comerciales se aplique en el territorio de su competencia, anuncio al que inmediatamente contestó airado el delegado del Gobierno en Andalucía, no sé yo aún si porque así se lo imponen las obligaciones derivadas del cargo o si porque así se lo dicta la disciplina de obligado cumplimiento que implica su adscripción a las filas del PP. El caso es que el Gobierno central acaba de aprobar la entrada en vigor de tales medidas, y el caso es que buena parte de la población activa andaluza acaba de vislumbrar un más que oscuro porvenir laboral si tales medidas se aplican en Andalucía. O sea: el caso es que acaba de abrirse otro importante frente entre el Gobierno de España y el Gobierno autónomo andaluz, contienda que se suma a las ya conocidas sobre la llamada deuda histórica y sobre la interpretación partidista y sesgada que del censo de población andaluza realiza el Gobierno del PP desde el mismo día en que formó su primer gabinete.

Lo que me choca de toda esta ola de liberalizaciones es que en nombre de la libertad se acometa el desmantelamiento de tantos puestos de trabajo, aunque, en realidad, más todavía me choca la pasividad con la que los consumidores andaluces vemos cómo se van asentando las bases de un capitalismo muy duro, concebido para abrir una tremenda tronera en todos los bolsillos salvo en los del capital, que verá extraordinariamente multiplicados sus beneficios. ¿Hablamos, entonces, de liberalización, o, mejor, hablamos de recortes de las libertades? De recortes hablamos.